El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha declarado nulos los justificantes emitidos por la Generalitat Valenciana para que los empleados acudieran a sus puestos de trabajo durante los últimos avisos de DANA, a pesar de estar activadas alertas naranja y roja. La medida, firmada por la consellera de Interior y Justicia, Salomé Prada, ha sido calificada como ilegal y contraria a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, provocando la intervención de la Inspección de Trabajo.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha comunicado que la Inspección de Trabajo investigará a las empresas que obligaron a sus empleados a presentarse en sus puestos en condiciones de alerta meteorológica. «No hay salvoconducto que justifique poner en peligro la vida de los trabajadores», ha subrayado. Pérez Rey ha recordado que, según la normativa vigente, ante alertas meteorológicas de nivel naranja o rojo emitidas por la AEMET o el organismo autonómico correspondiente, es obligatorio adaptar las condiciones laborales para proteger la seguridad de los empleados, lo que incluye reducir o modificar el horario de trabajo.
Además, la ley también protege a los trabajadores durante el desplazamiento hacia sus puestos, por lo que cualquier orden que implique riesgos, como la circulación de vehículos de reparto, también se considera una infracción. El secretario de Estado ha confirmado que ya se han abierto 80 expedientes y que el despliegue de la Inspección de Trabajo será exhaustivo, sin importar el tamaño o sector de las empresas investigadas.
La actuación de la Generalitat Valenciana, que ya había permitido salvoconductos similares durante el temporal del 29 de octubre, ha generado indignación. Pérez Rey ha reprochado al gobierno autonómico haber contravenido la legislación estatal y ha recordado al presidente Mazón que las competencias en materia de prevención de riesgos laborales son exclusivas del Estado. «Nadie puede jugarse la vida yendo a trabajar bajo estas condiciones», ha sentenciado, reiterando el compromiso del Ministerio con la protección de los trabajadores.
En los próximos días, se espera que continúen las investigaciones y se tomen medidas contra las empresas que hayan puesto en riesgo la integridad de sus empleados al obligarlos a trabajar en plena alerta meteorológica.
