El diputado y portavoz parlamentario de Izquierda Unida Enrique Santiago intervino ayer, el 6 de mayo de 2025, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para presentar una proposición no de ley relativa a la situación de derechos humanos en El Salvador.
En su intervención, Santiago explicó que en los últimos años la República de El Salvador ha sufrido un retroceso en la institucionalidad democrática que surgió de los acuerdos de paz de 1992 que acabaron con 11 años de conflicto armado y este retroceso ha sido a consecuencia de la deriva autoritaria que ha instalado el presidente actual Nayib Bukele desde que se alzó con la presidencia en el año 2019 y la revalidó en el año 2021.
El portavoz de IU detalló que la regresión democrática se concreta entre otras cosas en un debilitamiento notable de la división de poderes y su independencia. «La intervención del poder judicial —señaló— es permanente. El primero de mayo de 2021 la Asamblea destituyó de forma absolutamente irregular al fiscal general e impuso otro afín al gobierno y en la misma sesión destituyó a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y eligió también sustitutos de forma ilegal. Dicha Sala acordó la la reelección del presidente Bukele a pesar de que la Constitución no prevé tal supuesto. Igualmente ocurre con el Tribunal Supremo Electoral y las manipulaciones constantes. Posteriormente fueron también despedidos todos los jueces mayores de 60 años y sustituidos por jueces vinculados al partido de gobierno».
La persecución de la oposición política y social, en la que la fiscalía se emplea a fondo, forma parte también del retroceso democrático y que viene acompañado de una importante restricción de las libertades individuales y colectivas de la ciudadanía. «Baste indicar —explicó Santiago— que desde el año 2022 se estableció el estado de excepción y actualmente hay 84.000 personas encarceladas por mor de este estado de excepción, y que con una población de 6 millones de habitantes es como si en nuestro país, en España, donde actualmente hay 59000 personas presas hubiera 800.000 presos».
«Las denuncias —indicó Enrique Santiago— son permanentes por parte de organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y sindicatos. Organizaciones como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de DD.HH. están constantemente denunciando este tipo de atropellos, sin embargo el Gobierno de El Salvador no ha respondido nunca a las denuncias de estas organizaciones, de estas instituciones multilaterales o de cualquier organización de derechos humanos o de movimientos de víctimas».
El portavoz de IU en el Congreso denunció la militarización completa de la sociedad salvadoreña bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele y la estigmatización, que avanza de forma permanente, de los defensores de los derechos humanos. La situación se ha agravado, expuso Santiago durante su intervención en la Comisión del Congreso, «por la puesta en marcha de un negocio de trata de personas por parte del presidente Bukele, que está cobrando por encarcelar en prisiones antiterroristas a los inmigrantes deportados por el Gobierno de los EE.UU. de forma masiva».
La proposición no de ley presentada en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados por el portavoz de IU pedía medidas concretas para la garantía de los DD.HH. en El Salvador; la petición de libertad para todos los iinmigrantes deportados desde los EE.UU., en la mayoría de los casos ciudadanos venezolanos, los mismos que cuando llegan a nuestro país —indicó Santiago— se les otorga protección internacional y que están encarcelados como si fuesen terroristas para mayor negocio del presidente Bukele y del actual Estado salvadoreño.
Posteriormente a su intervención en el Congreso, Santiago declaraba a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), que «la deriva autoritaria de Bukele está acabando con la democracia y los derechos humanos en El Salvador; que sus macro cárceles son un negocio de secuestro y trata de personas, pagado por Trump y que ha construido un Estado de excepción permanente».
