El movimiento de inquilinas ha puesto nombre y contenido a la reivindicación que quiere llevar hasta el Consejo de Ministros de este martes: el denominado ‘decreto Maricarmen’. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos reclama que el real decreto-ley que prepara el Gobierno no se limite a medidas puntuales, sino que introduzca cambios capaces de evitar que vuelvan a producirse situaciones como la que ha sufrido Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que llevaba décadas viviendo.
El Ejecutivo ha confirmado que trabaja «contrarreloj» para llevar el decreto al Consejo de Ministros y Pedro Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios un «último esfuerzo» para lograr después su convalidación. Pero el Sindicato de Inquilinas quiere que ese texto responda a las demandas que han llevado a miles de personas a la calle durante los últimos días y advierte de que no dará por suficiente cualquier decreto.
La organización resume sus exigencias en cuatro grandes bloques. Son las medidas que, a su juicio, convertirían la norma en un verdadero ‘decreto Maricarmen’.
1. Renovaciones automáticas para acercarse a los contratos indefinidos
La primera reivindicación afecta al momento en que termina un contrato de alquiler. El Sindicato de Inquilinas plantea que la finalización del periodo pactado no pueda convertirse automáticamente en una puerta de salida para quien vive en la vivienda.
Su propuesta es establecer renovaciones automáticas de los contratos una vez agotado el periodo inicial. En la práctica, cuando termine un contrato de cinco o siete años, este se prorrogaría por otro periodo equivalente salvo que el propietario pudiera acreditar una causa justificada para no hacerlo.
Incluso en ese último supuesto, la propuesta contempla que el propietario tenga que indemnizar al inquilino si pretende recuperar la vivienda. El Sindicato equipara este mecanismo al funcionamiento de los contratos indefinidos en el mercado laboral: que disponer de una vivienda habitual no dependa de renegociar periódicamente la continuidad del alquiler.
La medida busca modificar, por tanto, la relación de fuerzas que se produce cuando se aproxima el final de un contrato. El objetivo es que la permanencia en una vivienda no quede supeditada a la voluntad unilateral del propietario cuando no existe una causa justificada para recuperar el inmueble.
2. Cambiar las reglas para acabar con los abusos en los alquileres
La segunda pata del ‘decreto Maricarmen’ pasa por modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para intervenir sobre algunas de las prácticas que, según el Sindicato, están utilizando los propietarios para sortear las garantías del alquiler habitual.
Entre ellas sitúa los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones. La organización reclama que ambas modalidades queden reguladas para impedir que se utilicen como una vía para escapar de las obligaciones asociadas a los contratos de vivienda habitual.
La propuesta también incluye cuestiones más cotidianas para las personas que viven de alquiler. El Sindicato reclama que las fianzas sean devueltas con mayor rapidez y que los inquilinos puedan descontar determinadas reparaciones del alquiler cuando corresponda realizarlas al propietario y este no actúe.
La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones forma parte también de las medidas que el Gobierno ha planteado para su decreto, aunque existen diferencias sobre el alcance de las reformas. El texto que prepara el Ejecutivo incluye medidas para combatir el fraude asociado a estas modalidades contractuales.
3. Congelar el precio durante la duración del contrato
La tercera reivindicación se dirige directamente a la evolución de los precios. El Sindicato de Inquilinas plantea que el alquiler no pueda incrementarse durante la duración del contrato, con una referencia que resume como «IPC al 0 %».
La organización cuestiona que el coste de la vivienda pueda seguir aumentando año tras año mientras los ingresos de los hogares no evolucionan necesariamente al mismo ritmo. Su propuesta busca, por tanto, que la renovación o continuidad de un contrato no vaya acompañada de incrementos sucesivos de la renta.
La cuestión de los precios constituye uno de los principales puntos de discusión alrededor del decreto. El Gobierno ha planteado mecanismos de estabilidad para determinados contratos y, según las informaciones publicadas sobre el borrador, contempla prórrogas automáticas para determinados alquileres que venzan entre 2026 y la primera mitad de 2028.
Para el Sindicato, sin embargo, la discusión no puede limitarse a ganar tiempo. Su demanda pasa por impedir que el precio del alquiler continúe aumentando durante la relación contractual.
4. Frenar los desahucios sin alternativa habitacional
La cuarta exigencia es la que conecta directamente la propuesta con el caso que ha dado nombre al decreto.
