Valencia vivió ayer una jornada histórica de protesta ciudadana cuando 130.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, tomaron las calles del centro de la ciudad para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su controvertida gestión de la DANA que azotó la región el pasado 29 de octubre y que ha dejado más de 200 víctimas mortales. Fue convocada por 65 organizaciones sociales, cívicas y sindicales, y sumó posteriormente el apoyo de otras 83 entidades, demostrando la fuerza de la sociedad civil.
La indignación popular se materializó en una marea humana sin precedentes, nutrida por columnas de manifestantes que llegaron a pie desde l’Horta Sud, la comarca más devastada por el temporal. Muchos de ellos acudieron todavía cubiertos del barro acumulado durante las tareas de limpieza en las que participaron durante la mañana, portando palas y cubos como símbolo de la autoorganización ciudadana ante lo que consideran una negligente respuesta institucional.
«Mientras comía, el pueblo se ahogaba», coreaban los manifestantes, en referencia a la polémica actuación del gobierno valenciano durante las críticas horas en que se desató el temporal. El grito de «Mazón dimisión» resonó con fuerza entre una multitud que portaba pancartas denunciando la falta de prevención y la tardía respuesta de las autoridades autonómicas.
El manifiesto leído durante la concentración denuncia una cadena de negligencias que comenzó con el silencio institucional ante la alerta roja de AEMET y culminó con un retraso de dos días en la solicitud de ayuda externa, tiempo durante el cual se rechazaron incluso los ofrecimientos de apoyo desde comunidades vecinas como Cataluña y País Vasco.
Entre las exigencias de los manifestantes destaca no solo la dimisión del presidente Mazón, sino también la depuración de responsabilidades judiciales, la garantía de alternativas habitacionales para los afectados y un cambio radical en las políticas de gestión territorial y emergencias. Los convocantes denuncian que la tragedia se agravó por priorizar los intereses empresariales sobre la seguridad ciudadana, al no suspender la actividad laboral y educativa pese a las advertencias meteorológicas.
También establece siete exigencias concretas. Entre ellas destaca la reconversión de pisos turísticos en viviendas para los afectados, el refuerzo del transporte público para quienes han perdido sus vehículos, y la prohibición explícita de construcción en zonas inundables y en la línea de costa. Además, el documento reclama medidas económicas de calado como la condonación de la deuda «ilegítima» para reinvertir en servicios públicos y el aumento de impuestos a las rentas altas.
Un punto especialmente significativo del manifiesto es la exigencia de que se garantice el acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción a todas las personas de rentas bajas, independientemente de su condición administrativa, incluyendo explícitamente a personas migradas y sin seguros. Esta demanda refleja la preocupación por que la recuperación tras la catástrofe no deje a nadie atrás, en un momento en que, según el manifiesto, «el pueblo valenciano se ha visto durante 5 días abandonado a su suerte y abocado a trabajar de forma solidaria y voluntaria».
Esta histórica movilización marca un punto de inflexión en la crisis política desatada tras el temporal, evidenciando el profundo malestar social por una gestión que, según los manifestantes, antepuso los intereses económicos a la vida de las personas. La imagen de miles de ciudadanos recorriendo kilómetros a pie, con sus herramientas de limpieza y cubiertos de barro, se ha convertido en el símbolo de una sociedad civil que exige responsabilidades por la peor catástrofe natural en la historia reciente del País Valencià.
La de Valencia no fue la única manifestación, ya que en Elche, Alicante y Madrid también hubo protestas contra el gobierno de la Generalitat, exigiendo la dimisión de Mazón y de todo su equipo.
