La Ley de Amnistía en referencia a los hechos del «procés independentista” fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024, marcando un hito político y jurídico de la legislatura. Esta norma, que busca cerrar la judicialización del conflicto político, perdonando los hechos calificados como delitos ocurridos entre 2012 y 2023, ha suscitado un intenso debate sobre sus implicaciones democráticas y legales. Mientras que las fuerzas del bloque de investidura que le dieron impulso, la entienden como un paso necesario, no el único, hacia la reconciliación y la normalización de la vida política en Catalunya, desde las derechas la ven como una cesión ante quienes “desafiaron el orden constitucional”.
Estos días hemos conocido el contenido del borrador de la que será la sentencia del Tribunal Constitucional, que avalará la ley de amnistía, suponiendo una decisión relevante en la historia reciente de España. Más allá de la evidente dimensión jurídica del asunto, lo que está en juego es el modelo de país que se puede construir derivado de la interpretación constitucional, sea más rígido y punitivo, o uno más abierto, plural y capaz de gestionar sus conflictos desde el diálogo. Desde una perspectiva de progreso, el respaldo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía es una noticia positiva.
Uno de los aspectos más importantes, es situar la Constitución como un marco que no excluye la posibilidad de la amnistía. Frente a las tesis conservadoras, que sostienen una interpretación excluyente, el Tribunal recuerda que el legislador tiene una amplia libertad de acción, por lo que negar al Parlamento la capacidad de aprobar una ley como la de amnistía, cuando esta no está explícitamente prohibida, sería “vulnerar el principio democrático”. Este posicionamiento revaloriza el papel del legislador como expresión de la voluntad popular y pone límites a las derivas judicializadoras que buscan llevar todos los conflictos políticos por la vía de los tribunales.
Igualmente destacable es la clara distinción que hace la ponencia entre el juicio constitucional y la evaluación política. El Tribunal deja claro que no le corresponde analizar las intenciones del Gobierno ni valorar las circunstancias en las que se promueve la ley. Esta es una reivindicación fundamental del pensamiento progresista: las instituciones judiciales deben velar por el cumplimiento de la ley, no convertirse en árbitros de los debates ideológicos. Defender esta separación no es un tecnicismo; es preservar las bases del Estado de Derecho frente a tentaciones autoritarias que usan los tribunales como trincheras políticas.
Desde esta óptica, la amnistía no es una cesión ni una claudicación, sino una herramienta legítima para abordar una situación política excepcional. Aunque no garantizará que el ex President de la Generalitat Carles Puigdemont pueda retornar sin complicaciones judiciales, ni supone una solución definitiva al conflicto territorial con Catalunya, ha abierto una vía para la distensión y el diálogo. Se trata de dar un paso adelante hacia una política que sustituya la confrontación judicial por acuerdos institucionales.
Las reacciones del bloque de las derechas, por el contrario, han optado por el alarmismo. Acusando al Tribunal Constitucional de haber traicionado la propia Constitución, y hablando de una supuesta «corrupción política» por parte del Gobierno. No obstante, estamos ante la estrategia mediática de siempre, cuando alguna institución avala decisiones que no comparten, directamente niegan su legitimidad. Frente a ese discurso, que fue el que empujó hacía el enquistamiento judicial del conflicto político catalán, la sentencia del Tribunal Constitucional, aún en borrador, permite que haya unas instituciones más capaces de gestionar sus tensiones con dialogo democrático.
