El pasado 13 de octubre se celebró una gran manifestación en Madrid y otros puntos del Estado que contribuyó a situar de nuevo el grave problema del acceso a la vivienda en la agenda pública. Solo en Madrid, reunió a más de 150.000 personas, según los organizadores. «Los alquileres tienen que regularse», reclama una manifestante venida desde Toledo, Alba Díaz. Esta activista de la red de Jóvenes IU sostiene que «todo el mundo tiene derecho a tener un techo», lo que permite desarrollar un proyecto de vida y salir al mercado laboral sin la angustia de tener que aceptar cualquier cosa para pagar un alquiler imposible.
Incluso, cuando se consigue un alquiler, las condiciones no siempre son óptimas: «apenas se alquilan pisos que sean dignos, que tengan un espacio, que no te entre el olor a la cocina del de arriba, donde tengas un baño para tí…», enumera situaciones que se encuentran muchas personas jóvenes que acaban compartiendo piso en apartamentos diminutos. Los partidos se unieron a los 39 colectivos convocantes, en una reivindicación en la que el Sindicato de Inquilinas dio el pistoletazo de salida para poner en marcha una «huelga de alquileres».
"Viviendadigna
— yay@flautas Madrid (@yayoflautas) October 13, 2024
Qué desilusión, qué desilusión "to" el día trabajando para una habitación!! pic.twitter.com/juRM0pNguv
Un diagnóstico que comparte la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE): «la juventud trabajadora no puede soportar más la emergencia habitacional», señala Sami Khalaf, buen conocedor de la «situación insostenible» que se vive «en Madrid, pero en general en todo el Estado español». Este militante comunista sostiene que las medidas han llegado tarde y que «tuvimos una ley de vivienda que no ha llegado a ninguna parte». Ante la inacción de las instituciones, defiende la importancia de que «las inquilinas, toda la ciudadanía, toda la clase trabajadora, está saliendo a las calles porque no puede más».
Es parte de una juventud que, denuncia Khalaf, es «infantilizada» en ese ciclo sin salida de no poder desarrollar un proyecto de vida propio. Considera tener una casa y un empleo como cuestiones «troncales» para una vida digna, por lo que «si se nos niega, la vamos a liar», expone en apoyo a las demandas de la convocatoria.
«Le decimos al Partido Popular que deje ya de enriquecer a la élite económica y garantice nuestro derecho a la vivienda aplicando la Ley», declaró también la portavoz federal de vivienda de Izquierda Unida, Carolina Cordero, calificando a Ayuso de «insumisa» por no declarar las zonas de alquiler tensionado.
Por parte del PCE, Enrique Santiago criticó al PSOE porque «no tuvo la valentía de aprobar una Ley con mecanismos eficaces». Santiago reclamó dedicar el 1% del PIB a ampliar el parque público de viviendas, así como regular de forma inmediata los precios, sancionando a las Comunidades Autónomas que se nieguen a aplicar la regulación recogida en la Ley.
«La vivienda es un derecho», lema convertido en sentido común
El programa de demandas de esta convocatoria incluía exigencias para todos los niveles de Gobierno. Al Estado central, le reclamaron aplicar la ley de vivienda para limitar los precios en las zonas tensionadas (sin esperar al «visto bueno» de las Comunidades Autónomas), así como implantar el «alquiler indefinido» (que ya existe en otros países europeos como Austria, Finlandia, Alemania, Suecia, Suiza, Bélgica o Dinamarca, entre otros). Así mismo, a la Comunidad de Madrid le reclaman la creación de una ley autonómica de vivienda.
Además, sugieren la necesidad de suspender con carácter inmediato las licencias de pisos turísticos en aquellas zonas que están tensionadas. Y trabajar por que exista una garantía legal real de que no se producen desahucios sin alternativa habitacional. Entre otras demandas, no se olvidan de señalar que toda actuación urbana debe incluir criterios de sostenibilidad ambiental y también aprovechan para recordar la difícil situación de la Cañada Real (reclamando el restablecimiento del suministro eléctrico) y de los vecinos y las vecinas de San Fernando de Henares, cuyas viviendas se vieron afectadas por las obras de la línea 7B de metro.
A todas las administraciones, les reclaman un impulso más fuerte de la construcción de un parque público de vivienda (en régimen de protección social en alquiler), que incluya aquellas que forman parte de la SAREB o que fueron vendidas a fondos de inversión.
Ante el bochornoso pasarse la pelota y/o silvar y mirar hacia otro lado de algunos/as políticos/as y gobernantes que tienen competencias en vivienda en nuestra región, recordamos el decálogo de demandas que presentamos ese día.
— FRAVM (@FRAVM) October 15, 2024
Hay para todas: Comunidad, Ayuntamiento, Gobierno pic.twitter.com/xjWMiTJsiC
El problema de la vivienda se ceba en la juventud
«Es imposible vivir sola si no tienes dos trabajos», explica Katrina Calderón, desde el colectivo Ideas en Guerra. Denuncia el hartazgo de una juventud que no puede emanciparse y que sufre unos alquileres que limitan su capacidad adquisitiva, pero con impactos que van más allá de lo económico. «Redunda en que no podamos crear familias, ni tener amistades o lazos afectivos más fuertes», explica Calderón.
