El pasado 15 de mayo, en la sede regional del PCC y la JUCO en Antioquia, se encontró un arreglo fúnebre acompañado de un sufragio (tarjeta fúnebre), con alusiones directas a integrantes de la dirección departamental de ambas organizaciones. Este último suceso se suma a la denuncia del PCC, a mediados de febrero, en la que señalaba que siete de sus miembros recibieron amenazas de muerte a través de correos electrónicos, en los que se les exigía abandonar el departamento de Antioquia en menos de 24 horas. Las amenazas incluían advertencias sobre posibles ataques a su sede en Medellín y contenían información detallada sobre la ubicación de las personas amenazadas, acusándolas de ser colaboradoras de las FARC y milicias urbanas.
Más allá de estas amenazas recientes, el Partido Comunista de España ha inscrito estos actos dentro de “una larga y dolorosa historia de violencia política sistemática contra el movimiento comunista y popular colombiano, particularmente en regiones como Antioquia, donde el genocidio político contra el PCC y la UP ha dejado miles de militantes asesinados, desaparecidos y desplazados a lo largo de las últimas décadas”.
El PCE ha instado al Gobierno colombiano y a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección a actuar de forma urgente y eficaz para garantizar la seguridad, la integridad y los derechos políticos de los militantes del PCC, la JUCO y la UP.
Asimismo, ha recordado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de enero de 2023, en la que se reconoció el exterminio político de la Unión Patriótica como un crimen de Estado. En dicha resolución, la Corte ordenó al Estado colombiano tomar medidas efectivas para proteger a los miembros de estas organizaciones, algo que, según el PCE, no se está cumpliendo de manera adecuada.
En su pronunciamiento, el partido español también ha hecho un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que se mantengan vigilantes, emitan alertas tempranas y ejerzan su labor de observación ante la situación en Colombia.
“El PCE reafirma su solidaridad internacionalista con quienes luchan por un país libre de violencia, de explotación y de impunidad”, concluye el comunicado, destacando su respaldo a la causa del socialismo y la justicia social en Colombia.
