Este febrero se cumplen cinco años de la pandemia de COVID-19 que asoló al mundo, por lo que puede ser interesante echar un vistazo a lo que ocurrió antes, durante y tras la pandemia con nuestra sanidad, así como ver las medidas que se han tomado o que se deberían de tomar de cara a una crisis sanitaria similar en el futuro.
ANTES DE LA PANDEMIA
Tras la crisis financiera del 2008 se produjo un recorte en los servicios públicos, y en concreto, en el presupuesto sanitario público, que en el año 2009 era del 6,77% del PIB frente al 5,9% en el año 2020. Este recorte presupuestario se plasmó en medidas restrictivas como una reducción al acceso a la cobertura universal de salud, copagos en ciertos medicamentos, reducción de plantillas del personal sanitario y el deterioro de sus condiciones de trabajo con precarización en gran parte de las mismas, contratos laborales temporales y de corta duración, de unos días o semanas, y un déficit de personal, sobre todo de enfermeras (5,7 por mil habitantes frente a 8,5 de media en la UE) y de médicos, principalmente en Atención Primaria y Comunitaria, en la que muchos de sus profesionales son de una edad próxima a la jubilación.
A esta situación se añade la tendencia a la provisión privada de la Sanidad, de acuerdo con el paradigma neoliberal de recorte de gasto social y sanitario junto a un proceso de mercantilización y privatización de los servicios públicos, deteriorando así los derechos sociales y la calidad de vida de la clase obrera. Un ejemplo sería la Comunidad de Madrid, en la que se hicieron recortes y reformas sin ninguna planificación, construyendo siete nuevos hospitales públicos de gestión privada reduciendo simultáneamente camas en los hospitales públicos dando lugar a una reducción del número total de camas.
Como consecuencia de esta situación el número de víctimas del COVID-19 en nuestro país fue muy elevado, demostrándose la existencia de una correlación entre menor gasto público en salud y el número de muertos por millón de habitantes, debido a un menor número de camas hospitalarias y menor número de personal sanitario, existiendo también una correlación entre menor gasto en salud pública y mayor índice de GINI (que mide la desigualdad social).
DURANTE LA PANDEMIA
Nuestro sistema sanitario es evidente que no estaba preparado para hacer frente a una emergencia sanitaria como fue la pandemia del COVID-19 (carencia se equipos de protección individual para los sanitarios, falta de mascarillas para la población general en las fases iniciales de la primera ola de la pandemia, déficit de recursos para enfermos crónicos, mala coordinación entre la atención primaria y la social, etc) agravado por el estado de pauperización de la sanidad pública tras años de recortes y privatización causado por la crisis económica y el modelo neoliberal imperante en las políticas de nuestro país tras la crisis del 2008.
Las consecuencias de esta situación fueron unos cinco millones de contagios, 43.891 ingresos hospitalarios en planta y 42.138 en UCI y 87.680 fallecidos. Todo esto se vio reflejado en los distintos indicadores sanitarios:
—Descendió la esperanza de vida; pasó de 83,9 años en 2029, a 82,4 años en 2020.
—Hubo un exceso de mortalidad; un indicador del impacto de la pandemia en muertes que incluye tanto las muertes por COVID-19 confirmadas como las causadas por COVID-19 no confirmadas y que no se notificaron correctamente, así como las muertes por otras causas atribuibles a las condiciones causadas por la crisis sanitaria, por lo que el exceso de muertes por 100.000 habitantes supera en un 40% a las muertes por COVID-19.
—Las listas de espera se incrementaron un 22% en el año 2020 respecto al anterior, pasando de 121 días a 148. También aumentó en Atención Primaria pasando de 5,9 días en el año 2019 a 10,8 en 2021.
—La actividad quirúrgica también sufrió un descenso de un 36% en el año 2020 respecto al 2019 debido a que un tercio de las intervenciones programadas se tuvieron que posponer o cancelar.
—El gasto sanitario corriente como porcentaje del PIB sufrió un incremento al pasar del 6,1% del PIB en el año 2019 al 7,6% en el 2020, es decir un aumento de un 1%, lo que representó pasar de 75.682,1 millones de euros en 2019 a 84.007,3 millones en 2020. Así mismo el gasto farmacéutico sufrió un incremento de un 3% en 2020 con respecto al anterior, en respuesta a la crisis sanitaria originada por la pandemia.
Sin embargo, otros indicadores mejoraron como:
—Los accidentes de tráfico: sufrieron una caída de un 21% de fallecidos entre el 2019 y el 2020 así como el de heridos hospitalizados que disminuyó un 22% en el mismo periodo, la causa de este descenso se atribuye al impacto de las restricciones en la movilidad debido al estado de alarma.
