«No les basta con gobernar para los ricos: quieren que paguemos su crisis». Bajo esta consigna, miles de personas colmaron este domingo las principales ciudades españolas en una jornada de protesta convocada por CCOO y UGT. Las movilizaciones, celebradas el 2 de febrero, respondieron al voto en contra de PP, Vox y Junts al Real Decreto-Ley 9/2024, que el 22 de enero dejó sin efecto temporalmente la revalorización de pensiones, el ingreso mínimo vital (IMV), las ayudas al transporte y la moratoria de desahucios, afectando a 39 millones de personas.
Aunque el Gobierno logró revalidar las medidas el 28 de enero mediante el nuevo RDL 1/2025, las organizaciones convocantes insistieron en que la protesta era «una advertencia»: «No permitiremos más ataques a los derechos conquistados», clamó Unai Sordo, secretario general de CCOO, ante una Plaza de Neptuno abarrotada en Madrid.
El bloqueo parlamentario de la derecha y la extrema derecha dejó en el aire, durante seis días críticos, medidas clave como:
- La subida del 2,8% en pensiones (12 millones de beneficiarios).
- El Ingreso Mínimo Vital (3 millones de personas).
- Las ayudas al transporte público (24 millones de usuarios).
- La moratoria de desahucios sin alternativa habitacional.
- Las subvenciones a suministros básicos para hogares en pobreza energética.
- Las ayudas a familias afectadas por la Dana.
IU acusó a PP, Vox y Junts de actuar como «brazo político de la oligarquía» al priorizar el «interés de las grandes fortunas» sobre el bienestar social. «Su único proyecto es hacer caer al Gobierno, aunque sea hundiendo a la ciudadanía», señalaron desde la manifestación.
Desde todos los rincones del país, en las calles con CCOO y UGT.
— Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) February 2, 2025
Porque con nuestros derechos no se juega y solo la movilización garantiza avances.
📢 Seguimos en la lucha. Que no nos jodan la vida.#SonDerechosNoUnJuego pic.twitter.com/9M6eL7AaYd
Aunque el RDL 1/2025 está en vigor, las organizaciones advierten de que la derecha podría recurrir al Constitucional o bloquear su desarrollo. «No bajaremos la guardia», prometió Pepe Álvarez (UGT), mientras CCOO anunció una campaña para «vigilar» su aplicación.
