Aprovechando que aún mantenían su acuerdo de gobierno y pocas horas antes de que el propio presidente valenciano los cesara de sus cargos, la Generalitat Valenciana aprobaba su ley de concordia PP/VOX, que sustituía a la de memoria democrática. Su máximo responsable el popular Carlos Mazón, demuestra con esta sibilina actuación su exacta coincidencia con los postulados más rancios de la carcunda franquista. Si alguien llegó a presuponer que, como rectificaran en su día los ediles de la localidad madrileña de Alpedrete al eliminar las referencias públicas a Paco Rabal y Asunción Balaguer en una plaza y un centro cultural en aquella villa serrana, existen diferencias entre ambas formaciones de derechas en cuanto a memoria de la República, la Guerra y la Dictadura se refiere, que no plañe ante este comportamiento que no es otra cosa sino olvido y resignación. Tampoco concordia, en el sentido literal del término, aunque ambos actores vuelvan a ostentar sus respectivos reconocimientos, de momento.
Lo más importante del nuevo texto, según valora el político valenciano, es que reconoce a la víctimas de la violencia de ETA (como si estuvieran desprotegidas y no reguladas por distinta normativa, las más actuales de 2011, 2018 y 2023, dignificadas con un reconocimiento civil desde 1999 y, desde la propia Generalitat, por un decreto de 2010) como personas que han sufrido violencia política, social, terrorista, religiosa o ideológica desde 1931 hasta nuestros días (este discurso equipara banda terrorista y sociedad republicana, crimen con democracia al negar a la II República el carácter de sistema parlamentario representativo que tuvo) y, en definitiva, superar con ello el enfrentamiento entre hermanos que, según debe intuir, fue la última guerra para las o los españoles.
Revisionismo en estado de pureza que no es otra cosa que la negativa a reconocer a las víctimas que la dictadura causó y la normalización de periodo dictatorial que las condenó e intentó eliminarlas. Para ellos ni existió disidencia ni oposición organizada; tampoco hubo sedición ni golpe militar, algo de lo que ya estaban convencidos mucho antes de la aparición en la escena política una derecha extrema diferenciada pero procedente de sus propia afiliación.
La nueva norma, compuesta por 5 artículos y aprobada con tan sólo cinco votos de diferencia, deroga los 65 de la ley de memoria democrática aprobada en 2017 y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como es el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática. A excepción de las exhumaciones que estén en proceso de realización, todos los procedimientos no iniciados vinculados a la anterior ley decaen automáticamente y no serán desarrollados. Para el defensor del pueblo de esa Comunidad, con la nueva ley … “se ha ganado un poco más de libertad para los valencianos..”, calificando el día como histórico una vez ganada la votación en la Cámara.
La ley de concordia de Aragón ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional por el Gobierno Central; la oposición valenciana también ha hecho mención a reproducir el recurso en este caso, pero hasta que se resuelva debemos entender que le toca al primero aplicar la ley de 2022 en toda la geografía y, cuanto menos, evitar el envío de recursos económicos a estas Comunidades para el desarrollo de la normativa impugnada e incluso, sancionarlas si hubiera contraposición, discrepancia o contrariedad con lo escrito y señalado en la legislación nacional.
Poner definitivamente en valor la ley de 2022 es responsabilidad del Gobierno, como lo es la de su aplicación en todas y cada una de las disposiciones que se desarrollan en su articulado. Un reglamento para ello es más que necesario si no se la quiere condenar a que desaparezca.
