El derecho a la vivienda digna es un principio recogido en la Constitución Española de 1978. Su artículo 47 establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Sin embargo, más de 4 décadas después, este derecho sigue siendo papel mojado. Mientras miles de familias sufren desahucios, alquileres impagables y precariedad habitacional, el régimen liberal de 1978 ha permitido y protegido otro tipo de ocupaciones, aquellas que garantizan el poder y la riqueza de unas élites que nunca han rendido cuentas ante el pueblo.
Mientras los partidos del 78, y los medios de comunicación afines, criminalizan a familias que ocupan viviendas vacías para no dormir en la calle, se omiten ocupaciones mucho más graves, aquellas que han saqueado lo público y han convertido en privilegio lo que debería ser un derecho:
• Ocupación del poder judicial que se ha convertido en un instrumento de las élites para blindar sus intereses. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estado años bloqueado porque el PP y PSOE lo usan para sus intereses, garantizando que el poder judicial siga controlado por jueces afines a sus intereses. Mientras protegen a corruptos y especuladores, persiguen a quienes luchan por sus derechos y criminalizan la protesta social.
• Ocupación de la Iglesia católica sobre propiedades inmatriculadas que ha ocupado ilegalmente miles de inmuebles mediante un escandaloso proceso de inmatriculaciones. De 1998 a 2015, gracias a una reforma del gobierno de Aznar, registraron a su nombre bienes de incalculable valor histórico y patrimonial sin demostrar propiedad previa. Catedrales, plazas, casas y terrenos que pertenecían al pueblo han sido expropiados en favor de una institución que no ha pagado ni un euro por ellos.
• Ocupación de la Casa Real: No hemos votado a los Borbones, pero ahí siguen, ocupando la Jefatura del Estado como herederos del franquismo. Se nos niega el derecho a decidir sobre el modelo de Estado mientras la monarquía disfruta de privilegios, opacidad y financiación a costa del pueblo trabajador. El Palacio de la Zarzuela es una ocupación en toda regla, un edificio público convertido en propiedad privada de una familia impuesta.
• Ocupación de la sede del Partido Popular en la calle Génova: Construida y reformada con dinero negro procedente de una red de corrupción que saqueó fondos públicos, la sede del PP es un símbolo del expolio sistemático al pueblo español. Y, sin embargo, ni ha sido desalojada ni embargada. Sigue funcionando como si nada, ocupada por quienes se han lucrado con sobresueldos y financiación ilegal.
• Ocupación de la banca con el rescate financiero: En 2012, el gobierno del PP rescató a los bancos con más de 60.000 millones de euros de dinero público. Hoy en día, ese dinero no ha sido devuelto y las mismas entidades siguen desahuciando a familias sin contemplaciones.
• Ocupación de los derechos de la clase trabajadora en favor de la deuda: En 2011, en plena crisis económica, PP y PSOE reformaron el artículo 135 de la Constitución de forma exprés y sin consulta popular para priorizar el pago de la deuda sobre cualquier gasto social. Desde entonces, cualquier inversión en vivienda pública, sanidad o educación está subordinada a los intereses de los mercados y los acreedores. Fue la mayor expropiación de derechos en democracia, y la hicieron quienes decían defender la Constitución.
• Ocupación de la plusvalía por la patronal y el capital: Mientras la clase trabajadora ve cómo sus salarios pierden poder adquisitivo y la precariedad se generaliza, las grandes empresas y bancos baten récords de beneficios año tras año. En 2023, los beneficios empresariales aumentaron a un ritmo muy superior al de los salarios. La patronal y el capital financiero ocupan cada vez una mayor parte de la riqueza generada por los trabajadores sin que esto se traduzca en mejores condiciones de vida. Se apropian del fruto del trabajo ajeno mientras la clase obrera sufre desahucios, inflación y explotación.
Por tanto, mientras las élites ocupan sin legitimidad ni justicia, la clase trabajadora es perseguida por defender su derecho a la vivienda. Se nos dice que la propiedad privada es sagrada, pero no cuando se trata del saqueo de lo público por parte de la monarquía, la Iglesia o el capital financiero. El régimen del 78 nunca ha garantizado el derecho a la vivienda porque su función ha sido proteger los intereses de especuladores, fondos buitre y constructoras. No se han expropiado viviendas vacías en manos de bancos, no se ha regulado el alquiler de manera efectiva y no se ha implementado un parque público de vivienda social. En lugar de cumplir la Constitución en favor del pueblo, se usa el aparato del Estado para castigar a quienes se organizan y resisten.
Frente a su ocupación de los espacios de poder, toca recuperar lo que es nuestro. La vivienda no puede ser un negocio; la justicia no puede ser un coto privado de jueces al servicio de la oligarquía; la Iglesia no puede seguir disfrutando de propiedades robadas; la monarquía no puede seguir ocupando un trono sin legitimidad popular. La única ocupación legítima es la de quienes, frente a la miseria impuesta, toman lo necesario para vivir con dignidad.
Es hora de darle la vuelta a la historia: recuperar la vivienda, la democracia y el país para la clase trabajadora.
