Hace ya más de año y medio que se celebraron las elecciones del 23 de julio de 2023, unas elecciones que depararon un resultado muy ajustado pero que beneficiaba a las fuerzas democráticas, aunque sin consolidar una mayoría netamente progresista.
Llegar hasta hoy con la legislatura viva y con vocación de continuidad no ha sido fácil, en especial en todo lo que tuvo que ver con la negociación y aprobación de la ley de amnistía, ley transitada por un camino tortuoso, complejo y a veces al borde de la ruptura, pero que finalmente deparó un acuerdo que, como hemos visto, ha beneficiado la convivencia en Cataluña. Pese a los cálculos e intereses partidistas de la derecha y la extrema derecha, que llevaron el debate acerca de la ley de amnistía a un clima de confrontación y crispación, impulsando a miles de personas a manifestarse frente a la sede socialista de Ferraz en un movimiento de carácter fascista que no dudó en hacer uso de la violencia para aumentar la crispación, la realidad ha demostrado que la sociedad española estaba plenamente preparada para la amnistía, lo que venía a mostrar que esas protestas realmente escondían la incapacidad de las derechas para asumir los democráticos resultados del 23J.
En todo caso, este movimiento reaccionario sí que dio alas a la élite judicial en su ataque contra el gobierno de coalición, llegando a provocar un parón político cuando el 24 de abril de 2024 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicó una carta abierta a la ciudadanía en la que manifestaba que tenía que «reflexionar» —en sus propias palabras— sobre qué hacer con su futuro político. En esos momentos caló el estupor en casi todas las esferas políticas, miembros del PSOE, aliados del Gobierno, oposición y periodistas no daban crédito. Cinco días después, tras esos días en los que el presidente del Gobierno sopesó cuál será el futuro inmediato de España, todo quedó en un aviso y en un supuesto impulso para acometer cambios con mayor determinación.
Este supuesto impulso del presidente del Gobierno para acometer cambios normativos contra el lawfare —una de las palabras de esta legislatura— y en favor de políticas públicas que de forma tangible sean útiles a la población no ha sido verdaderamente acometido hasta ahora por el PSOE, en contraste con la batería de medidas que tanto IU como otras fuerzas políticas han propuesto, aunque sí hay que reconocer que la reciente aprobación de un anteproyecto de ley para modificar el acceso a la carrera judicial, que bebe de la propuesta que ya presentó IU hace meses, va en la buena dirección. También debe destacarse, de forma positiva, el acuerdo alcanzado con otras fuerzas políticas como EH Bildu y ERC para acometer la derogación y reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, estando ahora pendientes de que la ponencia del Congreso inicie sus trabajos para alcanzar un acuerdo del conjunto de fuerzas democráticas para tener —se espera antes de verano— una nueva ley.
La legislatura está viva, hay aptitud para agotarla, pero los sustos y las carreras de última hora, como parte de la hoja de ruta, están garantizadas
Mención aparte merece el acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ en junio de 2024, lo que supuso poner fin a una grave crisis institucional de gran relevancia constitucional y que de momento se ha saldado con un consejo levemente escorado al bando progresista y en el que los conservadores tienen capacidad de bloqueo, lo que está generando una nueva demora a la hora de abordar la necesaria asignación de vacantes de todas las salas del Tribunal Supremo.
Lo cierto es que la actual legislatura, y cada iniciativa legislativa gubernamental, penden de una frágil mayoría parlamentaria, lo que queda perfectamente patente en el retraso que arrastra el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Pese a ello, sí que se han aprobado en el Congreso leyes que tienen una gran impacto presupuestario o fiscal, como el proyecto de ley por el que se establece un impuesto complementario para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud y un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, legislación que establece un impuesto complementario para garantizar que los grupos de gran magnitud o las multinacionales tributen “a un tipo mínimo global del 15%”, norma que permitirá recaudar 7.500 millones más, recursos que hoy se pierden en paraísos fiscales y territorios de baja tributación.
