Los datos que se están haciendo públicos con motivo del día internacional de las personas refugiadas muestran una tendencia inequívoca. Cada vez hay más personas que se ven sometidas a un desplazamiento forzado. Pueden llegar a alcanzar 120 millones en 2024 como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y la degradación de la situación internacional. Una cifra sin precedentes. En nuestro país, si continúan los datos como en los cinco primeros meses del año, caminamos hacia los 200.000 solicitantes de asilo.
España se encuentra en una encrucijada. El gobierno apuesta públicamente por una respuesta solidaria y comprometida con el fenómeno migratorio, demasiadas veces con el argumento economicista de la necesidad de mano de obra y la salvaguarda del sistema de pensiones. Sin embargo, ha aprobado y defiende con vehemencia el Pacto de Migración y Asilo, un conjunto de medidas que suponen el mayor retroceso en materia de derechos de los extranjeros desde que existe la Unión Europea. La sociedad ha dado muestras de una empatía abrumadora durante las crisis de Siria y Ucrania, pero, al mismo tiempo, avanzan las posiciones políticas más racistas y las reacciones sociales xenófobas.
Ante una realidad tan contradictoria, los únicos datos seguros para valorar las políticas públicas son los hechos, no las declaraciones de intenciones, el avance en los sistemas de acogida, no los gestos de cara a la galería. Lo primero y más importante que debería hacer el gobierno español es comprometerse en abordar el impacto negativo del Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el que debe mostrarse, además, vigilante ante las actuaciones de los gobiernos ultraderechistas cada vez más decisivos en la UE.
La aplicación por España del Pacto Europeo de Migración y Asilo
El pacto se concreta en una serie de normas de obligado cumplimiento, lo que conllevará un margen de maniobra que será muchas veces escaso. Pero España puede renunciar a ampliar los plazos de detención en frontera y no optar por internamientos generalizados de las personas que se dirijan a nuestro territorio. También, el gobierno tiene en su mano dejar de aplicar la “ficción jurídica de no entrada” que contempla el pacto para degradar derechos humanos fundamentales, algo que ya intentó José María Aznar con la ley 8/2000 y se enfrentó a la movilización social y a recursos de inconstitucionalidad que acabaron anulándola.
Por otra parte, España debe ampliar el porcentaje de respuestas favorables a las peticiones de asilo, que ronda un 12%, lo que nos sitúa a la cola del conjunto de países de la UE. En vez de ampararse en el Pacto Europeo de Migración y Asilo para rechazar de manera automática las de determinadas nacionalidades al considerarlas infundadas sin estudiarlas si quiera, el Ministerio del Interior debería cambiar su práctica restrictiva en el análisis de las demandas de asilo, más dura que la de muchos países gobernados por fuerzas políticas xenófobas.
Hay una justificación oficial de esta cicatería con el derecho de asilo que cada día es más esotérica. Se insiste desde el Ministerio del Interior en que les gustaría reconocer a más personas como refugiadas, pero que el perfil de los que llegan a nuestro país no cumple con los requisitos de la Convención de Ginebra de 1951. Es un argumento casi tan popular en las esferas oficiales como la leyenda del famoso “efecto llamada”. Cuando el ACNUR habla ya de casi 120 millones de personas con necesidad de protección en el mundo, ya es casualidad que los que llegan a España no reúnan las condiciones exigidas. Evidentemente, no hay grandes diferencias en las motivaciones de las personas perseguidas o víctimas de conflictos que se dirigen a España.
