El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y del Grupo Plurinacional Sumar en temas de Justicia e Interior ha explicado ante los medios en el Congreso que dentro de las medidas de regeneración democrática que se negocian con los socialistas “consideramos imprescindible que entren las que tienen que ver con recuperación de las libertades públicas que fueron cercenadas por el PP, y también otras que aborden la transformación y modernización de estructuras del Estado relacionadas con el Poder Judicial”.
El acuerdo es para abordar “una reforma de los aspectos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ‘ley mordaza’— que afectan al desempeño de la actividad de información por parte de los periodistas”, acuerdo que incluye también las referidas a la libertad de expresión contenidas en el Código Penal y que limitan a artistas y otros colectivos, lo que implica eliminar delitos como “injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y contra altas instituciones del Estado”, pero no implica desprotección contra injurias y calumnias de cualquier persona, “forma parte de altas instituciones del Estado o no”, indicó Santiago. “Se trata que de forma espuria —señaló— no se pueda utilizar el Código Penal para limitar la actividad de trabajadores, tanto de la cultura como hasta de los servicios de información”.
En relación a la llamada ley mordaza, el acuerdo se refiere a la importancia de acabar “con cualquier penalización o sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren una alguna operación policial”, en referencia a las sanciones recogidas en el artículo 36 de la ley.
También se refirió al acuerdo alcanzado en relación a la reforma de la ley del derecho de rectificación y la de defensa del derecho al honor para que no se permitan actuaciones de instrucción judicial indeterminadas, sin ningún tipo de prueba o indicio y que no acaban en juicio. “Son instrucciones prolongadas que tienen un claro efecto político para desprestigiar a personas con liderazgos políticos, sociales o sindicales. Estos solo lo hacen jueces de instrucción que actúan de forma indebida”, explicó.
También se refirió a otras medidas no acordadas aún con el PSOE como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “para prevenir el uso politizado de las instrucciones penales y dar más garantías a los jueces que hacen debidamente su trabajo, de forma independiente y con las debidas garantías jurisdiccionales”.
Se trata de acuerdos iniciales entre los socios de gobierno —explicó Santiago— “que se deben profundizar” y anunció que se trabajará con todas las fuerzas del pacto de investidura para lograr en breve “una derogación en profundidad de toda la reforma restrictiva de derechos que introdujo el Gobierno del Partido Popular”, una reforma en profundidad de la Ley de Seguridad Ciudadana “para que deje de ser una ley mordaza y sea una ley que regule la convivencia entre todos los ciudadanos de nuestro país”, remarcó.
No concretó la herramienta que se va a utilizar para cambiar la ley mordaza, pero anunció que será un mérito “que corresponderá a todos los grupos parlamentarios del pacto de investidura que venimos trabajando desde hace meses para que así sea”, apostilló.
Fuente: Izquierda Unida
