El presidente Gustavo Petro estuvo el fin de semana del 16 y 17 de marzo en Puerto resistencia, el lugar emblemático del estallido social de 2021, el corazón de la heroica resistencia de la juventud y el pueblo de Cali contra el paquetazo anunciado por el anterior gobierno de Iván Duque. Rodeados de los jóvenes que integraron la “Primera línea” el presidente recordó que su gobierno nació de estas luchas y que por ello se mantiene en la primera línea de la lucha por las grandes reformas sociales por las que el país se movilizó en el estallido social y votó copiosamente en las elecciones presidenciales.
Denunció el presidente Gustavo Petro que la oligarquía colombiana no ha aceptado el resultado de las urnas, no quieren renunciar a sus ilegales privilegios producto de la corrupción y que por ello se oponen a las reformas con tretas políticas, saboteo parlamentario y campañas de difamación, situación que paraliza los cambios necesarios por lo que se debería entonces avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente.
Ahí fue Troya.
La oposición ha calificado la idea de la Constituyente como una medida dictatorial y ha llegado a afirmar que lo que Gustavo Petro busca es perpetuarse en el poder. Esto último lo dicen algunos políticos que pertenecen a las castas que han gobernado a Colombia durante dos siglos.
La propuesta de la Constituyente ha despertado la polarización del país. Las derechas se atrincheran en demonizarla y rechazarla, pese a que en anteriores gobiernos han sido muy acuciosos en proponerla. Amplios sectores del pacto Histórico y de las organizaciones populares respaldan la idea de convocar al constituyente primario ante el saboteo parlamentario de las derechas. Y algunas voces progresistas, incluso dentro del propio Pacto Histórico, afirman que hay que insistir en acuerdos muy amplios para sacar las reformas adelante, y algunos analistas consideran que la correlación de fuerzas no es favorable para la convocatoria del espacio superior de la democracia, por cuanto bajo diversas circunstancias requiere de la aprobación con mayoría calificada del congreso de la República, cosa poco probable de conseguir.
Es indudable de que independientemente del tema de las reformas en debate, la renovación democrática de Colombia, la superación del clientelismo, la corrupción y la poco saludable democracia requiere de un proceso constituyente de amplio contenido popular y transformador. Tienen razón quienes argumentan que el palo no está para cucharas, pero la propuesta del presidente Petro tiene la virtud de poner al país a discutir sobre la manera de romper el nudo gordiano que impide avanzar y que quiere mantener al país en las prácticas políticas del viejo país. Es cierto que la actual constitución es relativamente nueva, es de 1991, y que tiene un contenido muy avanzado. Pero también es cierto que política y socialmente el país ha cambiado sustancialmente, que hay nuevas y variadísimas subjetividades políticas, que hay talanqueras que la constitución del 91 no tocó y algunas que fueron un esperpento como el poder imperial, total y absoluto de la Fiscalía.
La reforma constitucional de 1991 fue un avance frente a la de 1886. Pero el país ha cambiado aceleradamente y el ropaje constitucional ahoga muchas de las posibilidades de los grandes cambios necesarios.
