La icónica frase de Maradona en 1992: «Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza», volvió a rugir con fuerza en Argentina el pasado 12 de marzo cuando miles y miles de jubilados recorrían las calles de Buenos Aires hasta concentrase fuera del Congreso de la Nación en una pacífica marcha que reclamaba una recomposición en sus ingresos y la mejora de sus condiciones de vida. Vidas que se han visto truncadas tras el paso del primer año de la motosierra de Milei.
La manifestación transcurrió desde el Congreso hasta llegar a la Casa Rosada y en ella confluyeron además representantes de Coordinadoras de Hinchas, de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, de Fútbol Feminista, junto a movimientos sociales, sindicatos y fuerzas de izquierda, haciendo suya la frase del astro argentino «a muerte estoy con los jubilados».
La respuesta del ultraderechista Milei, con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al frente, fue la de reprimir brutalmente a quienes reclamaban una vida digna después de haber trabajado todo su vida. Los informes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la reacción de organismos internacionales como la ONU son demoledores y refuerzan la gravedad de los hechos. La actuación de Bullrich arrojó un saldo de 672 personas heridas y de 114 detenidas tras un operativo que llevó a cabo miles de disparos de postas de goma, lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno y camiones hidrantes, reflejando un uso desproporcionado de la fuerza dejando clara la insensibilidad y la inhumanidad del gobierno argentino que certifica que el país vive el peor momento en calidad democrática desde la década de 1980.
El 12 de marzo, la Policía de la Ciudad, la Federal, la Aeroportuaria, la Gendarmería, la Prefectura y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) «fueron las “barras” de Milei», como señala correctamente el periodista deportivo Roberto Parrottino. Unas barras que dejaron casi al borde de la muerte al fotoperiodista Pablo Grillo, quien mientras luchaba por su vida en el hospital Ramos Mejía, era acusado de kirchnerista por la propia Bullrich, quien mentía alegando que Grillo estaba detenido, mientras este estaba hospitalizado y se debatía entre la vida y la muerte. Además, con sus afirmaciones, la ministra de Seguridad confirmaba el carácter dictatorial del gobierno de Milei y que la militancia política que no comulgue con las ideas gubernamentales, es perseguida y reprimida.
Pero, ¿quién es Patricia Bullrich?
Bullrich fue ministra de Trabajo durante la crisis económica y social que llevó a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Durante el gobierno de Mauricio Macri, también fue ministra de Seguridad y promovió el uso de la doctrina Chocobar, la cual ampliaba la defensa del accionar policial. En 2023, fue candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, pero quedó fuera del balotaje, apoyando entonces a Javier Milei, quien la nombró ministra de Seguridad en su gobierno.
¿Qué es la Doctrina Chocobar?
Es una política de seguridad impulsada por Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad en el gobierno de Macri y consistía en justificar y respaldar el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluso en situaciones donde no existía una amenaza inminente.
El 8 de diciembre de 2017 un joven de 18 años, Juan Pablo Kukoc, huyó tras cometer un robo contra un ciudadano estadounidense. El policía argentino, Luis Chocobar, que estaba fuera de servicio, persiguió al joven y le disparó por la espalda, matándolo. La Justicia procesó a Chocobar por homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber, ya que el joven estaba huyendo y no representaba un peligro inmediato.
Bullrich y Macri lo defendieron públicamente, lo recibieron en la Casa Rosada y presentaron su accionar como un ejemplo de «nueva seguridad».
La Doctrina Chocobar, reivindicada por Milei y Bullrich, quienes han prometido restablecerla, marcó un antes y un después en la política de seguridad en Argentina. Fue un intento de dar vía libre al uso letal de la fuerza por parte de la policía, debilitando el control judicial y violando estándares internacionales de derechos humanos.
Además de dar impulso a la mencionada Doctrina, Bullrich es conocida también por avalar numerosos casos de represión en su época en el gobierno de Macri como la represión contra la comunidad mapuche de Chubut en agosto de 2017, en donde el joven Santiago Maldonado fue víctima de desaparición forzada por parte de la Gendarmería y cuyo cuerpo apareció 78 días después en el río Chubut. En diciembre del mismo año mandó reprimir violentamente otra protesta pacífica de jubilados con uso de gases lacrimógenos y balas de goma. Más de 160 personas resultaron heridas y 45 fueron detenidas arbitrariamente.
Previamente, en noviembre de 2017 también un operativo de la Prefectura Naval en Bariloche terminó con el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años. Las fuerzas de seguridad alegaron un «enfrentamiento», pero Nahuel fue asesinado por la espalda. Bullrich respaldó a los prefectos y afirmó que «el Estado no retrocede» ante ocupaciones de tierras. Además, implementó un protocolo antipiquetes para desalojar manifestaciones sin orden judicial, justificando la detención arbitraria de manifestantes y el uso de la fuerza contra protestas pacíficas.
Ante la gravedad de estos hechos, no es que sea necesario, es que es imprescindible que califiquemos al gobierno de Milei como lo que es: una dictadura. Pero las calles en Argentina reviven, resuenan y pese a las balas de goma, los gases lacrimógenos, los cañones de agua y la represión brutal, las trabajadoras, las jubiladas, las feministas, las estudiantes, las hinchas del fútbol, están dispuestas a no dar marcha atrás porque se han grabado a fuego las palabras del Che: «Seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños».
