El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó el 26 de junio a Australia, después de salir libre de un tribunal estadounidense. El Alto Tribunal de Inglaterra y Gales informó que la justicia estadounidense y la defensa de Julian Assange llegaron a un acuerdo el 19 de junio por el cual Assange admitía de culpabilidad en un delito de obtención y divulgación de documentos de interés para la defensa y seguridad nacional de Estados Unidos y, a cambio, Washington reducía su condena y reconocería los cinco años que ha estado encarcelado en el penal de máxima seguridad de Londres como pena cumplida.
La solución resuelve problemas a muchos actores:
A Assange, porque logra la libertad y desaparece el fantasma de los 175 años de prisión por los que se penalizaban sus acusaciones.
Al gobierno Biden porque, en momentos electorales, necesita mostrar una imagen progresista que le diferencie de Trump. Se confirma, una vez más, que para la política estadounidense, la vida de las personas es mera carta política y la independencia del poder judicial, de la que tanto alardean las democracias occidentales, es solo humo. Ya Obama hizo la misma jugada al darle la libertad al militar que filtró la documentación de WikiLeaks, Chelsea Manning.
Al gobierno británico y la justicia británica, porque le resuelve un tremendo dilema en que se movía al tener que elegir entre presentarse ante la comunidad internacional como cómplice de la persecución de la libertad de expresión o desautorizar a su amigo estadounidense.
Al movimiento de solidaridad con WikiLeaks y Assange, porque confirman que la denuncia y la movilización puede tener sus frutos.
No ha faltado el debate en torno a cuánto hay de claudicación y rendición por parte de Assange al reconocer su culpabilidad. A ello respondía John Rees, cofundador y coordinador en Londres de la campaña en contra de la extradición del cerebro de WikiLeaks: “El acuerdo es un mecanismo de Estados Unidos para guardar las apariencias y salvar su honor”. Para Rees la aceptación de culpa por Assange no es relevante: “Lo que recordará la gente dentro de diez años es que Julian Assange quedó en libertad cuando Estados Unidos pretendía extraditarlo y encerrarlo en una prisión de máxima seguridad”.
No obstante, como bien ha afirmado Stella Assange, la esposa de Julian, “una declaración de culpabilidad fundada en la Ley de Espionaje en relación con la obtención y divulgación de información sobre defensa nacional constituye obviamente una preocupación muy seria para los periodistas y la libertad de expresión”.
El caso Assange también ha mostrado el doble rasero de Occidente. Algunos recordamos la petición de extradición española a las mismas autoridades británicas para el dictador Augusto Pinochet, quien bajo su cruel gobierno se asesinó o “desapareció” a tres mil opositores y saqueó las finanzas de Chile. El gobierno británico entonces no aceptó la extradición y Pinochet abandonó Londres impune e insultante. En cambio con Assange, la justicia británica nunca se atrevió a denegar de forma definitiva la extradición a Estados Unidos.
El mismo doble rasero que lleva a nuestras democracias a acusar a las dictaduras cuando son denunciadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, pero terminan ignorándolo cuando esa misma institución acusó a los gobiernos de Suecia, Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos por la detención ilegal de Julian Assange.
Otro papelón ha sido el de los grandes diarios que, en su momento, lograron jugosas exclusivas con los documentos de WikiLeaks para después mirar para otro lado durante su proceso judicial y encarcelamiento.
Como tantos asuntos que parece que nos son ajenos a los españoles, este tampoco lo es. Por dos cuestiones. La primera porque una de las tropelías que se cometieron contra Assange, fue el espionaje de sus conversaciones con sus visitas y abogados durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. Ese espionaje lo realizó la empresa de un exmilitar español.
El dueño de la compañía fue detenido y se inició una investigación en la Audiencia Nacional por delitos de violación de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Cuando el juez ordenó la detención y el registro en 2019 de la vivienda y oficinas de esta empresa en Jerez de la Frontera, entre sus objetivos, estaba conseguir el teléfono Samsug S7 G930F que, según los testigos protegidos (trabajadores de la empresa), habían configurado para que el directivo de la empresa se comunicase presuntamente con la CIA.
Pues bien, los agentes que participaron en la detención entregaron al juez los archivos completos de todos los teléfonos, ordenadores y dispositivos electrónicos incautados, menos los del Samsung que se comunicaba con la CIA. Esos archivos y documentos debían mostrar las conversaciones de Assange con sus abogados y su estrategia de defensa, que eran filtradas a la inteligencia estadounidense.
Tras reiterados requerimientos judiciales, los agentes han respondido que “desconocen dónde puede encontrarse”.
Libertad para Pablo González
La segunda cuestión que afecta a España es que, tras la liberación de Assange, queda otro periodista encarcelado en Occidente. En este caso sin pruebas, sin garantías judiciales y violando todos sus derechos. Se trata del español Pablo González, encerrado en una prisión polaca desde el 28 de febrero de 2021. González fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interior (ABW) en la localidad de Przemyśl, en la frontera polaca con Ucrania, cuando se encontraba cubriendo para diversos medios españoles la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa.
Las autoridades polacas acusaron entonces al periodista de espiar para Rusia. Cuando fue detenido se le decretaron tres meses de prisión provisional y desde entonces, hace de eso más de tres años, su permanencia en la cárcel se va prolongando hasta hoy. Una decisión judicial que se ha venido repitiendo sin ofrecer información o detalles nuevos sobre el caso, ni dar a conocer los hechos que se le imputan, sólo el cargo del que se le acusa: espionaje.
Esta situación claramente viola la Convención de Derechos Humanos, las leyes y normas de la Unión Europea a las que debe atenerse Polonia por ser un país miembro y, por supuesto las leyes españolas. Sin embargo no parece que le preocupe a ningún cargo gubernamental español ni, por supuesto, polaco.
Mientras tanto, los grandes medios españoles siguen ignorando el caso y desentendiéndose de Pablo González. Si, ojalá fuese así, fuese liberado próximamente, saldrán diligentes a aplaudir y felicitarse por su liberación, como ahora han hecho con la de Assange.
Por eso mismo, nosotros debemos seguir exigiendo su libertad como hasta ahora lo hicimos con el fundador de WikiLeaks.
