La presencia de agitadores de extrema derecha en los pasillos del Congreso ha reabierto el debate sobre el uso partidista de la publicidad institucional. En el centro de la polémica se encuentra Periodista Digital, portal dirigido por Alfonso Rojo y en el que colabora Bertrand Ndongo, conocido por sus actuaciones provocadoras en la Cámara Baja. Pese a las denuncias de diversos grupos parlamentarios y asociaciones de periodistas, tanto el Partido Popular como Vox han salido en su defensa, criticando los intentos del Gobierno por sancionar comportamientos agresivos bajo la apariencia de actividad periodística.
Pero el respaldo al pseudomedio no es solo político. Según datos públicos, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, gobernados por José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso respectivamente, han destinado más de 400.000 euros en publicidad institucional a Periodista Digital en los últimos años. Solo entre 2021 y 2024, el consistorio madrileño ha transferido más de 187.000 euros, mientras que la Comunidad ha superado los 215.000 euros entre 2021 y 2023. Los datos de 2024 aún no han sido publicados, pero podrían elevar esa cifra hasta el medio millón si se repite el patrón de ejercicios anteriores.
Publicidad institucional con sesgo ideológico
La ley establece que el reparto de publicidad institucional debe basarse en criterios objetivos, como el alcance de los medios de comunicación. Sin embargo, el trato privilegiado que reciben ciertos portales afines al Partido Popular contrasta con el ninguneo a medios críticos. Es el caso de El Salto, que en marzo de 2025 registró cinco veces más usuarios únicos que Periodista Digital, según datos de GFK. A pesar de ello, no ha recibido ni un solo euro de publicidad por parte del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid.
Esa tendencia discriminatoria ha sido denunciada en varias ocasiones por la oposición municipal y regional. Desde Más Madrid se ha pedido al alcalde Almeida que explique los criterios del reparto, a lo que este ha respondido con ataques directos a los medios que cuestionan su política de comunicación institucional.
La comparación con eldiario.es, que sí recibe fondos públicos, también evidencia el desequilibrio. En marzo de 2025, el medio de Ignacio Escolar alcanzó más de 13 millones de usuarios únicos, 52 veces más que Periodista Digital. Sin embargo, este último recibió 7.000 euros más en publicidad institucional solo del Ayuntamiento de Madrid.
Viabilidad económica a costa del erario público
El impacto de estas ayudas va más allá del favoritismo político. En 2023, Periodista Digital facturó unos 780.000 euros y obtuvo unos beneficios de casi 99.000 euros. En ese mismo año, los contratos publicitarios con las administraciones de Ayuso y Almeida sumaron 134.000 euros, lo que indica que el medio habría entrado en pérdidas sin esa aportación pública.
A esta financiación habría que añadir otras partidas opacas o indirectas, como la publicidad contratada por empresas públicas madrileñas —entre ellas, el Canal de Isabel II— y los fondos procedentes de otras comunidades autónomas bajo gobierno del PP, como Galicia, Castilla y León, Aragón o Murcia.
¿Publicidad o subvención encubierta?
La situación plantea interrogantes sobre el uso de fondos públicos para sostener medios con baja audiencia pero alineados ideológicamente con los gobiernos que los financian. Más allá de la legalidad del reparto, el caso de Periodista Digital reabre el debate sobre la función de la publicidad institucional y la necesidad de garantizar una prensa libre, plural y sostenible sin depender de criterios partidistas.
