El Congreso rechazó ayer la aprobación de la senda de estabilidad, que es un paso imprescindible y previo para la tramitación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2025.
La senda de estabilidad no es otra cosa que los objetivos de déficit (la diferencia entre ingresos y gastos) y de la deuda pública que se fijan para las Administraciones Públicas para los próximos tres años. Se trata de una obligación prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que es necesario superar para pasar a la siguiente fase.
Lo que ayer el Gobierno de coalición proponía era un escenario de reducción de déficit y deuda más suave que el enviado a la Comisión Europea en el mes de mayo, es decir, mucho mejor para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
La senda aprobada la semana pasada en el Consejo de Ministros establecía que el déficit del sector público no podría superar el 2,5% del PIB en 2025, frente al 3% previsto este año, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027.
El reparto para 2025 era de un 2,2% de déficit para el Estado, mientras que las comunidades autónomas podrían tener un 0,1% de déficit y el resto de déficit del 0,2% lo podría tener la Seguridad Social. Los ayuntamientos estaban obligados a cerrar en equilibrio.
Esto otorgaba a comunidades autónomas y entes locales una capacidad de gasto de 10.000 millones de euros adicionales con respecto a la senda más restrictiva que sería la que operaría si no se aprueban los objetivos.
Pero no hay nada perdido todavía.
En el plazo de un mes el Gobierno tendrá que volver a someter al Congreso los objetivos de déficit y deuda. Pueden ser los mismos o mejorar dando algo más de capacidad de déficit (y por tanto de gasto e inversión) a las comunidades autónomas.
En cualquier caso, en estos debates y votaciones nos jugamos algo más que números.
Porque es lo que permitirá plasmar si priman los intereses generales para abordar los retos fundamentales de país y especialmente de la clase trabajadora, que, lógicamente requieren de insuflar recursos públicos o se adopta una senda de recortes, más o menos suaves, para cumplir con el objetivo de déficit prometido a la Comisión Europea en 2025 y en los siguientes ejercicios.
A Izquierda Unida los objetivos presentados le parecían insuficientes para convertir los próximos Presupuestos Generales del Estado en una verdadera herramienta de transformación. Pero lógicamente somos conscientes de la actual aritmética parlamentaria y de la compleja situación que tiene el Gobierno de coalición para avanzar en políticas públicas. Por eso nuestra diputada y nuestros diputados apoyaron lo que se presentó.
Aunque queremos ir más allá, somos conscientes de que nuestra presencia en el gobierno de coalición ha contribuido en estos años a un crecimiento del techo de gasto muy superior al conseguido en períodos previos. Ni más ni menos que 74.107 millones de incremento frente a recortes de gobiernos de Zapatero y Rajoy y subida muy inferior en el único año en el que gobernó Pedro Sánchez en solitario.
Toca ahora no desfallecer y seguir peleando porque la mayoría de investidura sea capaz de acordar unos objetivos de déficit y estabilidad que no sean rémora sino palanca para avanzar en derechos. Y eso se hace con más dinero y recursos.
A por ello.
