Por fin parece que, ahora sí, podemos estar ante el fin de la ley mordaza. Ayer se aprobó en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley para realizar una profunda reforma y derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.
Esta ley fue aprobada en el año 2015 con el único apoyo del Partido Popular, entonces en el Gobierno, ley que vino a derogar la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Corcuera. Desde entonces han sido numerosas los organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los derechos humanos que ha señalado la ley de 2015 como un notable retroceso en materia de derechos y libertades civiles, lo que por otra parte no era más que la expresión de una estrategia de represión llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy para acallar y disuadir a la población española que se manifestaba contra las fallidas políticas de recortes de los servicios e inversión pública.
Desde el año 2016 tanto IU como el PCE, primero dentro del marco del Grupo Parlamentario de UP y ahora en el GP Sumar, han venido impulsado la modificación de dicha norma, trabajando para desbloquear su tramitación e introducir los cambios necesarios para que nuestro país tenga una normativa de seguridad ciudadana acorde con los máximos estándares de calidad democrática y participación ciudadana en los asuntos del país. Con el acuerdo de Proposición de ley alcanzado recientemente con el Grupo Socialista, EH Bildu, ERC, PNV y BNG se abordaron de forma sustancial muchos de los necesarios cambios, aunque algunas cuestiones quedaron fuera del acuerdo, lo que llevó a Unidas Podemos a registrar algunas enmiendas propias. Los elementos nucleares que vertebran la derogación de la ley en la que actualmente trabaja el PCE, dentro de Unidas Podemos, son los siguientes:
1. Desarrollar un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía, que exige de los poderes públicos la promoción real y efectiva de las condiciones necesarias para garantizar la paz en la vida pública, de acuerdo a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.
2. Garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, libertad de expresión, información, reunión y manifestación, introduciendo en la norma los cambios necesarios para acabar con los artículos que disuaden de ese pleno ejercicio por parte de la ciudadanía y colectivos específicos como el de los periodistas e informadores. En ningún caso podrá sancionarse el mero ejercicio pacífico del derecho de reunión ni la grabación de imágenes de los agentes de la policía y la actuación de la policía se guiará en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables, como las pelotas de goma.
3. Reducir el número de sanciones establecidas en la norma, eliminando aquellas que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos fundamentales, aminorando aquellas que actualmente resultan desproporcionadas, como las relativas al consumo de cannabis. Además se trabaja para reducir la cuantía de la sanciones, establecido criterios claros a la hora de reducir el importe de las sanciones en función de la capacidad de pago de las personas afectadas, de tal forma que paguen más quien más tienen.
4. Adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones, criterios y prevenciones recomendadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales, de tal forma que en las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadanía se rijan por los principios de confianza, servicio público, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.
Con la consecución de estos objetivos, la reforma establecerá un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad de la ciudadanía y garantizar de forma efectiva el libre ejercicio de derechos y libertades, plasmando en la ley el compromiso con la ciudadanía de nuestro país en el establecimiento de un marco democrático avanzado, aunque antes de alcanzar la aprobación de la ley debe seguir el debate y negociación en la comisión en la que se debate la ponencia de la ley. Es cierto que desde algunos grupos parlamentarios de la mayoría de investidura, como Junts y Podemos, se ha anunciado la presentación de enmiendas de mejora que aún deben ser consensuadas y transaccionadas, por lo que desde esta misma semana se establecerán contactos con estos grupos de cara a alcanzar un acuerdo, consenso que poco a poco se va vislumbrando como posible, aunque no será fácil.
Ante los ataques que la modificación de la actual ley está teniendo entre los sectores más reaccionarios del país, urge alcanzar un compromiso con los grupos parlamentarios dispuestos a tener una legislación que garantice el ejercicio de los derechos en un avanzado marco de calidad de democrática, lo que no debiera ser muy complicado si hay voluntad y esfuerzo por todas las partes por lo que los próximos dos meses serán claves para ver el resultado final.
