No podemos hablar del problema del acceso a la vivienda sin hablar de juventud. Según los datos del Consejo de la Juventud de España, la edad media de emancipación en nuestro Estado supera los 30 años, siendo ya uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra clase.
La centralidad del mercado de la vivienda en el desarrollo del capitalismo español es indudable, al menos, desde la época franquista, cuando el régimen aspiró a crear “un país de propietarios, no de proletarios”. Luego vino el boom inmobiliario de los años 90 e inicios de los 2000, la crisis hipotecaria del 2008 y, finalmente, la subida del precio de los alquileres que estamos sufriendo en la actualidad.
Si las generaciones anteriores sufrieron un proceso de desposesión vía desahucios, los jóvenes ni siquiera contamos con la capacidad de endeudarnos para adquirir una propiedad
En este sentido, el aumento del número de trabajadores —especialmente jóvenes— que se encuentran en régimen de alquiler no se debe entender en ningún caso como un cambio de paradigma respecto a la concepción que se tiene de la propiedad. Es más, la proliferación de los contratos de alquiler responde principalmente a la pérdida de capacidad adquisitiva relativa de determinados sectores del proletariado, la cual provoca que haya un mayor número de trabajadores desposeídos de su propio hogar. Así, si las generaciones anteriores de trabajadores sufrieron un proceso de desposesión de la vivienda principalmente vía desahucios (directos o indirectos), la situación de la juventud, sin ser más o menos deseable por ello, es cualitativamente peor en términos objetivos, dado que los jóvenes de hoy ni siquiera contamos con la capacidad —o posibilidad— de endeudarnos para adquirir una propiedad. Es decir, se ha producido un proceso de desposesión en términos absolutos, pero también generacionales. Este proceso, además, ha ido acompañado de otro de concentración de la propiedad, especialmente de aquella puesta en alquiler. Por todo esto, los jóvenes, que no podemos entrar en el mercado hipotecario, nos vemos abocados a participar en el mercado de la vivienda de alquiler. Un mercado que, al contrario de lo que se pueda pensar, siempre ha estado enormemente intervenido mediante leyes que han acelerado la turistificación y beneficiado a los fondos buitre y a los rentistas.
En cierto sentido, el ciclo que abrió la reconfiguración política y económica del capital inmobiliario a partir del 2013 ha conformado toda una generación de “jóvenes inquilinas forzosas”. No obstante, nuestra emancipación, bien sea como clase en general o como jóvenes en particular, no se conseguirá deshaciendo el camino y volviendo hacia atrás (lo cual no es posible ni deseable) sino avanzando mediante reformas concretas que se enmarquen dentro de un programa estratégico con una perspectiva socialista.
Intervenir para garantizar el derecho a la vivienda
Algunas de ellas, necesariamente, deberán ir orientadas a la regulación a la baja del precio de los alquileres, para lo que se deben fijar precios máximos asumibles. La recomendación histórica de muchos organismos internacionales de corte liberal siempre fue que el precio del alquiler no superase el 30% del salario. Hoy en el Estado español este porcentaje se sobrepasa sobradamente en determinadas zonas, siendo todavía más grave la situación para algunos colectivos como la juventud o las personas migradas. Además de esta medida, también urge gravar las viviendas vacías para movilizarlas, especialmente la de los grandes tenedores, y construir viviendas públicas allí donde sea preciso para ponerlas a disposición de los trabajadores y de las trabajadoras a un precio asequible. La rehabilitación de viviendas y la promoción de cooperativas en este sector también son políticas que avanzan en la dirección correcta. No obstante, junto al problema de la emancipación está el de los desahucios. Es preciso detener de forma permanente todas las ejecuciones, especialmente aquellas que se realizan a personas vulnerables o sin alternativa habitacional. Para ello, debemos estar organizadas en las calles junto a los movimientos sociales y llevar esas experiencias de lucha a las instituciones para transformar las normas.
Además de esto, también debemos combatir la criminalización de la ocupación y estudiar su despenalización, así como emprender una agenda legislativa dirigida a frenar el proceso de turistificación que estamos sufriendo y que hace de nuestros barrios y pueblos parques temáticos que visitar y no lugares que habitar.