El Sindicato reclama medidas efectivas para impedir los desahucios cuando la persona o familia afectada no disponga de una alternativa habitacional adecuada. La organización sitúa en el centro de esta reivindicación a personas mayores, familias con menores y hogares que no tienen recursos para acceder a otra vivienda.
Su planteamiento cuestiona también que las alternativas ofrecidas ante un desahucio puedan reducirse a soluciones temporales como pensiones o albergues cuando no garantizan una vivienda adecuada y estable.
El caso de Maricarmen ha convertido esta cuestión en el principal símbolo de la movilización. La mujer, de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que había residido durante décadas después de que la propiedad cambiara de manos y se planteara un incremento muy elevado de la renta. Su situación ha provocado una oleada de movilizaciones y ha colocado de nuevo la protección frente a los desahucios en el centro del debate político.
¿Qué se juega el Gobierno este martes?
La diferencia entre estas demandas y el decreto que prepara el Ejecutivo explica buena parte de la presión que se está produciendo durante las últimas horas. El Gobierno trabaja para aprobar este martes una norma que incluye, entre otras cuestiones, prórrogas de contratos, medidas frente a los desahucios, regulación de alquileres de temporada y habitaciones y actuaciones para aumentar la oferta de vivienda asequible, llegando a proponer incluso exenciones fiscales para los rentistas.
El Sindicato de Inquilinas considera que algunas de las medidas que se negocian pueden quedarse lejos del alcance que reclama. Su temor es que el resultado sea un paquete de medidas que dé respuesta parcial a la emergencia habitacional sin modificar de forma suficiente las condiciones que generan inseguridad para quienes viven de alquiler.
La disputa se produce además en un escenario parlamentario complejo. El Gobierno necesita reunir apoyos suficientes para que el real decreto-ley pueda superar posteriormente su convalidación en el Congreso. Sánchez ha reclamado públicamente a los grupos un «último esfuerzo», mientras las negociaciones continúan.
En este contexto, la presión no se dirige únicamente hacia el PSOE. Junts y PNV aparecen también como actores determinantes para el recorrido parlamentario de la norma, mientras desde el espacio de la izquierda del PSOE se reclama que el texto sea suficientemente ambicioso.
Sumar ya había presionado para que el decreto de vivienda llegara al Consejo de Ministros y para que incorporase una respuesta a situaciones como la de Maricarmen. Izquierda Unida también ha situado públicamente la movilización en la calle como elemento de presión. Enrique Santiago ha respaldado la acampada de Sol y ha defendido que el martes debe aprobarse el denominado ‘Decreto Maricarmen’, mientras Yolanda Díaz afirmó en la fiesta del PCE que no les vale cualquier decreto ni contentar a la derecha, danto la bienvenida a la acampada de Sol y demás movilizaciones.
Una negociación que también se juega en la calle
La presión institucional tiene su réplica en las calles. La Puerta del Sol mantiene desde el sábado una acampada que ya ha superado las dos noches y que afronta este lunes una nueva jornada de movilización. Las organizaciones de inquilinas han convocado además concentraciones en distintas ciudades antes de la reunión del Consejo de Ministros.
El Sindicato ha convertido las próximas horas en una cuenta atrás. La cuestión ya no es únicamente si el Gobierno aprobará un decreto de vivienda —Sánchez ha anunciado que trabaja para llevarlo este martes—, sino qué contenido tendrá finalmente y hasta dónde llegarán las concesiones durante la negociación.
Para las organizaciones de inquilinas, ese matiz es fundamental. El nombre de ‘decreto Maricarmen’ no designa simplemente cualquier norma sobre vivienda que pueda aprobar el Gobierno: identifica un conjunto concreto de medidas que, en su opinión, deberían garantizar que una persona pueda permanecer en su vivienda mientras pueda pagarla y que nadie sea expulsado sin una alternativa habitacional adecuada.
La respuesta se conocerá en las próximas horas. Mientras el Gobierno ultima el texto y busca los apoyos parlamentarios necesarios, la movilización mantiene la presión desde la calle. El martes, por tanto, no solo estará en juego la aprobación de un decreto, sino qué respuesta política termina dando el Ejecutivo a una protesta que ha convertido el caso de Maricarmen en el símbolo de una reivindicación mucho más amplia.
