No quiero dar la impresión de que mi actividad más habitual es la de caminar por las calles de mi ciudad evitando a amigos y conocidos con tal de mantener mi paz mental. El lector inteligente habrá adivinado que la práctica totalidad de mis quejas por la actitud inquisitorial de mis interlocutores es más recurso literario que verdadero incomodo. Y aunque para todo hay excepciones, entre ellas no se encuentra mi excelente amigo y ameno conversador Ángel Cardín. Y la historia de hoy comienza precisamente ayer, mientras dábamos buena cuenta de una tapa especialmente apetitosa con la que nos obsequiaron en el bar donde habíamos quedado para conversar.
—«Rueda se tira a la piscina» ¿Qué te parece el título para mi próximo artículo?
—Pues no me parece mal. El único problema es que se te han adelantado.
—¿Qué dices?
—¡Mira! —y me muestra el referido artículo.
Pues tiene razón y lo siento. Se ve que la imagen del actual presidente de la Xunta, equipado con un flotador —rueda— tirándose al pool, el mercado mayorista de la energía eléctrica, era demasiado tentadora para no utilizarla como título. Aunque excusatio no petita, acussatio manifesta, veo que la idea de montar una comercializadora de energía eléctrica con la que está cayendo, puede ser calificado en puridad y sin faltar al necesario rigor, como un “tirarse a la piscina” por alguien más que un comunista tan radical como yo.
¿Cómo me atrevo —nos atrevemos— a decir tal cosa, si muchos otros[1] con menos recursos han hecho lo propio? Pues así a bote pronto y sin pensar demasiado, lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarme si es lógico que una administración pública con mayoría absoluta del PP asuma un rol empresarial en un mercado que ha sido liberalizado precisamente para fomentar la competencia entre actores privados. Y ya puestos a hacerse preguntas comprometidas, en qué momento del camino —sea este de ida o de vuelta— al poco monacal retiro de Sober, la «iluminación» derribó a nuestro circular presidente del caballo de la insensatez, y perdió su fe en los viejos dioses de la economía de mercado.
Dejando a un lado que la creación de una comercializadora de energía eléctrica puede no ser la mejor idea del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que, solo en los dos últimos años, unas 60 comercializadoras similares han quebrado arrastradas por los efectos de la crisis energética y la volatilidad de los precios, la idea de la Xunta de ser a la vez juez y parte no parece muy defendible. Si las distintas consejerías del gobierno gallego tienen la responsabilidad de regular y supervisar el mercado eléctrico, protegiendo a los consumidores y garantizando un entorno competitivo y transparente, cuando la administración pública —aunque sea a través de una empresa participada por ella— decide crear una comercializadora propia, asume funciones y responsabilidades que no le corresponden, entrando en colisión directa con su misión principal de regulación y vigilancia normativa.
¿Y por qué no es una buena idea? Las razones son muchas[2], y a las bien conocidas de la alta volatilidad de los precios de la energía y los muy bajos márgenes de operación hemos de añadir las que han llevado al fracaso a otras iniciativas similares y que hemos dado en llamar la Dependencia de la Competencia. Me explico un poco más.
—Dependencia: Sin generación propia, la nueva empresa tendrá que comprar la energía a otros productores, la mayoría de ellos con sus redes de distribución y comercialización propias, lo que inevitablemente reducirá aún más sus exiguos márgenes de beneficio.
—Competencia: La nueva empresa competirá con grandes grupos energéticos con una importantísima infraestructura técnica y financiera, y un conocimiento del negocio energético consolidado a lo largo de muchos años. Grandes conglomerados empresariales que pueden permitirse ofrecer precios muy competitivos —incluso por debajo de coste— con tal de acabar con los intrusos.
Cabe añadir que la nueva empresa tendrá que ganarse la confianza de sus clientes, gallegos según la declaración institucional, y desconfiados según dicen por ahí. ¿Confiarán en la “galleguidad” de esta iniciativa, basada, no tanto en que la impulse una empresa participada por la Xunta y sociedades gallegas o con una sede en Galicia, sino en que toda la energía que se comercialice será para gallegos y a precios más bajos que los del mercado, solo porque así lo afirme la Sra. Lorenzana? Los clientes, aunque no sean desconfiados como los gallegos, suelen preferir empresas que tienen control total sobre la generación y distribución de la energía, ya que esto puede traducirse en un servicio más fiable, y desconfían de estas aventuras. Alguien podrá objetar que por algo el PP tiene mayoría en Galicia, pero una cosa es dar su voto —aunque sea por aquello de detrás vendrá quien bueno te hará—, y otra muy distinta dar su dinero. ¡Los experimentos con gaseosa!
