La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar este jueves contra el médico que denunció la alteración de las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal.
Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha definido el caso como “el bulo del culo de la semana” y ha defendido la versión de su Gobierno, que atribuye al propio cirujano la modificación irregular de la prioridad de 57 pacientes.
“Es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas”, ha afirmado Ayuso, antes de añadir que el facultativo tiene expedientes disciplinarios abiertos y que se le conoce por haber “reventado el coche” de su jefe.
La presidenta ha respaldado así las explicaciones ofrecidas el miércoles por la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Según la versión de la Comunidad, el médico habría rebajado la prioridad de los pacientes para trabajar menos y evitar intervenir casos de mayor complejidad. Matute aseguró que los responsables del centro detectaron la supuesta irregularidad y apercibieron al facultativo por escrito.
Sin embargo, la investigación periodística que destapó el caso ha publicado documentos y correos internos que apuntan en otra dirección. Según EL PAÍS, las comunicaciones y registros del sistema informático atribuyen los cambios de prioridad al jefe de servicio de Traumatología y a la dirección médica del hospital, y no al cirujano que denunció los hechos.
57 pacientes pasaron de prioridad preferente a normal
Los hechos se remontan a febrero y marzo de 2025. Durante ese periodo, 57 pacientes que figuraban con prioridad preferente en la lista quirúrgica de Traumatología fueron clasificados como pacientes de prioridad normal. El cambio suponía ampliar el plazo previsto para su intervención de menos de 90 días a menos de 180.
Los documentos publicados por el diario recogen anotaciones del personal administrativo que señalan cambios realizados “por indicación” del jefe de servicio o “por orden” de Traumatología y de la dirección médica. La Comunidad de Madrid ha anunciado diligencias informativas para esclarecer lo sucedido, aunque tanto Ayuso como Matute han defendido públicamente que no existe una manipulación generalizada de las listas de espera.
El caso ha provocado también la intervención del Ministerio de Sanidad, que ha reclamado información a la Comunidad para determinar si lo ocurrido responde a un episodio concreto o puede afectar a un ámbito más amplio.
La oposición vincula el caso con la gestión sanitaria
La polémica ha protagonizado buena parte del enfrentamiento entre el Gobierno madrileño y la oposición durante el pleno. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha calificado de “criminal” la alteración de la prioridad de los pacientes y ha rechazado que pueda considerarse simplemente un conflicto entre profesionales.
Ayuso ha respondido acusando a la izquierda de actuar desde la “desesperación” y de basar sus críticas en “mentiras”. También ha reivindicado la gestión de su Ejecutivo y ha atacado a Más Madrid, al que ha acusado de no presentar propuestas y de generar “miseria” allí donde gobierna.
El pleno ha dejado además otro enfrentamiento en torno a la inmigración. En respuesta a Vox, Ayuso ha asegurado que prefiere atender a una persona rumana que lleve años trabajando y contribuyendo en Madrid antes que a un español al que ha definido como “delincuente, okupa” y que no respete la ley. “Para mí todos somos iguales en esta región, vengas de Rumanía o de Boadilla del Monte”, ha afirmado.
La sesión ha evidenciado así el choque entre el Gobierno madrileño y la oposición en torno a dos asuntos diferentes: la gestión de las listas de espera y las acusaciones sobre falta de transparencia. Mientras la Comunidad sostiene que el caso del Ramón y Cajal responde a la actuación de un profesional concreto, los documentos difundidos públicamente y los testimonios recogidos sitúan el foco en decisiones adoptadas desde la estructura directiva del hospital. La investigación abierta por la propia Administración deberá determinar qué ocurrió y quién fue responsable.
