El Ejecutivo del Principado de Asturias, formado por el PSOE y la coalición IU-Convocatoria por Asturies, aprobará este lunes en su Consejo de Gobierno la solicitud de indulto para “Las 6 de La Suiza”, según ha confirmado en exclusiva el medio Nortes. La decisión llega después de una intensa campaña de apoyo sindical, político y social a las seis militantes condenadas a tres años y medio de prisión por su participación en protestas laborales.
Las sindicalistas fueron sentenciadas por un delito de coacciones y obstrucción a la justicia, en el marco de las movilizaciones que siguieron al despido de una trabajadora en la pastelería La Suiza, de Gijón. Según la sentencia, su actuación fue decisiva en el cierre del negocio. El Tribunal Supremo confirmó la condena y negó que su conducta pudiera ampararse en el ejercicio de la libertad sindical, al considerarla como una forma de hostigamiento al empresario.
Las acusadas han negado en todo momento haber cometido delitos, defendiendo que su actuación se mantuvo dentro de los cauces de la acción sindical. Desde entonces, todos los sindicatos de clase y formaciones políticas progresistas han mostrado su solidaridad con las condenadas. Coinciden en que protestas como los piquetes o concentraciones no pueden ser tratadas como delitos, ya que constituyen herramientas fundamentales para la defensa de los derechos laborales.
Este domingo se celebrará una gran manifestación de apoyo en Xixón, con salida desde el paseo de Begoña a las 12:30, convocada por los principales sindicatos y colectivos de apoyo. La marcha busca aumentar la presión para que el indulto llegue antes de su ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias. El precedente de “Los 6 de Zaragoza”, encarcelados desde hace un año y cuyo caso ha sido denunciado por Amnistía Internacional, pesa sobre las trabajadoras asturianas.
La Federación Socialista Asturiana se sumó esta semana al llamamiento por el indulto, señalando que el cumplimiento de la pena tendría un impacto “innegable” sobre el proyecto de vida de las seis afectadas. Además, destacaron la necesidad de proteger el derecho a la acción sindical como pilar democrático. IU, Sumar y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ya habían solicitado públicamente la revocación de la condena el pasado 6 de junio, en una concentración frente al Ayuntamiento de Gijón.
El Partido Comunista de España también se ha posicionado, denunciando este caso como un nuevo episodio de guerra jurídica contra el sindicalismo y advirtiendo del riesgo de criminalizar cualquier forma de protesta laboral. El lema que recorre las manifestaciones de apoyo lo resume con claridad: hacer sindicalismo no es un delito.
Desde que se conoció la sentencia, las seis trabajadoras han vivido bajo una constante tensión e incertidumbre, sin poder planificar sus vidas durante cuatro años. Con la solicitud de indulto ya en marcha por parte del Gobierno asturiano, el movimiento de solidaridad confía en que la movilización social y el respaldo institucional logren frenar su entrada en prisión.
