Para Didier Reynders, responsable de Justicia de la Comisión Europea, proteger la Memoria Histórica de la Unión es un elemento «esencial para apoyar el compromiso conjunto de la UE de salvaguardar sus valores en materia de dignidad humana, derechos fundamentales, Estado de derecho y Democracia para las generaciones actuales y futuras…» pero competencia de los Estados miembros. Así de resuelto se manifestó por escrito hace escasos días ante una pregunta formulada por los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, allá por el mes de abril, a tenor de las autoproclamadas leyes de «concordia» que amparan los gobiernos autonómicos gestionados por las derechas nacionales y que vienen a pretender sustituir la normativa memorialista existente en sus respectivos territorios, como ya venimos indicando repetidas veces desde esta columna.
El Gobierno central ya llevó esta primavera ante el Relator Especial de la ONU estos nuevos textos contrarios a la Ley de Memoria Democrática de 2022 y obtuvo una respuesta desfavorable a su sustitución; una posición muy criticada, e incluso ninguneada, por los políticos que las redactaron y las aprobaron, así como por los aparatos de los partidos que las apoyan desde los medios de comunicación y redes sociales.
Ahora son las instancias europeas quienes se pronuncian, aunque sin la contundencia de Naciones Unidas, ni ofrecen vías de salida al enfrentamiento que se ocasiona con esta situación.
«La Comisión se ha comprometido a contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la promoción de la memoria compartida de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa«, añade Reynders a la declaración arriba señalada, pero sin ajustar, ni aclarar tampoco, si se mediará para alcanzar una solución favorable a sus propios planteamientos, ni como llevarlo a cabo si así fuera. Por su parte, los parlamentarios reclamantes lo que descifran con esta respuesta es que la Comisión Europea se ha comprometido a trabajar en la promoción, a nivel europeo, de «la memoria compartida de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios» y a apoyar, con ello, la implantación de una verdad histórica oficial, así como asegurar y defender la libertad de expresión, la de pensamiento o la de cátedra.
En nuestra opinión es mucho entender tanto para lo concreto como para lo real, demasiada teoría para tan poca praxis definida y un tierno canto al angelismo sin nada más tras de sí. Aún así, no nos desesperancemos y confiemos en que en las próximas semanas se concretará el compromiso asumido tras esas vagas expresiones.
Tampoco ha actuado, con la agilidad que merece el tema, el Tribunal Constitucional, salvo con su decisión de mantener en estado de suspensión cautelar la derogación de la ley aragonesa de 2018, hasta que no tenga una firme decisión sobre el caso, y que provoca el nuevo texto de Ley de Concordia, el primero de los elaborados por las derechas, que se aprobara en el mes de febrero, y que fuera recurrida por el Gobierno en tan alto tribunal una vez hecha pública en su correspondiente boletín oficial; una malentendida concordia que deja sin derechos a las víctimas del franquismo e incluso a las producidas durante el periodo de guerra para devolverlas al olvido para la que parece ser que se ha dado tiempo largo de estudio, reflexión y de razonamiento para dilucidar sobre su inconstitucionalidad, o no.
En esta espera, y valga de ejemplo, se han encontrado los restos de cuatro jóvenes menores de veinte años desaparecidos el 4 de septiembre de 1936, en una fosa común de la localidad burgalesa de Villela. Según aportan los objetos aparecidos junto los restos fueron asesinados con pistola e iban vestidos con la ropa de trabajo. Ese mismo día también desaparecieron otras tres personas más, varones todos, dos de ellos también menores de edad y trabajadores todos de la misma fábrica de donde fueron sacados para quitarles la vida en una zona que quedó en la retaguardia franquista una vez iniciada la guerra y establecidos los frentes de combate.
Y nos permitimos concluir en esta ocasión con un obligatorio recuerdo al presidente de nuestra Asociación, el arqueólogo Óscar Blázquez, fallecido tras una prolongada enfermedad finalizando agosto.
