El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que establece nuevos derechos laborales frente a los efectos del cambio climático y otras catástrofes. La norma garantiza la seguridad laboral de las personas trabajadoras mediante permisos climáticos remunerados, protocolos obligatorios en los convenios colectivos y medidas para reforzar la prevención de riesgos laborales.
Entre las novedades más destacadas, las personas trabajadoras contarán con permisos remunerados de hasta cuatro días en caso de que no puedan acceder a su puesto de trabajo por riesgo grave e inminente, catástrofes naturales o restricciones de desplazamiento impuestas por las autoridades. Si este periodo resulta insuficiente, las empresas podrán justificar su situación mediante un ERTE de fuerza mayor, facilitando la corresponsabilidad pública para proteger el tejido productivo.
La norma introduce la obligatoriedad de que todos los convenios colectivos incluyan protocolos de actuación frente a situaciones de emergencia climática o catástrofes. Estos protocolos deberán recoger medidas específicas de prevención de riesgos laborales y garantizar que las decisiones tomadas para proteger a las personas trabajadoras no supongan perjuicio alguno para ellas.
Asimismo, la representación legal de los trabajadores tendrá derecho a ser informada de las medidas previstas ante alertas por fenómenos meteorológicos adversos y, en caso necesario, podrá detener la actividad laboral para salvaguardar la seguridad de las personas.
Si la actividad de la empresa lo permite, se podrá optar por el trabajo a distancia de acuerdo con la Ley 10/2021. Además, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a desarrollar en un plazo de 12 meses un Real Decreto que aborde específicamente la prevención de riesgos laborales relacionados con los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.
Con estas medidas, el Gobierno pretende no solo responder a los desafíos inmediatos del cambio climático, sino también sentar las bases de un marco laboral adaptado a las nuevas realidades ambientales y sociales, reforzando los derechos de las personas trabajadoras y la corresponsabilidad en tiempos de crisis.
