Miles de personas han vuelto a tomar las calles de Madrid para defender la Sanidad pública y exigir una respuesta institucional ante el deterioro del sistema sanitario madrileño. Cuatro columnas de manifestantes han salido desde puntos emblemáticos de la capital, y han confluido en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento. La Delegación del Gobierno cifra la asistencia en 30.000 personas, mientras que los convocantes, una plataforma de más de cien asociaciones vecinales y sindicatos, elevan la participación hasta los 200.000 asistentes.
La marcha ha estado marcada por la diversidad de sus participantes, desde familias con niños hasta ancianos o turistas que se detenían a observar. Los barrios de la capital y los municipios del cinturón metropolitano se han movilizado con fuerza, respondiendo al llamamiento de colectivos que desde hace años denuncian el desmantelamiento progresivo de los recursos públicos en salud. Entre sus exigencias destacan más contrataciones, la reducción de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y la reversión de los procesos de privatización.
Uno de los momentos más significativos de la protesta ha sido el minuto de silencio guardado en memoria de las 7.291 personas mayores fallecidas en residencias públicas de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Una cifra que sigue marcando el debate sanitario en la región y que ha vuelto a ocupar el centro de la movilización social, especialmente tras las recientes novedades judiciales que afectan directamente a antiguos responsables del Gobierno autonómico.
Los organizadores han reclamado una mayor inversión para fortalecer los centros de salud y hospitales, y han denunciado la gestión del modelo sanitario actual, al que acusan de falta de planificación, saturación en urgencias y abandono de áreas sensibles como la salud mental. También se ha recordado que la Comunidad de Madrid ha sido escenario de varias protestas similares en los últimos años, con una ciudadanía movilizada de forma recurrente ante lo que perciben como un retroceso en sus derechos básicos.
Los lemas de la manifestación han reflejado el hartazgo de muchos sectores sociales con la situación sanitaria. Las batucadas y pancartas han resonado especialmente con consignas que subvierten el discurso institucional de la presidenta regional, para quien el concepto de “libertad” ha sido eje discursivo durante toda su legislatura. La respuesta desde la calle ha buscado resignificarlo, reclamando que esa libertad también implique el derecho a una atención sanitaria digna, universal y gratuita.
Imputaciones por los protocolos de la pandemia
La marcha ha coincidido con un nuevo giro judicial en el caso de las muertes en residencias durante la pandemia. Por primera vez, un juzgado de Madrid ha imputado a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid por los llamados protocolos de no derivación, que en los primeros meses de la crisis sanitaria impidieron el traslado de ancianos enfermos a hospitales.
Carlos Mur, entonces coordinador sociosanitario del gobierno regional, y Francisco Javier Martínez Peromingo, su sucesor en el cargo, deberán declarar como investigados por un presunto delito de denegación de asistencia sanitaria por razón de edad. La causa, reabierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid tras una denuncia impulsada por 109 familiares y respaldada por la Fiscalía, representa un avance inédito en la judicialización de los hechos.
Hasta ahora, Mur había comparecido únicamente como testigo en otras causas similares que acabaron archivadas. Las resoluciones anteriores reconocían la dudosa legalidad de los protocolos pero no atribuían responsabilidades penales a sus firmantes. Esta vez, el enfoque cambia: se plantea si las decisiones adoptadas desde la administración autonómica vulneraron derechos fundamentales y provocaron muertes evitables al impedir el acceso a atención médica hospitalaria.
La imputación de estos dos cargos no solo pone en el punto de mira a los gestores de la pandemia, sino que también vuelve a situar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el centro del debate político. Aunque ella no figura como investigada, el diseño y ejecución de los protocolos partieron de su Ejecutivo, en un momento en que las residencias se convirtieron en uno de los focos más letales del virus en toda Europa.
