En septiembre de 2024 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución exigiendo a Israel poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, también en Cisjordania, pidiendo detener los asentamientos, evacuar colonos y desmantelar el muro ilegal. Dicha resolución venía precedida por otra declaración del mes de julio de mismo año de la Corte Internacional de Justicia que determinaba que los asentamientos israelís en Cisjordania violan el derecho internacional, ordenaba la paralización de asentamientos y la evacuación de colonos.
Informes de Naciones Unidas y diversas ONG han señalado e incluido a numerosas empresas, entre ellas varias españolas, de sectores como la construcción, tecnología y transporte, por su participación, directa o indirecta en actividades económicas relacionadas con los asentamientos israelís en los territorios ocupados de Palestina. En la base de datos realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se actualiza periódicamente, está registrada la empresa española Edreams Odigeo, así como CAF, OSSA, y otras extranjeras como Carrefour o Booking cuyas actividades pueden vulnerar la legalidad internacional al estar asociadas con violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional.
Desde organizaciones de derechos humanos se viene reclamando la adopción de medidas contra estas empresas con actividad económica en los asentamientos ilegales y este pasado lunes día 30 de junio, Enrique Santiago, diputado y portavoz de IU en el Grupo Plurinacional Sumar y el también diputado de este grupo Agustín Santos Maraver, han dirigido un escrito al Gobierno, acompañado de una batería de preguntas en las que, teniendo en cuenta que el Gobierno dice defender el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas y se ha pronunciado en contra de la colonización israelí de los Territorios Ocupados, solicitan del Ejecutivo saber si este tiene previsto establecer una régimen sancionador para las empresas que violen gravemente la legalidad internacional y si existen tales sanciones para empresas como Edreams, CAF, OSSA, etc.
Igualmente, solicitan del Gobierno conocer si dichas empresas van a ser excluidas de la contratación pública, la concesión de subvenciones u otras medidas de promoción de la actividad empresarial y si finalmente el Gobierno va a trasladar a la Fiscalía información sobre las empresas que pudieran estar vulnerando el derecho internacional humanitario aplicable a los Territorios Ocupados para que examinen su posible responsabilidad penal.
