Donald Trump ha intensificado su uso de los aranceles como herramienta de presión política, en una estrategia que no es nueva, pero que adquiere cada vez más (si cabe) un carácter personalizado y abiertamente ideológico. Aunque esta semana más de veinte países han recibido cartas con nuevas amenazas arancelarias, dos casos destacan por sus motivaciones extracomerciales: Brasil y Canadá. Ambos han sido objeto de represalias que, más allá del déficit comercial o la seguridad fronteriza, apuntan directamente a disputas políticas internas y alineamientos internacionales.
La imposición de un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas marca un punto de inflexión. No solo por su dureza, sino por la motivación que lo impulsa. Según afirmó Trump en una carta pública dirigida a Lula da Silva, la medida es una respuesta a la “persecución” que, en su opinión, sufre Jair Bolsonaro, expresidente brasileño y aliado político del republicano. “Es una caza de brujas que debe parar inmediatamente”, escribió Trump, que denuncia un ataque a la libertad de expresión por parte de la justicia brasileña.
Detrás de esta afirmación se encuentra el juicio a Bolsonaro por su intento de subvertir los resultados electorales de 2022 y su papel en las jornadas golpistas del 8 de enero de 2023. El expresidente brasileño es, desde hace meses, una pieza central de la narrativa global de la derecha populista. En su defensa, Trump ha llegado a afirmar que ambos han sido víctimas del lawfare, una supuesta instrumentalización de la justicia para perseguir adversarios políticos.
Las cifras, sin embargo, revelan un castigo económico difícil de justificar desde el punto de vista comercial. Brasil mantiene un déficit comercial estructural con EEUU desde 2008. Solo en el último año, exportó 40.000 millones de dólares e importó 47.000, dejando un superávit de 7.000 millones a favor de Washington. Aun así, Trump decidió escalar los aranceles desde el 10% anunciado el 2 de abril hasta un 50%, sin que mediara explicación técnica alguna.
La respuesta brasileña ha sido inmediata. Lula ha defendido la soberanía de Brasil y la independencia de sus instituciones: “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán el control de nadie”. Y ha señalado que todas las empresas extranjeras deben respetar la legislación nacional, incluidas las tecnológicas acusadas de no combatir los discursos de odio.
La medida ha sido leída en Brasil como una injerencia directa en la política nacional. Desde el oficialismo, se denuncia un intento de desestabilizar al gobierno progresista de Lula, mientras desde la extrema derecha bolsonarista se intenta capitalizar el enfrentamiento como un aval internacional. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, agradeció la “solidaridad” de Trump y llegó a afirmar que la lucha de su padre es la misma que la del presidente estadounidense “por la libertad y la justicia en el mundo”.
Sin embargo, la sorpresa ha cundido incluso entre sectores próximos al bolsonarismo. Algunos analistas de Folha de São Paulo advierten que el tarifazo podría debilitar el frente interno de la derecha, que ahora se ve obligada a justificar una medida que penaliza a toda la economía nacional. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, intentó culpar al gobierno de Lula por la represalia comercial, pero voces dentro del Partido de los Trabajadores ya lo han acusado de “traición” por alinearse con intereses extranjeros.
Mientras tanto, Canadá también ha sido objeto de medidas diferenciadas, aunque de otro tipo. En su caso, el nuevo arancel del 25% se enmarca en una disputa política disfrazada de problema de seguridad: el tráfico de fentanilo. Aunque no existen datos que respalden un flujo significativo de esta droga desde Canadá hacia EEUU, Trump ha utilizado este argumento como justificación principal. En su carta al primer ministro Mark Carney, el presidente estadounidense afirma que “el flujo de fentanilo no es el único desafío” y critica las “barreras comerciales” canadienses.
Pero la motivación parece tener más que ver con las relaciones diplomáticas que con el comercio de estupefacientes. Desde que asumió el cargo en abril, Carney ha marcado una agenda de distanciamiento de la política exterior estadounidense. En una publicación reciente en X, se mostró junto al primer ministro británico Keir Starmer, asegurando que “el mundo está recurriendo a socios económicos confiables como Canadá”.
El propio Trump ha respondido con ironía en sus redes, insinuando que Canadá podría convertirse en “el estado número 51” si continúa desafiando la voluntad de Estados Unidos. No es la primera vez que el presidente utiliza ese tipo de lenguaje provocador con su vecino del norte. De hecho, su guerra comercial con Canadá se remonta a 2018, cuando impuso aranceles al acero y al aluminio y renegoció el NAFTA para dar lugar al actual USMCA (T-MEC).
El tratado limita la capacidad de aplicar nuevos aranceles, pero su revisión está prevista para 2026, lo que permite a Trump utilizar la amenaza de reformas como elemento de presión. Por ahora, Canadá ha respondido con firmeza, pero también con cautela. Los aranceles afectan sectores estratégicos —como la automoción, el acero y productos agrícolas— y podrían tener efectos sistémicos en la economía norteamericana si persiste la escalada.
El trato especial a Brasil y Canadá deja entrever un patrón: los aranceles no se aplican según criterios económicos, sino en función del alineamiento político de los gobiernos afectados. Frente a un comercio internacional que se presenta como espacio neutral de reglas multilaterales, la administración Trump lo convierte en un instrumento de castigo o recompensa política, dependiendo del grado de afinidad ideológica.
Desde una perspectiva más estructural, esta dinámica podría interpretarse como una manifestación de las tensiones del capitalismo en crisis, en la que las herramientas económicas ya no sirven solo para mantener la hegemonía comercial, sino también para reforzar el dominio político del centro sobre las periferias. En este sentido, la lógica de Trump, aunque errática en las formas, responde a un esquema clásico de dominación: usar el poder económico como chantaje geopolítico. Lo preocupante es que, de consolidarse, este modelo erosionaría las instituciones del comercio internacional y abriría un escenario de creciente incertidumbre global. Las cartas arancelarias ya han llegado a más de veinte países esta semana. Con Trump en la Casa Blanca, el proteccionismo con tintes ideológicos deja de ser la excepción para perfilarse como nueva norma en la política comercial estadounidense.
