IU ha registrado una iniciativa a través de su diputado Fèlix Alonso, tras desmantelarse tres cárteles que se repartían el suministro de comida a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército, en la que interroga si habrá cambios legislativos en “el régimen sancionador establecido en la Ley de Defensa de la Competencia para establecer un tipo infractor mínimo o un agravante expreso” para las empresas que perpetren acciones de este tipo en contratos públicos.
Izquierda Unida pide explicaciones por escrito a nivel parlamentario a los responsables del Gobierno en la materia sobre “qué medidas va a plantear para mejorar los procedimientos de licitación pública de los contratos de servicios de alimentos con el objetivo de prevenir la actuación de los cárteles”.
La iniciativa de IU se produce a raíz de las informaciones recabadas sobre la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien desmanteló tres cárteles y multó a siete empresas y a cinco de sus directivos con 3,13 millones de euros y 176.100 euros, respectivamente. La empresas distribuidoras de alimentos sancionadas son Plataforma Femar, S.L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S.L. (Serviline), Asesores Llangon, S.L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S.L. Hermanos Vidal, S.L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S.L. (Ateca).
El diputado Fèlix Alonso declaró que la actuación de estos cárteles que se reparten contratos públicos impactan de forma directo sobre el gasto público, por lo que la iniciativa indaga también sobre cambios legislativos en las sanciones que establece la Ley de Defensa de la Competencia para establecer un tipo infractor mínimo o un agravante expreso o aumentar el importe máximo de multas a directivos para entidades que organizan cárteles que afecten a contratos públicos.
Fuente: Izquierda Unida
