La Secretaría General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales ha resuelto el primer expediente de sanción, desde que el ya ex ministro Alberto Garzón aprobara la capacidad sancionadora del entonces Ministerio de Consumo. La multa de más de 150 millones de euros proviene de una denuncia de FACUA a las aerolíneas que realizaban un cobro por el equipaje de mano, entre otros incumplimientos.
Esta sanción se aplicará a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por el cobro de un cargo extra a los usuarios que llevan equipaje de mano en cabina, una práctica denunciada por FACUA-Consumidores en Acción desde 2018. Las multas también incluyen otras tres prácticas ilícitas: el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes, como discapacitados y niños pequeños, que al igual que el asunto del equipaje de mano ha sido clasificado como infracción muy grave. Y otras dos por infracciones calificadas como graves: prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos y la omisión de información y falta de claridad en los precios publicados, lo que dificulta a los usuarios la posibilidad de comparar las ofertas y distorsiona el posicionamiento de las aerolíneas en las búsquedas por internet. La noticia fue adelantada este viernes por la Cadena SER.
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, celebró que los «casi seis años batallando» hayan acabado en triunfo, por lo que llamó a los usuarios afectados a reclamar su dinero. Además, recordó que el que fuera director general de consumo del Govern balear en la anterior legislatura, Félix Alonso (actualmente, diputado en el Congreso), decidió archivar tanto los expedientes sancionadores que había abierto tras las denuncias de FACUA contra Ryanair y Vueling como los que inició de oficio después contra EasyJet y Volotea, «para pedir al Ministerio de Consumo que asumiese las actuaciones a fin de que las multas fuesen mucho más elevadas”, explicó.
Se trata de la multa más grande que las autoridades de consumo han aplicado nunca por conductas negativas de las empresas que perjudicaran a los consumidores. El expediente también sanciona la falta de transparencia en los precios de los billetes. La asociación de consumidores ha recordado a los consumidores que pueden reclamar cantidades inferiores a 2.000 euros sin acudir a abogados o procuradores, a través de las denuncias antes las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas.