—La siniestralidad laboral también sufrió un descenso de un 1% entre el año 2019 y el 2020 debido al aumento del teletrabajo y a la supresión forzada de contratos por ERTES.
También la pandemia se vio reflejada en otros indicadores económicos, que en el fondo están también relacionados con la salud: la tasa de pobreza aumentó un 1% respecto al 2019, estando el 26,4% de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Esto repercutió en la tasa GINI, basada en la distribución de las rentas y en las tasas de pobreza y exclusión social, estando España entre los países más desiguales de la UE.
Ante esta situación nuestro sistema sanitario, que como se mencionaba anteriormente, no estaba preparado para una emergencia sanitaria de la magnitud de la pandemia de COVID-19, demostró una gran resiliencia ya que un sistema descapitalizado y falto de recursos frente a la pandemia, sobre todo en los primeros momentos, dio muestras de una gran capacidad de autogestión, pasando a ser el SNS el protagonista de la agenda política.
Fue necesario una adaptación del SNS a las nuevas circunstancias sanitarias, así a partir de la declaración de estado de alarma la autoridad en materia sanitaria quedó en manos del gobierno central y del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, activándose la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial para la coordinación de las consejerías de salud de las CC.AA., pasando de una gobernanza autonómica a una centralizada.
Se produjo una reorganización de la asistencia sanitaria en los distintos niveles:
—La Atención Primaria se reorientó a la realización de pruebas COVID y a la gestión de las ILT.
—La asistencia hospitalaria fue predominante, siendo en los picos de la pandemia, exclusivamente dedicada a la pandemia, debido al volumen de los casos, así como por la necesidad de establecer unas condiciones de aislamiento adecuadas. Se tuvo que cambiar unidades enteras para la atención de los pacientes COVID, así como añadir nuevas UCIS.
—Especial importancia tuvieron las residencias de mayores pues en ellas se produjo una mayor mortalidad, ya que la frecuencia de la enfermedad era mayor en los pacientes de más de 65 años, junto con la toma de decisiones polémicas y cuestionables, como ocurrió en la Comunidad de Madrid, lo que provocó en la primera ola un 50% de mortalidad.
Hay que destacar la importancia de la campaña de vacunación que comenzó con los grupos prioritarios, los mayores de 80 años y los colectivos vulnerables, sobre todo residencias de mayores, progresivamente el acceso a las vacunas se fue extendiendo hasta alcanzar a cerca del 60% de la población a finales del 2021, contribuyendo a la ralentización del ritmo de transmisión de la infección.
DESPUES DE LA PANDEMIA
Ya han pasado 5 años y se han organizado comisiones de expertos que han elaborado múltiples informes sobre medidas a tomar en previsión de futuras pandemias, pero a día de hoy pocos cambios reales han ocurrido.
Creemos que es de especial prioridad.
—Dotar de recursos suficientes al SNS, reformando el sistema de financiación con el fin de distribuir mejor los recursos a las comunidades autónomas, así como reformar los fondos específicos, facilitando la cohesión del sistema.
—Fortalecer la salud pública, impulsando la investigación y la innovación, así como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, con los recursos adecuados, como ya establece la Ley General de Salud Pública y para la que aún no se ha designado la sede, a pesar de que desde agosto del 2022 se aprobó el anteproyecto de ley para su creación.
—Reforzar la Atención Primaria y Comunitaria, base de nuestro sistema sanitario, con los recursos adecuados, así como la elaboración de un nuevo modelo que tenga en cuenta los cambios demográficos, lo que implica una especial atención a la cronicidad, así como la crisis climática, para esto se tienen que planificar equipos multidisciplinares.
—Elaboración de una estrategia de salud mental, siempre relegada de nuestro sistema sanitario, con actuaciones preventivas y de promoción de la salud.
—Necesidad de planificación para la salud en la industria farmacéutica (gratuidad, disponibilidad de patentes, etc.)
—Elaboración de una estrategia sobre cronicidad.
—Elaboración de un Plan Nacional de Respuesta a Emergencias.
—Inversión para la creación de una reserva estratégica sanitaria y de recursos diagnósticos.
—Planificación, organización y gestión de recursos humanos, acabando con la precariedad y la temporalidad.
—Dotar de mayor eficacia al sistema con mayor flexibilidad y autonomía.
Y para acabar hay que tener en cuenta que si todas estas propuestas sanitarias y otras muchas que se podrían enumerar son importantes, no hay que olvidar que aún más importante para nuestra salud es actuar sobre los condicionantes sociales (vivienda, empleo, educación, etc) para evitar que futuras pandemias tengan los trágicos resultados que ha tenido la del 2020.
