Lo sucedido en El Ejido hace 25 años guarda una preocupante similitud con los incidentes racistas de Torre-Pacheco de este verano. (I) Criminalización de la población de origen magrebí ante una agresión violenta. (II) Una economía próspera, que debe buena parte de su éxito a la existencia de una mano de obra abundante y barata. (III) Abismo comunitario entre quienes comparten espacios y servicios públicos con el trasfondo de un racismo estructural. Pero hay una diferencia sustancial: la existencia en España de grupos políticos que han hecho del discurso del odio la base de su crecimiento, hasta ahora, imparable.
Es un lugar común afirmar que un primer paso para combatir una dolencia consiste en reconocer su mera existencia. Es algo que no sucede en nuestro país con el racismo. Tienen que visualizarse persecuciones de tanta gravedad para que se caiga en la cuenta. Todos los días se comenten delitos. Algunos tan odiosos como los crímenes machistas han tenido recientemente un grave repunte. ¿Por qué criminalizar a todo un colectivo por la actuación de determinados individuos? ¿Ocurre esto cuando el agresor no está estigmatizado por la religión que profesa, su origen nacional o el de sus ascendientes? Sufrimos de racismo, no existe tal excepción ibérica.
El transcurso de 25 años nos permite llegar a una segunda constatación: el modelo de política migratoria ha fracasado. Conviene también quitarse el velo sobre este extremo. La transición de la ley 4/2000 a la ley 8/2000, de una ley consensuada a otra impuesta por la mayoría absoluta del PP, sirvió para generalizar el debate sobre los derechos y los cauces de integración de los inmigrantes en España. Pero la apariencia no debe engañar sobre un dato incuestionable: el PP y el PSOE han compartido lo esencial del modelo. El seguidismo de la estrategia diseñada desde la Unión Europea, algo que se ha evidenciado recientemente con el voto de ambas fuerzas a favor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, evidencia esta afirmación.
Desde luego, los matices son importantes. Afirmar que se comparte el modelo no significa restar valor a las recuperaciones de derechos o blanquear la responsabilidad del PP en los mayores ataques sufridos. No ha sido desdeñable lo que ha hecho el actual gobierno de coalición con la flexibilización del arraigo y en el compromiso por extender el sistema de acogida humanitaria, algo que se aprecia sin matices desde otros países de la UE sometidos a una ola reaccionaria y xenófoba sin procedentes. Pero seguimos sometidos a un enfoque en el que el Ministerio del Interior marca el rumbo, con la obsesión administrativista del control de la documentación. El marasmo burocrático hace perder recursos y la atención de lo esencial: la cohesión social y la consolidación de una ciudadanía integrada y activa.
Es necesario dar un giro completo a la política migratoria. Para empezar, en este momento se requiere valentía para dar pasos decisivos en lo que queda de legislatura, con la puesta en marcha de la iniciativa popular para la regularización y la aprobación de una nueva ley de asilo. Si se sigue obsesionado con los “papeles” como lo hace Marlaska, el eje del debate público será el que quiere la extrema derecha. La normativa debe simplificarse y hacerse más asequible el acceso a la residencia, para que los verdaderos objetivos de la acción pública sean el buen funcionamiento de los servicios públicos y una convivencia que debe construirse desde la participación activa de todas las personas.
Es posible una reacción. Es paradójico que los responsables de la degradación social, quienes han defendido con mayor fuerza las políticas de desmontaje de los servicios públicos, las privatizaciones y los recortes de libertades, son los que están encauzando buena parte del descontento. Nuestra Bandera, la revista de debate político y teórico del PCE, ha recogido en su número 266 un monográfico donde se analizan las actuales tendencias que están imponiéndose en el conjunto del planeta.
De nada sirve lamentarse. La manifestación desarrollada en Murcia, que ha contado con la participación de los máximos representantes del PCE e Izquierda Unida, demuestra que no cabe acomplejarse ante la deriva violenta de unos pocos y la complicidad cobarde de una extrema derecha que parece no tener techo. Está en juego el país en el que queremos vivir, el que tenemos que construir desde la mayoría social. Lo ocurrido muestra la importancia de la unidad popular, de la centralidad de la lucha obrera, del sindicalismo, de la reivindicación vecinal, de las mareas por los servicios públicos. Sin duda no será fácil, pero es el único camino.