—¿Y no crees que la promesa de que el descuento medio en la factura será del 50%[3] sobre el precio de mercado moverá a muchos a probar? —me pregunta Ángel.
—Es que esa es la afirmación que más rápidamente ha desaparecido de la publicidad de la Xunta, sobre el tema. Ahora se afirma solamente que se trata de vender a los gallegos «una energía 100% renovable por un precio sustancialmente por debajo de mercado».
—¡Y no a todos los gallegos![4]
—Exactamente: y no a todos los gallegos; solamente los habitantes de municipios en los que haya alguna explotación energética, y a las empresas estratégicas, preferentemente de poco tamaño[5]. ¡Y miedo me da eso de los habitantes de municipios en los que haya alguna explotación energética!
—¿Quieres decir que te suena a que la verdadera motivación de la creación de la comercializadora tiene que ver con una estrategia para superar los problemas que los controles ambientales y el activismo ecologista pone a sus proyectos más discutibles?
—No sería muy descabellado afirmarlo. No olvides que la Comercializadora Galega de Enerxía propuesta por el gobierno de Alfonso Rueda, operaría en realidad bajo la “utility” Recursos de Galicia, RDG, una empresa público-privada que tiene como misión desarrollar proyectos de minería, energía eólica e hidroeléctrica, es decir todos aquellos sectores que tienen una mayor contestación social.
—Mira lo que dice el consejero delegado de RDG sobre este tema —me dice Ángel mientras me pasa el recorte de un diario.
…ya hay negociaciones para que la comercializadora adquiera paquetes de energía de terceros que están ya produciendo y para entrar en parques ya construidos como estrategia a más corto plazo. En el medio y en el largo, la empresa fía sus posibilidades también al desarrollo de nuevos parques eólicos, también en el mar. En este punto, la conselleira dirigió sus críticas al Gobierno central, al que pide “celeridad” en los proyectos de eólica offshore, y a la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha parado cautelarmente más de medio centenar de parques en tierra por posibles daños ambientales.
Apunta entonces Ángel, como reputado economista, que, en esa misma declaración institucional, la «conselleira» indicaba que “en la base del proyecto está, además del objetivo de hacer revertir los beneficios en el territorio, la descarbonización de la economía, ya que la energía va a proceder de fuentes renovables”; y que añadía a continuación, sin despeinarse un pelo, que: “Otra vía para influir a la baja en el precio, es que la comercializadora tenga directamente participación en proyectos de producción de electricidad ya existentes o en los que están por construir”; y que “también está la vía de reducir los beneficios en determinados proyectos”; para finalizar con la observación que marcará un antes y un después en las teorías macroeconómicas de que “La lógica en una sociedad con mayoría de capital privado es conseguir ganancias, pero espero que la sociedad Recursos de Galicia en su conjunto, dentro de la que está la comercializadora, esquive las pérdidas compaginando iniciativas más rentables con otras menos lucrativas.”
—¡Mal empezamos si nuestra esperanza es esquivar las pérdidas de la comercializadora a base de compaginar su actividad con otras más rentables!
—No, no; no has leído bien —me aclara Ángel—. ¡Son las pérdidas de Recursos de Galicia las que esperan esquivar!
—¡Peor me lo pones!
—Y digo yo: ¿qué posibilidades tiene RDG de abaratar y descarbonizar el consumo de energía?
—A lo de abaratar sin recurrir a la vía de las subvenciones, solamente a base de comprar barato, no le veo yo mucho futuro. La idea de esta gente es echar mano de acuerdos de compraventa a varios años con un precio fijo de la energía, que la comercializadora canalizaría “a los consumidores que, por su pequeño tamaño, no podrían negociar estos pactos por sí mismos”. Con lo de descarbonizar el consumo se refieren a intentar reducir las emisiones de carbono en el uso final de la energía. Es decir, calefacción eléctrica en lugar de estufa de butano, coche eléctrico cargado en el garaje de casa en lugar de bus urbano, y cambiar los viejos electrodomésticos por otros de alta eficiencia energética. Como verás, ¡todo orientado a la mejora del nivel de vida de la clase trabajadora!
