El 6 de agosto, las cuatro fuerzas de seguridad federales de Argentina despejaban con gases lacrimógenos y balas de goma la plaza del Congreso, donde una multitud se concentraba para frenar la mayor operación de venta de patrimonio de la historia reciente del país. Del otro lado de los disturbios, en el Senado, varios legisladores cambiaron su voto por la presión popular y el Ejecutivo libertario solo pudo aprobar una versión mutilada de su ley estrella. Lo que quedó fuera era el corazón del texto: permitir que cualquier particular o empresa extranjera comprase tierra argentina sin límite de hectáreas y en cualquier punto del país, incluidas zonas de frontera, cordillera o reservas de agua dulce.
Desde 2011 rige una ley que pone techo a esas compras: los extranjeros no pueden poseer más del 15% del suelo rural argentino ni acumular más de 1.000 hectáreas en la zona agrícola más fértil. Hoy hay 13,2 millones de hectáreas en manos foráneas, casi el 5% del país. El proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, borraba esos topes. Cuando la protesta creció, Patricia Bullrich —exministra de Seguridad y hoy jefa de los senadores libertarios— ofreció rebajarlos a un 25% por provincia. Tampoco les sirvió: cuatro gobernadores aliados retiraron su apoyo y el capítulo se cayó. Del proyecto sobrevivieron los desahucios exprés, que aún esperan ser convalidados en la cámara de Diputados.
La calle y el protocolo
Pero detrás de esta derrota legislativa, que la represión desdibujó, hay tres años de un gobierno ultra, el del libertario Javier Milei, que ha conseguido aplicar con éxito gran parte de su programa.
El uso de la violencia contra los manifestantes el pasado agosto no fue una excepción. A los pocos días de asumir, en diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad de Milei aprobó el llamado protocolo antipiquetes, que autoriza a las fuerzas federales a despejar cualquier corte de calle, un método de protesta con un siglo de historia. Amnistía Internacional contabilizó 1.155 heridos en las quince manifestaciones que analizó durante su primer año. En la marcha semanal de jubilados del 12 de marzo de 2025 hubo 114 detenidos —una jueza ordenó liberarlos a todos— y un fotoperiodista con fractura de cráneo. El 6 de agosto, el instituto de estudios de la CTA Autónoma contó 1.500 heridos y 29 detenidos; fuentes policiales admitieron una docena de arrestos.
Todo forma parte del mismo plan. Empezó con un megadecreto, el 70/2023, firmado a los diez días de asumir, que derogó o modificó más de 300 normas. Siguió la Ley Bases de 2024, que concedió a Milei poderes especiales, autorizó privatizar ocho empresas públicas y creó el RIGI, un régimen que garantiza a las grandes inversiones treinta años de estabilidad fiscal y libertad para sacar del país sus dólares. En febrero llegó la reforma laboral: abarata el despido, recorta vacaciones y limita el derecho de huelga. La CGT paró y la recurrió por inconstitucional.
El socio de Washington
La otra pata es exterior. Cuando el peso argentino se tambaleaba antes de las legislativas de octubre de 2025 y Argentina renovaba parcialmente su Congreso y Senado, el Tesoro estadounidense salió al rescate de su dócil aliado con una suerte de préstamo de 20.000 millones de dólares y compras directas de pesos. Una inyección de líquido para que Milei pudiese calmar la economía y prometer a los electores un futuro mejor.
La factura llegó en febrero: un acuerdo comercial que deja en cero los aranceles argentinos para 221 productos estadounidenses y abre cuotas para automóviles, autopartes y carne. Milei ganó aquellos comicios con el 40,66% y su bancada pasó de 43 a 97 diputados.
El escenario de octubre de 2027, cuando en el país sudamericano volverán a abrirse la urnas para elegir presidente, sigue abierto. La pobreza se sitúa en el 30% y la calle acaba de arrancarle al Gobierno su ley más ambiciosa. Además, un 32% de la población sufre inseguridad alimenticia según la FAO.
El problema de quienes quieren desalojarlo está en su propia casa: el peronismo llega dividido entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el aparato de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, sin candidato ni programa común. Si compite fragmentado, la reelección de Milei deja de ser una hipótesis y pasa a ser una realidad más que plausible.
