La intervención de Santiago en el Pleno del Congreso tuvo lugar como respuesta a la proposición presentada por el Grupo Socialista para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979. Para el portavoz de Sumar el reconocimiento a efectos legales del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones tiene contenidos muy limitados y aunque es una reivindicación que tiene explicación, “choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos”.
A la consideración de agentes de la autoridad la proposición del PSOE añade el reconocimiento del principio de veracidad, el reconocimiento del principio de indemnidad y medidas para las situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios, “modificaciones que además tiene presupuesto cero”, señaló Santiago.
Enrique Santiago expresó claramente su reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, servicios médicos y psicológicos, juristas, personal de vigilancia y servicios generales, “su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta de medios y de inversiones” y tuvo palabras de mención y reconocimiento para Nuria López, la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) que fue asesinada el pasado 13 de marzo por un interno que luego se suicidó. Un hecho —añadió— “absolutamente excepcional e imprevisible… pero que no se habría evitado aunque en marzo los funcionarios hubieran tenido ya el reconocimiento de agentes de la autoridad”.
Criticó que desde determinados ámbitos “se inserte este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles y fuera de ellas” y advirtió que “estos discursos que aceptan el populismo punitivo y que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha”.
El portavoz de Sumar en temas de Justicia e Interior consideró innecesaria en la práctica la propuesta del PSOE, ya que “prácticamente en la totalidad de los casos en los que se juzgan agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas”.
Sugirió que de tramitarse finalmente la propuesta, se incluyan propuestas que suplan “la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones”. “También las deficiencias de los servicios sanitarios y de salud, la falta de personal médico y de enfermería, la mala remuneración de los que se desempeñan profesionalmente, la falta de medios técnicos para atender a los internos”, enumeró.
Fuente: izquierdaunida.org
