La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este lunes su esperado informe sobre el mutualismo administrativo en España, en el que pone en duda la eficacia y eficiencia del sistema de asistencia sanitaria para funcionarios y plantea reformas que podrían suponer un avance hacia la integración de estos trabajadores en el sistema público.
El estudio, titulado El mutualismo administrativo en España, sostiene que este modelo constituye “una excepción singular entre los países de nuestro entorno” y que su mantenimiento en su forma actual genera desigualdades y problemas de sostenibilidad. La AIReF sugiere dos grandes líneas de reforma: por un lado, hacer voluntaria la adscripción a MUFACE, y por otro, la incorporación progresiva de los nuevos funcionarios a la sanidad pública.
El informe debía haber sido publicado a finales de 2024, pero su presentación se ha retrasado hasta ahora, después de que el Gobierno renovara recientemente el concierto de este sistema con aseguradoras privadas para 2025, 2026 y 2027. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha confirmado que el Ministerio de Función Pública recibió un informe preliminar en diciembre con el objetivo de que sus conclusiones fueran “útiles al Gobierno”.
Un modelo costoso y segregador
El análisis de la AIReF apunta que mantener un sistema paralelo de asistencia sanitaria para los funcionarios supone una “ineficiencia” dentro del modelo de aseguramiento de salud, ya que segrega a un subconjunto de la población, genera dificultades en la gestión integral del sistema sanitario y debilita la sanidad pública al desviar recursos hacia aseguradoras privadas. Además, el informe destaca que en los últimos años se ha observado una creciente preferencia de los nuevos mutualistas por la modalidad pública, lo que pone en cuestión la viabilidad del modelo a largo plazo.
Para corregir estas deficiencias, la AIReF propone que MUFACE deje de ser un régimen de adscripción obligatoria y pase a ser voluntario. Esta medida, según el organismo, permitiría un uso más racional de los recursos y generaría ahorros tanto para los funcionarios que optaran por abandonar el sistema como para el conjunto de las arcas públicas.
Dependencia de la sanidad pública en casos graves
Uno de los datos más significativos del informe es que, a pesar de que MUFACE permite a los mutualistas optar por la sanidad privada, la inmensa mayoría recurre al sistema público cuando afronta enfermedades graves. En el promedio del periodo analizado, el 24% de los mutualistas eligió la sanidad pública, pero este porcentaje se dispara hasta el 70% en los casos de patologías de severidad mayor o extrema, como el cáncer. El documento también refleja que más del 66% de las hospitalizaciones por patologías graves son atendidas en centros públicos, cifra que alcanza el 90% en el caso de los mutualistas menores de 40 años.
Estos datos evidencian una contradicción estructural del modelo: mientras que la sanidad privada asume los casos menos complejos, los hospitales públicos acaban absorbiendo los tratamientos más costosos y especializados, sin recibir una compensación suficiente por ello. Este desequilibrio contribuye a la sobrecarga del sistema público, al tiempo que permite a las aseguradoras privadas beneficiarse de la prestación de servicios de menor coste.
Mayor accesibilidad a consultas y pruebas diagnósticas
El informe también pone de manifiesto que los mutualistas adscritos a la sanidad privada tienen una mayor accesibilidad a determinadas especialidades médicas y pruebas diagnósticas. Las tasas de consulta en áreas como dermatología, ginecología y traumatología cuadruplican las del sistema público, mientras que en pruebas como resonancias magnéticas y mamografías las triplican. Esta diferencia de acceso genera una brecha entre los funcionarios y el resto de los ciudadanos, consolidando un modelo sanitario de dos velocidades.
Además, el informe señala que la gestión del gasto farmacéutico en la sanidad privada presenta márgenes de mejora significativos, sugiriendo que existen ineficiencias que podrían corregirse para optimizar el uso de recursos públicos.
Pese a las críticas al modelo actual, la AIReF no recomienda una integración inmediata de todos los mutualistas en la sanidad pública. En su lugar, aboga por una transición progresiva, supeditada al refuerzo del sistema público y, en particular, a la reducción de las listas de espera. La incorporación de nuevos funcionarios a la sanidad pública permitiría fortalecer el sistema común y garantizar un acceso más equitativo a los servicios sanitarios, evitando la perpetuación de un modelo desigual.
