Investigan un contrato adjudicado sin competencia a la empresa de José Manuel Soto

La Oficina Andaluza Antifraude ha emitido una resolución en la que se confirman irregularidades en la adjudicación de un contrato menor a la empresa Caminos de Andalucía S.L., vinculada al cantante José Manuel Soto, por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. La investigación ha revelado la falta de transparencia y concurrencia en el proceso de contratación, consolidando así un nuevo caso de amiguismo en la administración andaluza.

El contrato, valorado en 14.762 euros, se concedió sin competencia real, sin acreditar la solvencia técnica necesaria y sin que la empresa contara con experiencia previa en la gestión de proyectos como «Caminos del Rocío», iniciativa impulsada por el propio Soto y financiada con fondos públicos.

La investigación, promovida por el grupo parlamentario Por Andalucía, cuestiona el uso de recursos públicos para beneficiar a una persona próxima a Moreno Bonilla. En la resolución, la Oficina Antifraude concluye que la empresa adjudicataria «carecía de capacidad para actuar en el tráfico mercantil en actividades ajenas al ámbito artístico musical», evidenciando su «falta de idoneidad y capacidad» técnica para el contrato otorgado.

El informe detalla que la Junta no solicitó las tres ofertas recomendadas en este tipo de procedimientos, lo que permitió la adjudicación directa a Caminos de Andalucía S.L. Además:

• La empresa carecía de solvencia técnica en el momento de la adjudicación, ya que su objeto social estaba limitado a actividades artísticas y musicales, sin relación con el diseño de rutas o la planificación turística.
• El objeto del contrato presentaba una formulación ambigua y contradictoria, oscilando entre «servicio técnico de marketing» y «asistencia técnica para el diseño del proyecto Caminos del Rocío».

Uno de los aspectos más alarmantes es que la empresa de Soto modificó su objeto social un año después de recibir la adjudicación del contrato, ampliándolo para justificar su idoneidad de forma retroactiva. Para la Oficina Andaluza Antifraude, este hecho refuerza las sospechas de que se trató de un contrato hecho a medida, sin garantías de transparencia.

La resolución de la Oficina concluye que este «vicio» en el proceso de adjudicación conlleva la nulidad del contrato, instando a la Junta a revisar de oficio su decisión. La administración andaluza tiene un plazo de seis meses para remitir a la Oficina Antifraude una resolución que anule el contrato.

Este escándalo pone de manifiesto las deficiencias en la contratación pública durante el mandato de Moreno Bonilla. Desde el grupo Por Andalucía han exigido explicaciones y dimisiones, señalando que este caso es una nueva muestra del uso arbitrario de recursos públicos en beneficio de personas afines al gobierno del PP andaluz. La ciudadanía, dicen, merece una administración limpia, transparente y sin favoritismos.