Desde hace más de una década, los barrios periféricos de gran número de ciudades españolas sufren periódicos cortes de suministro eléctrico que privan a sus residentes de los derechos y servicios más básicos: desde la adecuada climatización, hasta la higiene, la preparación y conservación de los alimentos, las comunicaciones o el estudio. Esta problemática va a ser debatida esta tarde en el Congreso de los Diputados, a raíz de la proposición no de ley presentada por el grupo plurinacional de Sumar.
Sumar denuncia a través del texto registrado, que esta situación que sufren decenas de barrios de todo el estado, pero especialmente en Andalucía, supone un constante incumplimiento de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. En efecto, la norma prevé que si la baja calidad de la distribución de una zona es continua o pudiera producir consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el servicio eléctrico, la Administración General del Estado requerirá que los planes de inversiones presentados por las empresas distribuidoras presenten actuaciones que impulsen la mejora de la calidad de servicio en dicha zona. Pese a esto, tal y como indica el ponente de la proposición y Diputado por la provincia de Sevilla, Francisco Sierra, “a día de hoy los apagones y falta de suministro son crónicas en los barrios más pobres de Andalucía y otras comunidades del Estado sin que los poderes públicos actúen consecuentemente.”, por lo que reclaman una intervención decidida de la administración.
En este sentido, La proposición insta al gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento energético en los barrios que están sufriendo cortes en el suministro por parte de las compañías eléctricas, así como para hacer efectiva la obligación que éstas tienen de modernizar sus infraestructuras. También plantea la necesidad de revisar las compensaciones que están recibiendo de las distribuidoras las familias afectadas por los cortes de luz. Dichas compensaciones, pueden llegar a ser tan ridículas como devolver a una abonada once euros por 27 cortes de luz con una duración acumulada de 120 horas. “Estas cuantías no sólo no resultan proporcionales a los perjuicios que dichos cortes, prolongados, reiterados y crónicos generan a los afectados, sino que son un verdadero maltrato y un desprecio al sufrimiento de las familias”, apostilló Francisco Sierra.
No obstante su importancia, el ponente subraya que “los cortes de luz son sólo el síntoma más extremo del olvido y marginación de estos barrios, caracterizados por un continuo deterioro de los servicios públicos que alimenta una espiral de segregación, marginación, violencia e inseguridad pública.” En efecto, los barrios afectados por cortes de luz son también aquellos donde se acumulan el desempleo y el fracaso escolar y se dan problemáticas de infravivienda y pobreza del espacio público, junto a una débil presencia del Estado, tanto por los deficitarios servicios públicos como por el deterioro consentido de la convivencia y seguridad ciudadana.
Por ello, la PNL insta también al gobierno a poner en marcha un proyecto de ley de rehabilitación de los barrios con menor renta. Una ley que debería regular su identificación y la elaboración de planes de transformación integral que abarcaran desde la rehabilitación de la vivienda y el espacio público hasta la garantía de suministros, la mejora de los servicios públicos de transporte, salud, educación y seguridad ciudadana, así como planes de formación y empleo y de desarrollo económico.
Finalmente, Sierra ha destacado que esta propuesta es coherente con el programa de Sumar, que planteaba un plan de choque en barrios vulnerables, pero también con el espíritu del acuerdo de gobierno y sus múltiples medidas orientadas a reducir las desigualdades y mejorar la cohesión social en todo el país.