Cuando vuelvo a casa me siento delante de la computadora para intentar fijar en el papel lo que la memoria aún retiene de nuestra conversación. Creo que en ella ha quedado suficientemente claro el alcance de la propuesta de la Xunta: es para los gallegos, pero no para todos los gallegos. Y si fuéramos mal pensados diríamos que esta selección no se hace en función de la pureza de su origen sino de su grado de oposición a la instalación de explotaciones mineras, embalses o parques eólicos, en el caso de los particulares, y de su grado de afinidad con el color político de la Xunta, para las empresas. Dejo, pues, de lado el análisis pormenorizado de la promesa de vender energía «100 % renovable» a precios más bajos[6], para centrarme en el análisis de la utilidad de la creación de una empresa pública —o semipública— de comercialización de energía eléctrica, no para algunos gallegos sino, para la ciudadanía en su conjunto, y su posible —o improbable— viabilidad.
Recordemos que en el pasado reciente otras iniciativas ciudadanas, municipales, regionales, o incluso protagonizadas por partidos políticos identificados como de izquierdas, han explorado ya la idea de la creación de una comercializadora de electricidad partiendo de la misma idea base: compremos todos juntos, agrupemos nuestras necesidades de energía hasta agrupar la demanda necesaria para obtener el adecuado poder de negociación en el mercado como para conseguir los precios de compra suficientemente económicos. Estos precios —en teoría mucho más baratos que los que se podrían obtener de una comercializadora— se repercutirían en los compradores, reservándose nuestra sociedad el margen de comercialización más bajo posible que asegurara la viabilidad del proyecto.
Pero la realidad es tozuda: si las cosas llegaran a funcionar como muestran los esquemas simplificados existiría alguna posibilidad de supervivencia. Pero la vida es mucho más complicada: sin generación propia, sin distribución propia, sin una de las grandes energéticas detrás, las posibilidades de que esta iniciativa funcione son bastante remotas.
En primer lugar, la energía es un producto extremadamente volátil y sometido a grandes tensiones especuladoras. Para intentar sobrevivir en esta piscina repleta de tiburones la gran mayoría de comercializadoras recurren a la utilización de «coberturas», un producto financiero que les cubre de las variaciones del precio de la electricidad en el mercado diario a cambio de pagar un importe por este seguro. Como es evidente el coste de esta «cobertura» no es el mismo para una comercializadora alternativa como la que se propone que para una comercializadora “de solera”, y vinculada accionarialmente al banco que vende estas coberturas. Y aquí viene una de las decisiones importantes a tomar: si utilizo «coberturas» soy menos competitiva; si no las utilizo el descalabro a corto plazo está asegurado.
En segundo lugar, una comercializadora alternativa que no tenga generación propia tiene un acceso mucho más complicado a los contratos bilaterales de compra de energía conocidos como PPAs[7]. Aunque según la normativa europea una misma empresa no puede generar, transportar, distribuir y vender electricidad —lo que se conoce como «unbundling»—, no hay ninguna ley que prohíba que una empresa de generación, pongamos “IberTrola generación”, pacte con una empresa de comercialización, “IberTrola comercialización” por seguir con el ejemplo, un precio fijo de venta entre ellas. La similitud de nombre y accionariado no debe llamarnos a engaño: son —por lo menos para la UE— dos empresas distintas. Poco importa que con los precios pactados puedan expulsar del mercado a cualquier intruso. El fomento de la competencia, la mejora de la transparencia y la eficiencia, facilitar la regulación y promover la innovación, están suficientemente aseguradas.
Y si todos estos esfuerzos por cerrar a la competencia fallan siempre podremos forzar un movimiento de consolidación. Una adecuada crisis de precios puede hacer que las pequeñas empresas o las cooperativas quiebren al no tener la solidez de un gran grupo empresarial. Es el momento para que la cartera de clientes o la propia empresa quebrada pasen a formar parte de una de las grandes transnacionales. ¿Conspiranoico? No lo creo: un ejemplo cercano de esta estrategia se pudo observar durante la crisis de precios de 2021 en el Reino Unido, con numerosas quiebras de comercializadoras.