La «juventud adulta», explica esta experta, antes se consideraba hasta los 25 años y se ha ido ampliando hasta los 35 (y más allá) debido a la precariedad y a la falta de una emancipación del hogar familiar que se venía marcando como requisito para esa «independencia» de la vida adulta. Desde esta asociación aspiran a un concepto más ambicioso de vida digna, «lo que queremos es poder dedicarnos al ocio, a pensar, a una serie de actividades que redunden en el bien de todo el mundo» compara Katrina Calderón con la situación mayoritaria de «estar pendientes de un trabajo en el que nos exploten y nos paguen poco» con tal de pagar el alquiler.
«Ama tu barrio y odia a los rentistas», rezaba el lema de la pancarta de Ideas en Guerra, al que esta aguerrida activista añade que «ellos (los caseros) lo hacen por dinero, nosotros (los inquilinos e inquilinas en lucha) por amor». Llama a toda la juventud a «no dar nada nunca por sentado» y pelear por el derecho a la vivienda.
Los sindicatos de clase también han reclamado las zonas tensionadas
«Trabajamos para vivir, no para sobrevivir», denuncia Luis Aunión Durán, secretario de Comunicación y Elecciones Sindicales de la Comarca Sur de CC.OO. Madrid. Las competencias que los ayuntamientos puedan tener son muy limitadas, señala este sindicalista. «Hemos podido proponer en las mesas de negociación que se declaren las zonas tensionadas, pero al final la Comunidad de Madrid no quiere porque fomenta una política neoliberal», explica Aunión.
Este sindicalista indica que esta situación generalizadamente grave empeora aún más en los municipios del sur de Madrid, «como Fuenlabrada, como Getafe, como Parla…sitios en los que los salarios son bajísimos y no tenemos la posibilidad de vivir independientemente». El sindicato CC.OO. exige «la posibilidad de poder vivir, de poder acceder a una vivienda con un alquiler social, con la puesta a disposición de viviendas en los municipios», que acostumbran a hacer políticas que Aunión califica de «cortoplacistas».
Los ayuntamientos madrileños fueron abandonados por Ayuso
También acudió a la movilización el concejal de Seguridad Ciudadana de Alcorcón, David López, quién asiste con pesar a una situación en la que «las hijas de las trabajadoras y trabajadores de nuestra ciudad se ven forzadas a buscarse pisos en otros lados o a no poder emanciparse». Este concejal de Ganar Alcorcón y militante comunista señala a «la especulación salvaje de los fondos de inversión» como una de las causas principales.
Sin embargo, como parte de un gobierno local que ha intentado poner soluciones, sabe bien qué barreras enfrentan las administraciones locales: «Nosotros reclamamos a la Comunidad de Madrid que declarara a Alcorcón como zona tensionada y su respuesta fue negativa, directamente». Ante el bloqueo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, reclama al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España que «nos brinde competencias, herramientas, medios y recursos necesarios y suficientes a los Ayuntamientos para que seamos nosotros directamente los que podamos intervenir en el precio de los alquileres sin tener que pedir permiso a nadie».
Nerviosismo entre el sector inmobiliario e inacción del Gobierno
Días después de esta marcha, varios representantes de empresas inmobiliarias y gestores de pisos turísticos o en alquiler han aparecido en medios para defender el «status quo» frente a los efectos negativos que, según ellos, tendría una mayor regulación del precio de los alquileres.
Una de las intervenciones más comentadas fue la de Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Ante la pregunta de un portavoz del sindicato de inquilinas, reconoció que la empresa no podría afrontar el pago garantizado de la renta a los propietarios, en el caso de que hubiera un seguimiento masivo de la «huelga de alquileres». Carroza trató de tranquilizar a sus clientes diciendo que esa acción era «política ficción», pero no pudo evitar la amplia difusión de ese vídeo (que el Sindicato de Inquilinas acompañó de un formulario en el que apuntarse para organizarse frente a los abusos de los que, según ellos, Alquiler Seguro es uno de los máximos exponentes).
‼️ALQUILER SEGURO RECONOCE QUE NO PODRÁ HACER FRENTE A LA HUELGA DE ALQUILERES
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 15, 2024
🔒 El presidente de la agencia que más humilla y criminaliza a las inquilinas mientras promete renta garantizada a los caseros, se DESMORONA ante una pregunta muy sencilla de nuestro portavoz 👇🏽 pic.twitter.com/pxMTqAMwMC
Por parte del Gobierno, al que se reclamaba la dimisión de la Ministra de Vivienda, se realizaron declaraciones que no aplacaron los ánimos de las organizaciones de vivienda: «estamos ante situaciones dramáticas», reconoció Isabel Rodríguez. En concreto, el presidente Pedro Sánchez se limitó a anunciar 200 millones de euros en bonos para alquiler joven, que ya habían sido aprobados el pasado 3 de octubre.
ÚLTIMA HORA 🔴
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 14, 2024
Pedro Sánchez anuncia una partida de 200 millones de euros en bonos para alquiler joven y un nuevo reglamento contra el fraude en contratos de alojamiento turístico y de temporada https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/UdO6E5Fyqv
También se anunció un nuevo reglamento contra el fraude en contratos de alojamiento turístico y de temporada, que luego la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, limitó en sus efectos a un mero «registro».
