Castilla es una tierra de paradoja, nuestra falta de población ha hecho que la prestación de los servicios sea insuficiente y que no seamos rentables en el modelo de mercado global. En 2015 la Junta de Castilla y León trató de articular una ley de las llamadas “unidades básicas” con la que trataban de aquilatar el paso a la venta de nuestros pueblos. Una “privatización” en la llamada “ley Montoro”, una venta sin lugar a dudas a las empresas multiservicios de “Florentinos”. Aquello fue torpedeado por las diputaciones, ya que perdían su sentido, y el PP decidió que por ahí no había nada que hacer.
Mientras tanto en el ámbito primario, bien sea de producción agraria, ganadera, energética o minera, durante los años después de la pandemia, se ha ido produciendo un crecimiento voraz de las dos ideas que trae consigo el capitalismo: la acumulación y el extractivismo, todo respaldado por las ideas buenistas de la Agenda 2030, la UE y el greenwashing del PSOE.
Desde 2020 se han invertido más de 100.000 millones en España desde diferentes fondos de inversión, esto ha repercutido en la subida del valor de compra de la hectárea en un 5% de media. De esta forma, los fondos de inversión cierran el paso a nuevas formas de gestión de la tierra y están detrás de la gran burbuja de la fotovoltaica y la eólica, una explotación incontrolada que pese a suponer un cambio en el paradigma de las energías fósiles, sirve al sistema para usar el rural desde un punto extractivista alejado de una idea de sinergias. Excluyen, de esta forma, a las cooperativas energéticas locales y comunidades autogestionadas energéticamente.
Otra de esas patas sería la ganadería, que a día de hoy tiene el mismo sistema de acumulación y burbuja, con una facturación de más de 2.000 millones € y casi tres cerdos por habitante. De hecho, la producción de carne de cerdo en 2024 superó los 6,4 millones de cerdos en Castilla y León, 3 millones más que hace una década. Evidentemente la gran masa de lo producido es para exportación pues España es el mayor exportador de carne de la UE, haciendo necesario por tanto un cambio en el modelo productivo.
Es en este punto donde conecta la idea de que el futuro de la ganadería industrial son las plantas de biogás (y biometano). Este tipo de ganadería había generado y genera un fuerte rechazo social y se ve el biogás como un intento de perpetuación de un sector que ha generado y genera molestias y contaminación.
Es preciso situar la actual “burbuja” de proyectos de plantas de biometano en el reciente contexto europeo y la nueva legislación “verde” europea. Por una parte, la modificación de la Directiva de Renovables 2018/2001, en el marco del “Pacto Verde Europeo” favorece este tipo de instalaciones. Además, la Comisión Europea promovió el Plan RepowerEU como consecuencia de la guerra de Ucrania y el bloqueo a los combustibles fósiles rusos. Dicho plan instaba a los países de la UE a invertir y desarrollar la producción de biometano. Dado que en España existía a priori un gran potencial de residuos ganaderos y que este potencial no se estaba utilizando, se produjeron unas grandes expectativas para el desarrollo del biometano.
Actualmente en España se pretende multiplicar por 10 la generación en un plazo de 6 años apostando directamente por el modelo de inyección de grandes plantas. El tamaño medio que estamos viendo es de 150.000 a 160.000 toneladas de residuos, con algunas de 470.000. No es sensato optar por este modelo que además produce una cantidad de digestato (el sobrante líquido-sólido después de la formación del gas) casi imposible de gestionar correctamente sin que existan problemas.
La ingente cantidad de proyectos —dominados por multinacionales energéticas y por fondos de inversión— que se están presentando obedece a la suma de dos intereses económicos principales. Por un lado, el de las multinacionales energéticas y grandes capitales especulativos que están sustituyendo sus inversiones en la energía procedente del carbón y del gas natural, debido al Pacto Verde Europeo y a la guerra de Ucrania, por la inversión en energías “más verdes” o limpias.
Por otro lado, los intereses de las grandes empresas agroganaderas, fundamentalmente del porcino, que ven una oportunidad para justificar el incremento en su producción y el lavado de cara de su actividad y de la enorme cantidad de residuos que generan.
Se deben dar al campo salidas anticapitalistas, desde distintos ámbitos, que permitan una economía social y refuercen las redes comarcarles y una ordenación del territorio que suponga la vuelta de los servicios para controlar a su vez el ámbito primario y secundario de la producción. La rentabilidad debe ser social para atender a la prioridad de dejar efectos positivos en la huella ecológica del territorio y del desarrollo.
Frente al malmenorismo, debemos lanzar un mensaje nítidamente anticapitalista que permita que el medio rural resurja con la fuerza de la Castilla comunera y nutra el futuro en el que creemos la militancia comunista.