En defensa de la iniciativa legislativa de regularización
Más allá del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un gobierno progresista como el actual debería llevar a cabo una gestión racional y respetuosa con los derechos humanos del fenómeno migratorio. Ante las cifras récord de solicitantes de asilo, es de sentido común mantener abiertas las vías de la inmigración económica para que los que así lo deseen puedan optar a la residencia por una vía rápida y segura, sin necesidad de empujarles al régimen de protección internacional. El modelo migratorio español fue pionero con el arraigo, un instrumento que el Ministerio de Inclusión ha mejorado en los últimos años. Aun así, se arrastra la situación de numerosas personas condenadas al ostracismo legal, por lo que es urgente la aprobación de la iniciativa legislativa popular sobre regularización, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
Ofrecer cauces que se correspondan con los distintos tipos de inmigración es más necesario que nunca. Porque las cifras récord de solicitantes de asilo ni siquiera reflejan toda la realidad. Existe una enorme bolsa de personas que no logran acceder al procedimiento de asilo con todo lo que ello supone. Hacen falta más funcionarios, más citas en las comisarías. En la actualidad hay plazos de espera que superan el año. La carencia es de tal calibre que ya han empezado a proliferar las ventas de citas para asilo en el mercado negro. Está muy bien que se persigan a las mafias que se lucran del sufrimiento ajeno, pero estas organizaciones criminales se alimentan de la incompetencia de la administración y siempre es mejor prevenir que curar.
Vías seguras para la protección internacional
Aunque aceptáramos la supuesta excepción ibérica en los perfiles de las personas que llegan a España, una justificación de la escasez de respuestas favorables en España difícil de creer, el gobierno tendría la posibilidad de mostrar su compromiso con las personas refugiadas a través de las vías seguras para el acceso a la protección internacional, algo que tampoco está ocurriendo. La externalización de fronteras que lleva a prácticas como el abandono de inmigrantes en el desierto, documentado recientemente por un consorcio de medios de comunicación europeos, está haciendo del tránsito por los países en los que la UE subcontrata sus políticas una trampa mortal para cada vez más personas.
Hay alternativas que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no impide y que España puede reforzar. Por ejemplo, la agilización de los procesos de reagrupación familiar o de extensión familiar del asilo, que en la actualidad se demoran en trámites interminables y que suponen un sufrimiento añadido para aquellas personas refugiadas que ya tienen su estatuto reconocido. Otra vía es el reasentamiento que promueve el ACNUR desde terceros países, donde se hacinan el 75% de las personas refugiadas en el mundo; España ni siquiera cumple con la totalidad del cupo anual de 1200 personas. Lo mismo podría decirse de la previsión legal para activar las solicitudes de asilo por vía diplomática.
Desde luego, lo que es incompatible con las vías seguras es la imposición de visados de tránsito a nacionales de países en conflicto. En este momento se está tramitando una medida de este tipo con Sudán, lo cual es sumamente grave y sólo se explica desde una dejación de las funciones de la política de asilo a un enfoque policial que hace tabla rasa de los compromisos en derechos humanos adquiridos por España.
Reforzar el sistema de acogida
La atención de las personas procedentes de Ucrania y la reciente gestión del aumento de llegadas por vía marítima en Canarias han demostrado que, con voluntad política, a pesar de todas las dificultades y deficiencias, es posible atender a las personas que lo requieren. En estos momentos es necesario reforzar el sistema de acogida en consonancia con el número de personas que deben ser atendidas. Para ello se puede aprovechar la infraestructura de los CREADE, puestos en marcha para atender a las personas procedentes de Ucrania, evitando el mensaje de que existe una doble vara de medir en función de las políticas oficiales.
Las celebraciones del día de las personas refugiadas han estado este año muy atentas al genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, uno de los grandes éxodos consecuencia de los desaguisados coloniales y los intereses imperialistas. Su sufrimiento nos hace recordar la importancia de uno de los elementos fundamentales de la protección internacional, el derecho al retorno y la obligación de la comunidad internacional de evitar los desplazamientos forzados de población. El gobierno español ha dado un paso muy positivo con el reconocimiento del Estado palestino y, aunque de manera insuficiente, se ha comprometido con el proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia.
La agresión al pueblo palestino y la falta de una respuesta de la comunidad internacional que la evite nos recuerdan, frente a la obsesión en el control de fronteras del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que la única medida eficaz para evitar los desplazamientos forzados es un mundo más justo, respetuoso con los derechos humanos, pacífico y democrático. Es posible hacer las cosas otra forma y tenemos la obligación como sociedad de intentarlo. En la opción que se adopte ante esta encrucijada se juega su credibilidad un gobierno que debe tener la valentía de enfrentar la ola reaccionara que recorre nuestro continente.
