El pasado mes de julio el Consejo de la Unión Europea actualizaba, en un evidente ejercicio de cinismo, sus directrices sobre el impacto de los conflictos armados en los niños, niñas y adolescentes. Y digo en un ejercicio de cinismo porque estas directrices, adoptadas por primera vez en 2003 y actualizadas en 2008, centraban su reflexión en el impacto de la guerra en Ucrania y se pasaba de soslayo sobre las decenas de conflictos armados en los que se asesina con todo tipo de violencia a niños, niñas y adolescentes. Y, sobre todo, pasaba por alto el genocidio que está perpetrando ahora mismo Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que está provocando la mayor cifra de niños y niñas muertas desde la Segunda Guerra Mundial.
Este ejemplo escenifica claramente cuál es el nivel de hipocresía y cinismo sobre el que se asienta actualmente la política exterior europea y las decisiones estratégicas de una amplia mayoría de gobiernos de la UE. Se puede escalar el gasto militar o las políticas belicistas con la patente de corso que supone la guerra en Ucrania, pero análogamente se puede silenciar e incluso normalizar la brutal respuesta de Israel a los ataques de Hamás que se han llevado por delante la vida de más de 26.000 niños y niñas, algo más del 2% de la población de personas menores de edad de la Franja.
Y decimos normalizar porque en la UE, salvo por la decisión del gobierno de España —y algunos aliados como Eslovenia— de identificar y cancelar contratos suscritos con la administración israelí o sus empresas satélite, se ha considerado perfectamente encajable en la mayoría de los países de la UE el mantener unas sólidas relaciones comerciales con Israel y con su complejo tecnológico-militar.
Que mientras miles de niños y niñas estaban siendo masacrados por Israel en Gaza, la UE considerara y utilizara el impacto del conflicto armado que se desarrolla en Ucrania en la infancia para promover que se usen recursos públicos para seguir hinchando las cuentas de la industria armamentística, con no pocos contratos adjudicados a empresas israelíes y estadounidenses, da la magnitud de problema al que nos enfrentamos: la impunidad y el militarismo necesitado de excusas autojustificativas.
Hoy en día 460 millones de niños y niñas viven en países afectados por conflictos armados siendo víctimas de combates, siendo reclutados forzosamente o desplazados en soledad o con sus familias a terceros países por la violencia sufrida. Pese a ello solo un puñado de conflictos ocupan las portadas de medios o son objeto de resoluciones de organismos multilaterales. Pese a ello se sigue dotando de recursos militares a los ejércitos que violan estos derechos y se colabora militarmente en tecnología, capacitación o políticas de defensa coordinadas. Existe, por lo tanto, un evidente doble rasero en estos conflictos y en la visibilización del impacto de los mismos en la infancia.
Es por ello que las políticas que desde el ámbito de la acción institucional o la defensa de los derechos mas básicos de la infancia tienen que partir de esa óptica sin importar el origen, causalidad o protagonistas del conflicto que afecte a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables. Este principio ha sido una constante desde que el primer acuerdo internacional sobre los derechos de la infancia, la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, de 1924, entendió que “el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad” y ha sido uno de los elementos definitorios de la cobertura de derechos de los menores en casos de conflictos armados desde entonces. En los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 que establecen los marcos de protección a los niños durante los conflictos armados, tanto en lo relacionado con su no participación en las hostilidades (estableciendo como ilegal el reclutamiento o participación en combate de personas menores de edad) como los aspectos relacionados con su protección en situaciones de hostilidades, desde el acceso a los alimentos y a la atención sanitaria, la educación, la detención o confinamiento, la separación de los familiares y otros derechos análogos como la protección ante la violencia sexual, el secuestro o la denegación de acceso humanitario.
A todas luces las acciones militares del ejército de Israel constituyen por tanto una violación flagrante de todos los derechos de la infancia en situaciones de conflicto por lo que no cabe más que esperar de los países europeos y de la Unión una actitud de condena y paralización de cualquier intercambio comercial o diplomático con quien comete un genocidio.
Tras el embargo de armas a Israel, lo verdaderamente efectivo es vigilar y establecer los mecanismos para una auditoría de los contratos realizados y que siguen vigentes
El hecho de que el PSOE apoye la iniciativa de otros grupos parlamentarios de imponer un embargo de armas a Israel constituye un primer paso, pero lo verdaderamente efectivo es vigilar y establecer los mecanismos en las administraciones públicas para una auditoría de los contratos ya realizados y que siguen vigentes desde legislaturas anteriores, así como un control permanente de cualquier tipología de compra que pueda tener como origen la industria militar, tecnológica o de seguridad con origen israelí. Y, si queremos tener un impacto que presione realmente, dar más pasos en la cancelación de relaciones comerciales, una estrategia que ya funcionó para contribuir a hacer caer el gobierno supremacista blanco de Sudáfrica en la década de los noventa.
El Estado español debe, con carácter análogo a cualquier embargo de armas o restricciones de adquisiciones de material bélico con origen en países que violan los derechos de la infancia, acometer ya una revisión inmediata de su política de seguridad. Esta revisión debe construirse desde principios de promoción de la paz, el diálogo y el multilateralismo, haciendo valer el artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña donde se establece el principio de respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para la infancia.
