Alberto Núñez Feijóo ha despejado cualquier duda: el Partido Popular no solo acepta los apoyos de Vox, sino que considera a la formación de extrema derecha un socio legítimo con el que gobernar a nivel nacional. “No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”, proclamó este domingo el líder del PP en el cierre del XXI Congreso Nacional del partido. Sus palabras, cuidadosamente preparadas, no suponen un giro estratégico, sino la asunción pública de lo que ya es una práctica consolidada desde 2023: gobernar con la ultraderecha.
En un congreso sin debates internos ni fisuras aparentes, Feijóo fue reelegido por aclamación, con el 99,24% de los votos, y aprovechó la clausura para presentarse como presidenciable ante el escenario electoral incierto. “O Sánchez o yo”, resumió, dejando claro que su proyecto pasa por llegar a la Moncloa con apoyos externos, aunque insista en la fórmula del “gobierno en solitario”.
En realidad, el modelo de alianzas ya está definido. Como en Castilla y León, Extremadura, Valencia o múltiples ayuntamientos, Feijóo ha normalizado el papel de Vox como pieza clave en su estrategia de poder. La diferencia ahora es que lo dice sin ambages. Con una frase cuidadosamente enmarcada al comienzo de su hipotético discurso de investidura —“el muro entre españoles ya no existe”—, el líder del PP repite una narrativa que pretende equiparar a todas las fuerzas políticas, mientras legitima la presencia de la extrema derecha en las instituciones.
El rechazo expreso se limita a EH Bildu y al PSOE de Pedro Sánchez. A la izquierda abertzale le impone condiciones imposibles —“no habrá diálogo mientras no pidan perdón por los crímenes de ETA”— y del actual presidente afirma que con él “no se puede pactar”. No obstante, entre ambos extremos sitúa una amplia gama de interlocutores, incluidos los partidos independentistas, como Junts, con quienes dice estar dispuesto a hablar “dentro de la ley y la Constitución”.
El discurso de Feijóo combinó apelaciones al orden, promesas vagas y ataques a Sánchez. “Yo acuso al presidente del Gobierno de intentar quebrar deliberadamente la convivencia entre los españoles”, llegó a declarar, imitando el célebre alegato de Zola, aunque en este caso sin pruebas ni contexto. Su lectura del país se articula en una idea: la actual legislatura ha erosionado los equilibrios institucionales, y solo el PP puede restaurarlos.
Las medidas concretas fueron escasas. Un “plan de regeneración democrática”, una “Ley de Lenguas” para garantizar el uso del castellano en la escuela, bajadas genéricas de impuestos, liberalización de suelo y un pacto del agua. En materia migratoria, volvió a ligar, aunque sin decirlo abiertamente, inmigración con inseguridad: “Reducir la inmigración ilegal parece razonable”, afirmó, para después añadir que “hay que reforzar la seguridad para caminar tranquilos por las calles”. Es una línea discursiva ya explorada en campaña, que asocia implícitamente migración, delito y necesidad de control policial.
Sobre defensa, evitó comprometerse con el aumento del gasto militar al 5% del PIB, como pide la OTAN, pero sugirió que lo cumplirá si se firma un acuerdo. “Si firmo un papel, lo cumplo”, dijo, criticando al Gobierno por, según él, aislarse de sus aliados.
La clausura del congreso fue, sobre todo, una escenificación de unidad y poder interno. Pablo Casado, su antecesor, sigue fuera del partido. Isabel Díaz Ayuso, que tomó la palabra antes que Feijóo, aseguró que estarán “siempre a tu lado, y vigilantes”. No hubo críticas ni dudas. Solo una línea marcada: el PP ya no esconde sus alianzas con la extrema derecha. Ahora, las abraza públicamente.
