La organización política camaleónica Junts, heredera directa de la clasista y oportunista de derechas CiU, sabe desde hace décadas quiénes son «los suyos» y qué debe defenderse: los privilegios de una minoría acomodada, aunque eso signifique empobrecer a las clases trabajadoras, degradar los servicios públicos y fracturar la sociedad catalana. Esta es su verdadera identidad política, por mucho que la disfracen con banderas, gestos patrióticos o una victimización calculada.
Cuando gobernaron, CiU —con Artur Mas como presidente— aplicó los recortes más duros de la historia de Cataluña. No por necesidad, sino por ideología, como lo demuestran la masiva privatización de la sanidad y la educación; la externalización de servicios que beneficiaban a empresas amigas; los copagos y la reducción de servicios esenciales y, en última instancia, el abandono y la precariedad del sector público.
El resultado es indiscutible, ya que Cataluña es hoy uno de los territorios con mayor privatización de la sanidad y la educación en toda España. Y no es casualidad que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ególatra, narcisista y estrambótica Ayuso, copiara el modelo convergente uno a uno. Los recortes catalanes fueron el laboratorio de la derecha retrógrada y paleolítica en Madrid.
Sin embargo, cuando los recortes empezaron a generar indignación, CiU hizo lo que la derecha hace siempre que gobierna: dividir, confundir y desviar la atención. Y fue entonces cuando aparecieron las fanfarronadas y las fantochadas que han marcado una década entera de la política catalana.
El 10 de octubre de 2017, el Parlamento catalán vivió una escena que aún causa vergüenza ajena desde que se declaró la independencia, que fue suspendida tras unos minutos, y generó una inmensa frustración para todos aquellas personas que, de buena fe o por convicción, pensaban que esto era factible. En conjunto, una opereta de CiU para la galería.
Una maniobra teatral y vacía, calculada para encubrir los recortes, desviar la indignación social y convertir el malestar en un conflicto de identidad. Mientras la salud y la educación colapsaban, jugaban a fingir que estaban «haciendo historia».
Cuando podía actuar la justicia, el presidente, Carles Puigdemont, eligió huir. No para proteger a nadie, sino para evitar ser arrestado y, sobre todo, para evitar asumir responsabilidades políticas. La fuga se transformó para sus acólitos en una historia épica que sirvió para desviar la atención de los recortes; convertir a un presidente fugado en mártir e incluso movilizar emocionalmente a una parte de la población mientras los servicios públicos seguían deteriorándose.
Los líderes de los Junts —no los militantes, muchos de los cuales tienen consciencia de clase— nunca han tenido problemas para llegar a un acuerdo con ningún partido si les permitía mantener sus privilegios.
Con la CUP, cuando le convenía sostener el relato. Con quienes «hablaban catalán en la intimidad», cuando era conveniente gobernar y bloquear medidas sociales.
La coherencia ideológica nunca ha sido su problema. La coherencia de clase, sí: siempre del lado de los poderosos.
Pueden cambiar su nombre, su discurso, su bandera y su historia. Pueden reinventarse cada cuatro años, disfrazarse de modernos, patriotas o «defensores del pueblo». Pueden proclamar que trabajan para «mejorar la vida de todos los catalanes». Pero cada oveja con su pareja —o juntos pero no revueltos—, ya que lo tienen muy claro y siempre defienden y acaban del lado de los poderosos.
Los hechos son tercos y lo prueban, ya que recortaron como nadie; privatizaron como nadie; dividieron como nadie y engañaron como nadie.
CiU —ahora Junts— nunca han gobernado por la mayoría social. Han gobernado por una minoría acomodada que quiere un país hecho a su medida: servicios públicos débiles, empresas privadas fuertes y una política que sirva como seguro para quienes acumulan riqueza.
Cuando gobernaban, Cataluña se convirtió en uno de los territorios más privatizados en cuanto a salud y educación. No por accidente, sino por proyecto. Recortes, externalización, concesiones, puertas giratorias… todo un manual de gobierno pensado para unos pocos mientras la mayoría social pagaba la cuenta.
Y aquí es donde entra su especialidad, la política del espectáculo: declaraciones simbólicas de independencia que duraban minutos; huida hacia adelante para evitar asumir responsabilidades; gestos patrióticos para encubrir la destrucción de los servicios públicos e incluso alianzas imposibles con quien fuera, siempre que sirviera para mantener el poder.
Todo para evitar que la mayoría social reivindicara y mirara hacia lo que realmente importaba: los derechos, los servicios públicos y la redistribución de la riqueza.
Junts es la continuidad de CiU, pero con más maquillaje y más ruido. Son la misma derecha de siempre, pero con una narrativa emocional que les permite ocultar lo que votan, lo que defienden y a quién sirven.
Pueden proclamar «libertad», «dignidad» o «Cataluña», pero cuando llega el momento de votar bloquean las leyes sociales; detienen la regulación de los alquileres; se oponen a reforzar los servicios públicos y protegen los intereses de quienes acumulan riqueza, ya que son a los que representan y defienden.
La bandera es la cortina de humo que utilizan para cubrir lo que realmente representan: los privilegios eternos de una minoría que nunca ha renunciado al poder.
Junts puede cambiar su nombre, logotipo, discurso o líder. Puede fingir ser nuevo, moderno, innovador o «del pueblo».
Pero cada oveja con su pareja. Y la pareja de líderes de Junts siempre han sido los mismos: los poderosos.
El resto es decorado, humo y fantochadas.
