A pesar de las tormentas que rodean a Gustavo Petro, de la feroz oposición de los grandes medios de comunicación y de todas las marrullas y planes conspirativos que lo acechan, el empuje democráticamente renovador del gobierno es profundo e integral. No se limita a las reformas más debatidas, como la de las pensiones, la laboral o la de la educación. El proyecto renovador abarca muchos otros espacios de la vida de las colombianas y los colombianos. Reformas de avanzada, progresistas y solidarias, unidas a nuevas formas de gobernar, en dialogo permanente con la gente en los territorios y en los barrios populares de las grandes ciudades.
Ahora queremos comentarles del ambicioso objetivo del gobierno para la erradicación de la violencia y el acoso en los ámbitos laborales.
En el mes de febrero del presente año, la ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, radicó en el Senado un Proyecto de Ley para la ratificación por parte de Colombia del Convenio sobre la Violencia y el Acoso Laboral adoptado en la 108 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en el año 2019 en Ginebra, Suiza. El Convenio C-190, como universalmente se le conoce.
“Es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidas la violencia y el acoso por razones de género”, se expresa en la exposición de motivos de presentación del Proyecto de Ley. La ratificación de este convenio dotará al gobierno, a los empresarios y sindicatos de una herramienta para la modernización de las relaciones laborales y la dignificación del trabajo, enfrentando las inequidades y los abusos, y muy especialmente las relaciones patriarcales y de acosos de todo tipo contra las mujeres trabajadoras.
En la mañana del 14 de mayo en la sala Constitución del Congreso, la senadora Jahel Quiroga, del Pacto Histórico, en su calidad de ponente de la ley, instaló una Audiencia Pública para “escuchar las opiniones de los actores sociales, y reconocer el trabajo de las organizaciones de mujeres que han trabajado por eliminar la violencia y el acoso en todos los ámbitos de la vida. Expresó la senadora Quiroga, reconocida defensora de derechos humanos, que “ratificar el Convenio es para Colombia un desafío, y es parte de una gran transformación cultural, no solo en las oficinas, sino en el campo, en las viviendas donde muchas mujeres prestan sus servicios domésticos, en la calle, en las plazas de mercado y en las relaciones laborales disfrazadas de contratos de prestación de servicios”.
Al momento de escribir esta nota no se conocen los posicionamientos de las diversas bancadas frente al proyecto. El ambiente político se ha polarizado y radicalizado. La oposición maniobra incansablemente, y sin importar principio alguno, para desestabilizar al gobierno e incluso buscando judicializaciones para suspender al presidente. Este a su vez, también ha radicalizado su discurso y puesto al movimiento popular en pie de alerta. Gustavo Petro parece decidido a no depender más de acuerdos con fuerzas tradicionales para sacar adelante sus reformas y apela al constituyente primario, llama a un proceso constituyente y a la movilización popular, mecanismos de total constitucionalidad, pero que para las derechas suenan a alzamientos insurreccionales convocados desde el mismo Palacio de gobierno.
Suenan timbres. Muchos timbres por todos lados.
