Desde el 1 de abril, las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Sevilla acampan frente al Ayuntamiento. No es una huelga, sino “un asentamiento indefinido” con el que reivindican a la administración local que vuelva a gestionar de manera directa este servicio “esencial” para las personas dependientes, es decir su municipalización.
La situación actual es dramática debido a que está en manos de empresas privadas con unas condiciones laborales muy precarias que además repercuten negativamente en la calidad de vida de los usuarios a los que atienden. Solo en la capital andaluza son más de 3000 personas las que trabajan en este sector que además está altamente feminizado.
Con esta protesta que ya cumple 30 días “durmiendo a la intemperie” y sacrificando su tiempo libre con la esperanza de mejorar sus condiciones laborales, que está marcada por los bajos salarios y también carencia de recursos —grúas, camas y domicilios adaptados— para hacer el trabajo adecuadamente son la causa del gran número de trastornos muscoesqueléticos, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, roturas de tendones y otra variedad de lesiones que soportan las trabajadoras de la atención domiciliaria de la dependencia. Además denuncian que esas lesiones aún no se reconocen como accidentes laborales ni enfermedades profesionales, porque no está permitida la evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo al tratarse de domicilios particulares.
Entre los apoyos que ha recibido esta protesta, está el de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, que desde la capital hispalense ha mostrado su apoyo a la valiente lucha de estas trabajadoras y ha reivindicado «remunicipalizar el servicio» para garantizar el empleo «y un cuidado de calidad a nuestros mayores.»
