El sistema monetario global está experimentando un giro estratégico. En el centro de este cambio no están los bancos centrales ni los parlamentos, sino las grandes plataformas tecnológicas. Amazon, Meta, Apple, Google y otras corporaciones han comenzado a explorar, lanzar o respaldar la emisión de stablecoins: criptomonedas ancladas al dólar, pensadas originalmente como instrumentos auxiliares dentro del ecosistema cripto, y hoy convertidas en el eje de una disputa por el control de los pagos digitales.
Estas monedas estables, hasta ahora relegadas a un papel funcional —servir como refugio contra la volatilidad cripto— están siendo reconfiguradas como herramientas de intercambio propias dentro de ecosistemas cerrados. Su crecimiento reciente es significativo: según datos de mercado, su capitalización ha aumentado un 40% desde noviembre de 2024, tras la victoria electoral de Donald Trump. El impulso no es casual. La Casa Blanca negocia actualmente la Genius Act, un marco normativo que podría permitir a empresas no financieras emitir sus propias monedas digitales, operando con atribuciones hasta ahora reservadas a entidades bancarias.
El movimiento se presenta como una innovación tecnológica, pero en la práctica reconfigura funciones estatales clásicas —la emisión monetaria, la regulación de pagos, la política fiscal— bajo lógica corporativa. En esta nueva arquitectura financiera, las monedas privadas podrían permitir a sus emisores controlar los flujos internos de capital, aplicar tasas o comisiones propias, incentivar fidelización mediante beneficios programados y capturar información sensible de sus usuarios a gran escala.
Empresas como Meta, que en 2019 fracasaron en su intento de crear una criptomoneda global, regresan ahora con condiciones más favorables. El entorno técnico es más maduro, las capacidades de blockchain se han optimizado y el respaldo político es explícito. En marzo, la propia empresa familiar de Donald Trump lanzó su stablecoin, mientras aliados cercanos como David Sacks —nuevo consejero presidencial para tecnología— promueven una desregulación acelerada para el sector.
A diferencia del relato de libertad financiera que acompañó a las primeras criptomonedas, la actual ola está marcada por la consolidación de poder. Las stablecoins empresariales se perfilan como instrumentos de integración vertical: desde el dispositivo, al pago, al producto y al dato. Plataformas con acceso privilegiado a información financiera y de consumo podrían condicionar el acceso a bienes, servicios o crédito dentro de sus propios ecosistemas. No se trata solo de tecnología, sino de control de infraestructura económica.
Este fenómeno ha generado preocupación en organismos internacionales. Un informe reciente del Banco de Pagos Internacionales (BIS) advierte que la expansión de las stablecoins podría poner en riesgo la estabilidad financiera global, en parte porque muchas de ellas respaldan su valor con activos públicos como bonos del Tesoro estadounidense. Un eventual retiro masivo de fondos podría forzar liquidaciones imprevistas, con efectos en los mercados tradicionales. Además, su uso extendido dificultaría a los bancos centrales aplicar políticas monetarias eficaces, en especial en economías más frágiles.
En paralelo, el American Economic Liberties Project ha alertado sobre el uso extensivo de datos personales asociado a estas monedas. Empresas emisoras podrían cruzar información sobre ingresos, hábitos de gasto y localización con fines comerciales o para limitar la competencia. En un escenario de concentración extrema, algunos actores podrían establecer condiciones preferentes o penalizaciones económicas a los usuarios que operen fuera de su red.
La Unión Europea ha optado por una estrategia distinta. A través del reglamento MiCA, ha establecido requisitos de transparencia, reservas auditadas y límites operativos para los emisores de stablecoins. Además, el Banco Central Europeo avanza en el diseño de un euro digital con garantía pública, una propuesta que busca asegurar que el dinero siga siendo un bien común, incluso en su versión digital. Sin embargo, esta respuesta llega en un momento en que el modelo estadounidense —más laxo con el sector privado— gana terreno.
En este contexto, algunos bancos tradicionales también comienzan a reposicionarse. Esta semana, BBVA confirmó que su división de banca privada en Suiza está recomendando a ciertos clientes ricos destinar hasta un 7% de sus carteras a criptomonedas, principalmente bitcóin y ether. Un giro notable para un sector históricamente escéptico, que ahora busca no quedar al margen de una transformación que ya no se libra únicamente en el terreno de la inversión especulativa, sino en la infraestructura misma del dinero.