Y ya para terminar: que un grupo de ciudadanas organizadas intente montar una comercializadora alternativa, a pesar del previsible resultado de esta iniciativa, tiene su mérito. Que la propuesta de un partido político sea crear una empresa pública de comercialización para “bajar los precios” resulta escandaloso. Especialmente si tenemos en cuenta que los poderes públicos ya tienen en su mano un instrumento —la tarifa regulada—, que le permite definir el precio de la electricidad para la ciudadanía sin romper ninguna norma europea, como demuestra el hecho de que en Francia ya se está haciendo.
Por lo menos mientras no consigamos convencer a la ciudadanía que se queja “del precio de la luz” de que la energía es un derecho, y que el Estado debería ser el garante de ese derecho al acceso a la electricidad a un precio asequible. Para ello debe por una parte remunerar la actividad de generación y transporte de electricidad, y por otra fijar una tarifa que cumpla con los requisitos descritos. Como se recoge en la Ilustración 2: Un organismo estatal, existente o de nueva creación, compra la electricidad generada a un precio acordado, remunera al Operador del sistema, y fija unos precios para la electricidad que aseguren ese acceso para los más desfavorecidos. Quede claro que no hablamos de “bono social” ni parches similares, que muy a la corta han demostrado sobradamente su ineficacia, ni de “pagar el precio real de la electricidad”, concepto este muy discutible, sino de poner el derecho a la energía en el centro del debate.
[1] Unos ochocientos, a ojo de buen cubero.
[2] Damos por supuestas a la comercializadora propuesta las capacidades legal, técnica y económica, establecidas reglamentariamente.
[3] ¡Imagínate si tuvieran que cumplir eso! Y más teniendo en cuenta que la energía es habitualmente menos de la mitad del total de la factura de energía eléctrica
[4] La Xunta ya ha aclarado suficientemente este extremo, aunque no ha detallado quiénes van a poder aprovechar estos precios reducidos. Se habló de un “radio” alrededor de las explotaciones energéticas para el caso de los vecinos, aunque sin concretar ese radio, y apuntando que “habrá que analizar caso por caso”.
[5] La falta de concreción es similar en el caso de las empresas. La «conselleira» aseguró que “el objetivo es centrarse en las pequeñas y medianas, en las microempresas e incluso en los autónomos, y en las de “sectores estratégicos”. Los criterios de inclusión están pendientes de definir, pero según la Xunta, serán “objetivos y transparentes”.
[6] Podríamos preguntarnos si el precio al que hace referencia es al de la energía «100 % renovable» o a generada con cualquier otro procedimiento, o conjunto de procedimientos. La energía eléctrica presente en un instante determinado en un sistema eléctrico interconectado, SEI, no tiene un «color» determinado en función de la tecnología empleada en su generación. No es «verde», ni amarilla, ni gris o incluso gualda. Lo de renovable o no renovable no deja de ser una etiqueta de márquetin, un instrumento creado para promover el uso de energías renovables. Un certificado electrónico emitido por la Administración, que acredita que un megavatio hora (MWh) de electricidad ha sido producido a partir de fuentes renovables o de cogeneración de alta eficiencia. Esencialmente un papel denominado Garantía de Origen (GdO), emitido en España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una comercializadora convencional está obligada a informar sobre los porcentajes de cada una de las fuentes de energía mediante el sistema conocido como «Etiquetado de Electricidad», mientras que un contrato con una «Comercializadora 100% Renovable» asegura que toda la energía que se consume proviene de fuentes renovables.
La CNMC realiza auditorías y controles periódicos para verificar la exactitud de las garantías de origen emitidas y asegurar el cumplimiento de los requisitos.
[7] Un PPA, o Power Purchase Agreement, es un acuerdo a largo plazo entre una empresa de generación de energía y un consumidor. En este acuerdo, el desarrollador se compromete a suministrar energía a un precio fijo durante un período de tiempo específico al consumidor, generalmente una empresa o una comercializadora.