Estos avances no niegan lo obvio y ya conocido. Es un hecho indubitado que son constantes las amenazas de Junts de hacer descarrilar al Gobierno, como fue la suspensión de las negociaciones entre Junts y los socialistas anunciada en enero de este año por Carles Puigdemont o la extravagante fórmula de presentar una proposición no de ley en la que se planteaba, con dudosa técnica parlamentaria, una moción de confianza, bravatas que muestran que no debemos apartar la mirada de los envites lanzados desde Bruselas por el líder independentista, quien parece estar preocupado por cerrar definitivamente su propia amnistía “política”, la que le traería una reunión con Pedro Sánchez. Una foto que parece que el presidente del Gobierno nunca ha rehuido, pero siendo él quién marque el momento, por lo que habrá que esperar esa posible foto, quizá esta primavera.
El penúltimo episodio de esta serie de desencuentros, tiras y aflojas y declaraciones malintencionadas fue el rechazo al decreto “ómnibus”, cuando a finales del mes de enero Junts unió sus votos al PP y Vox para tumbar un real decreto ley, que precisaba la convalidación del Congreso, en el que, entre otras medidas, se establecía la subida de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones al transporte público, el bono eléctrico, la suspensión de desahucios para personas vulnerables o el traspaso al PNV del palacete que alberga la sede del Instituto Cervantes en París. Evidentemente se trataba de una medida de presión procesista más que de disconformidad con las medidas, como pudimos comprobar unas semanas después cuando, también con el voto favorable del PP, Junts aprobaba un nuevo real decreto ley que incluía 29 de las 80 iniciativas del anterior decreto, medidas entre las que se encontraban las más importantes como la subida de las pensiones, suspensión de desahucios, bono eléctrico y para el transporte o la cesión del ya famoso palacete confiscado por la Gestapo. En fin, un nuevo acto de la opereta a la que nos tiene acostumbrados Junts.
El futuro, incierto, aunque coloreado con la aparente firme voluntad del Gobierno y de los grupos parlamentarios más próximos de seguir avanzando en la legislatura con el objetivo de acabarla, o casi. Así, quedan por delante la tramitación de medidas legislativas de gran calado social, como es la subida del SMI y su impacto en el IRPF, cuya exención puede imponer el Congreso, o la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, batalla en la que se intuye la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recogiendo una reivindicación histórica de IU y el PCE, va a dar lo máximo de su bagaje político para sacar adelante esta medida, aunque de momento hay que transformar la propuesta de anteproyecto de ley a proyecto, por lo que no se prevé que la propuesta llegue a las Cortes hasta el verano, para luego entrar en un serio debate parlamentario con Junts, de nuevo, formación que sufre las fuertes presiones de la patronal catalana para tumbar la reducción de la jornada laboral.
Otra de las cuestiones que van a seguir abiertas esta legislatura es la relativa al incremento de gravamen impositivo al sector energético. A finales de diciembre, cuando el ejecutivo central aprobó prorrogarlo para cumplir con las exigencias de los grupos de izquierda —ERC, EH Bildu y el BNG—, no tenía garantizado el apoyo ni de Junts ni del PNV de cara a su convalidación en el Congreso de los Diputados, falta de garantía de apoyo que se confirmó en enero de este año cuando el Congreso de los Diputados derribó mantener el gravamen. La posición de los nacionalistas catalanes y vascos no ha cambiado de momento, aunque hay señales claras de que el bloque de izquierdas va a continuar luchando para que se vuelva a imponer un impuesto ante los extraordinarios beneficios que están acumulando las compañías eléctricas. Igual batalla se dará en el planteamiento general de una posible aprobación de los Presupuestos Generales, en la que el incremento del gasto público y las subidas impositivas a los sectores más pudientes o dinámicos estará en el centro del debate presupuestario. Como corolario, la legislatura está viva, hay aptitud para agotarla, pero los sustos y las carreras de última hora, como parte de la hoja de ruta, están garantizadas.
