La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una organización profesional militar reconocida oficialmente, ha firmado un controvertido convenio de colaboración con Desokupa, la empresa dirigida por el ultraderechista Daniel Esteve. El acuerdo, anunciado en la web de ATME, incluye un descuento del 50% para sus más de 4.000 asociados en los cursos de seguridad ofrecidos por Desokupa, así como en sus servicios de desalojo extrajudicial de viviendas.
ATME ha enmarcado esta alianza dentro de sus esfuerzos por facilitar la permanencia de sus miembros en las Fuerzas Armadas o su reincorporación a la vida civil. Sin embargo, la elección de Desokupa como colaborador ha suscitado una ola de críticas debido al historial de la empresa, conocida por utilizar métodos coercitivos e incluso agresivos en el desalojo de viviendas. Además, el Club Desokupa no figura en el Registro Nacional de Seguridad Privada, lo que significa que los cursos ofertados no están homologados por el Ministerio del Interior.
La firma de este convenio llega pocos meses después de otro acuerdo similar suscrito entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). En aquella ocasión, el anuncio de que Daniel Esteve entrenaría a agentes policiales provocó la condena de otros sindicatos, como Jupol y APR, que consideraron la colaboración como una amenaza a los valores democráticos y una injerencia inaceptable en la formación policial. Aunque el Ministerio del Interior investigó aquel convenio, finalmente archivó el caso.
En el contexto actual, la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe contundente en el que exige la anulación del acuerdo entre ATME y Desokupa, señalando la «falta de legitimidad de la asociación y el propio objeto del convenio». Este informe pone en entredicho tanto la legalidad como la idoneidad de un acuerdo que, según numerosos críticos, refuerza la influencia de la ultraderecha en el seno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado.
ATME, por su parte, ha defendido el convenio, argumentando que ofrece «una oportunidad única para mejorar la formación y las competencias de sus asociados». Sin embargo, la falta de homologación oficial de los cursos y las dudas sobre la legalidad del acuerdo complican su permanencia.
Este nuevo escándalo subraya la necesidad de una regulación más estricta sobre los convenios suscritos por organizaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, así como una vigilancia más activa para prevenir que intereses partidistas erosionen la neutralidad y la integridad de estas instituciones.
