El Senado aprobó ayer con una amplia mayoría una ley que representa un hito en la protección de los derechos laborales, especialmente de las personas que, a causa de un accidente o enfermedad, adquieren una incapacidad permanente. La norma, impulsada por el Grupo Parlamentario Sumar con aportaciones clave de Izquierda Unida y apoyada por colectivos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), pone fin al despido automático por incapacidad sobrevenida, una práctica que dejaba a miles de trabajadores en situación de desamparo justo en el momento de mayor vulnerabilidad.
Hasta ahora, la legislación permitía que una persona fuera despedida de forma fulminante tras recibir una incapacidad permanente, sin que la empresa estuviera obligada a ofrecerle alternativas. La nueva norma da un giro radical a esta lógica: establece que la primera opción debe ser la adaptación del puesto de trabajo a la nueva situación del empleado o empleada, siempre que sea posible. Solo si no es viable esa adaptación, se contemplará el traslado a un puesto vacante dentro de la misma empresa, y el despido pasará a ser el último recurso.
“Esta ley es un seguro para todos y todas nosotras ante problemas sobrevenidos, siempre inesperados”, afirmó Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, quien celebró que se reconozca el derecho de las personas con discapacidad a seguir desarrollando su actividad laboral en condiciones dignas.
Una de las principales novedades es que esta protección se extiende también al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes hasta ahora podían ser apartados de su profesión sin opciones de reubicación. “Quien dedica su vida a nuestra seguridad puede seguir haciéndolo desde otros puestos y funciones”, destacó Santiago, subrayando que se trata de un acto de justicia y reconocimiento.
Ayer se aprobó con amplia mayoría una Ley que crea nuevos derechos para la clase trabajadora y pone fin a una desigualdad histórica.
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) April 23, 2025
✍🏻 Se acaba con el despido automático por incapacidad permanente sobrevenida.
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Desde Sumar, IU y el Partido Comunista de España se comprometieron a seguir legislando en favor de una clase trabajadora más protegida, donde el derecho a un trabajo decente no se vea truncado por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona afectada.
Con esta ley, el Parlamento no solo corrige una desigualdad histórica, sino que avanza hacia un modelo laboral más humano y justo, en el que el valor del trabajo no se mide solo por la salud física del trabajador, sino por su capacidad para contribuir de manera adaptada y digna.
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