La inflación general volvió a repuntar en julio y situó su tasa interanual en el 3,6%, el nivel más elevado de los últimos dos años. El aumento estuvo marcado especialmente por el encarecimiento del transporte, cuyos precios crecieron un 6,2%, y por el incremento de los costes energéticos asociados a la vivienda, que alcanzaron el 5,7%.
Ante este escenario, CC.OO. reclama al Gobierno medidas urgentes para evitar que el incremento de los precios vuelva a traducirse en una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Carmen Vidal, secretaria confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales, considera imprescindible revisar de inmediato el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para corregir la desviación de los precios respecto a las previsiones realizadas cuando se aprobó su actual cuantía.
El sindicato también ha reclamado al Ejecutivo una reunión para analizar el impacto del encarecimiento de los carburantes fósiles. Vidal atribuye parte de la actual tensión sobre los precios al impacto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte mundial de petróleo.
Subidas salariales de hasta el 7%
CC.OO. considera que la respuesta al repunte inflacionista debe pasar también por reforzar los salarios mediante la negociación colectiva. El sindicato reclama que las mesas de negociación todavía pendientes sitúen los incrementos salariales en la banda superior del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con aumentos de entre el 4% y el 7%.
“Vamos a seguir empujando para reforzar la negociación colectiva garantizando subidas salariales de entre el 4% y el 7%”, ha señalado Vidal. La responsable sindical ha vinculado esta estrategia al fondo destinado a movilizaciones de la organización y ha advertido de que, si las patronales no trasladan parte de los beneficios empresariales a los trabajadores, aumentará la conflictividad laboral.
La reivindicación llega en un contexto en el que los salarios pactados en convenio avanzan a un ritmo inferior. Según los datos manejados por CC.OO., hasta julio el incremento salarial medio pactado se situaba en el 3%, todavía por debajo de la inflación interanual del 3,6%.
El sindicato reclama cambios en el SMI
El aumento de los precios en julio estuvo condicionado principalmente por la evolución de los carburantes y de la electricidad, en un contexto de retirada progresiva de algunas de las rebajas fiscales extraordinarias aplicadas durante los últimos años.
Según CC.OO., sin las medidas impositivas de salvaguarda que todavía permanecían vigentes en julio, la inflación habría alcanzado el 4,1% interanual.
El sindicato considera especialmente preocupante el impacto de estos incrementos sobre los hogares con menores ingresos y reclama al Gobierno que acelere la aprobación del Real Decreto de transposición parcial de la Directiva europea sobre salarios mínimos.
Vidal ha pedido que las nuevas reglas sobre absorción y compensación salarial entren en vigor cuanto antes para reforzar la protección de quienes perciben los salarios más bajos.
Beneficios empresariales frente a pérdida de poder adquisitivo
CC.OO. contrapone el impacto de la inflación sobre las familias con la situación económica de las empresas. Según los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 recogidos por el Observatorio de Márgenes Empresariales, los beneficios empresariales se mantienen en niveles históricamente elevados.
El sindicato considera que esta evolución evidencia que existe margen para trasladar una mayor parte de esos beneficios a los trabajadores mediante incrementos salariales.
La organización sostiene que los salarios todavía no han recuperado completamente el poder adquisitivo perdido durante el episodio inflacionista de 2021 y 2022. En este contexto, reclama que la evolución de los precios se traduzca en una respuesta tanto normativa, mediante la revisión del SMI, como en las mesas de negociación colectiva, con aumentos salariales superiores a los registrados hasta ahora.
Para CC.OO., el repunte de la inflación refuerza así la necesidad de actuar sobre las rentas del trabajo y evitar que el aumento de los costes energéticos y del transporte vuelva a recaer de forma desproporcionada sobre los hogares.
