Como todos los años a finales de junio, coincidiendo con las actividades del día mundial de las personas refugiadas, se realiza un balance del desplazamiento forzado en el planeta. El número total de afectados por esta lacra alcanza ya los 123 millones, casi el doble de los que se contabilizaban una década atrás. La reciente agresión de Estados Unidos e Israel a Irán no hará más que empeorar este estado de cosas. El aumento de estas cifras corre paralelo con el de la xenofobia y el racismo, por lo que las políticas públicas cada vez están más condicionadas por la ola reaccionaria que estremece al mundo. En España, la culminación de la regularización postergada durante demasiados años y el abordaje de una nueva ley de asilo anuncian debates duros y ofensivas sin precedentes, en las que nos jugaremos mucho como país.
La mayoría de las personas desplazadas lo son en el interior de sus propios países. Sólo un tercio cruzó las fronteras y la mayoría se queda en países vecinos
Es importante recordar, frente a la retórica de los gobiernos de los países capitalistas enriquecidos a costa de la explotación del mundo, que la mayoría de las personas desplazadas lo son en el interior de sus propios países (tengamos en cuenta que Sudán, incluso después de la independencia del sur, tiene cuatro veces la extensión de España). Sólo un tercio de los afectados pudieron cruzar las fronteras internacionales, permaneciendo en países vecinos, la mayoría con una renta baja o media. De entre los países de renta alta sólo Alemania figura entre los cinco principales destinos de las personas refugiadas a nivel global, lista que completan Colombia, Irán, Turquía y Uganda. Esto evidencia, una vez más, una realidad global que no concuerda con la imagen que se ofrece de la misma.
La situación en la Unión Europea y España
La impresión de alarma que llevó a la inmigración a situarse como el principal problema para los españoles a finales de 2024 se basaba en una falsedad. Aunque la sucesión confusa de imágenes ofrecida por los medios de comunicación pudiera indicar lo contrario, el año pasado las llegadas por vías irregulares a la Unión Europea disminuyeron un 29 %. Es cierto que en España se incrementaron, principalmente por vía marítima a Canarias y Baleares. El aumento que se registró en esta última ruta fue de un 300 %, con toda probabilidad como consecuencia de la acción represiva en Túnez, convertido en el mejor gendarme de la UE, pero en números absolutos no representa un dato significativo. En el caso de Canarias una de cada siete personas llegadas fueron niñas, niños o adolescentes, la mayoría sin referentes familiares. La misma disparidad se ha producido con las solicitudes de protección internacional. Mientras en la UE se registró durante 2024 un descenso del 12 %, en España se produjo una ligera alza de un 2,5 %. Se trata pues de un incremento, muy impactante en lo que tiene que ver con las costas, entre otros motivos por la falta de previsión y de medios adecuados para la acogida, que hubiera podido ser gestionado sin grandes dificultades.
El perfil de las migraciones en España es muy mayoritariamente latinoamericano y la vía principal de entrada es la aeroportuaria. El repunte producido en Canarias se debe fundamentalmente a los nacionales de Mali, que pasó a ocupar el tercer puesto en el número de peticiones de asilo. Este país del Sahel está sumido en una situación humanitaria y de seguridad crítica tras la desastrosa aventura neocolonial de Francia. También aparece por primera vez entre las diez principales nacionalidades Mauritania, que, asolado por la crisis climática, suma ahora a su rol tradicional de país de tránsito y destino el de país de origen de desplazamientos migratorios.
En un contexto cada vez más difícil, con la presión de la derecha xenófoba, sólo la aplicación de medidas valientes permitirá recuperar la credibilidad de un proyecto de cambio social
El problema no son los flujos de refugiados y extranjeros, aunque puntualmente se produzcan situaciones de llegadas masivas. De hecho, si trazamos una comparativa entre los indicadores económicos y de empleo con los de las migraciones, concluiremos sin dificultad que su evolución positiva ha corrido en paralelo. El problema son las políticas públicas, el éxito creciente en la utilización por la derecha xenófoba de la inmigración como señuelo y la cobardía de los políticos más tradicionales. En este sentido, la UE siguió avanzando en una lógica que se aleja cada vez más de los derechos humanos, y que apuesta, en su lugar, por la retórica de la contención y las políticas de externalización. Desde luego, contrasta la respuesta oficial de Bruselas ante el genocidio en Palestina o la crisis en el Sahel con la adoptada para las personas procedentes de Ucrania, que un año más han visto prorrogada su protección temporal, aplicada de forma automática.
Retos pendientes de la agenda migratoria en España
¿Qué papel jugará España en este proceso? Aunque en Europa se habla de la excepción ibérica, las contradicciones son evidentes. La aprobación de un nuevo reglamento de extranjería, que ha entrado en vigor en mayo de 2025, ofrece luces y sombras. Por un lado, se flexibiliza la figura del arraigo para algunas personas en situación irregular, pero, por otro, se excluye del cómputo a quienes hayan sido solicitantes de asilo y posteriormente rechazados, empujándoles a permanecer al menos dos años en situación irregular. En este sentido, el impulso por el gobierno a la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización de personas migrantes, puede dar respuesta a las personas que se han quedado fuera.
La Unión Europea aprobó en 2024 el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un conjunto de medidas que, aunque mantiene la orientación restrictiva, tiene la suficiente ambigüedad para que los gobiernos diseñen sus políticas públicas con un amplio margen. La Comisión Europea lo tiene claro, cada vez con mayores cesiones a los gobiernos y los lobbies de la extrema derecha. ¿Qué hará nuestro país en este contexto? Se han anunciado la puesta en marcha de reformas legislativas como la aprobación de una nueva ley de asilo. El gobierno español tiene la oportunidad de aplicar el pacto de manera garantista salvaguardando derechos existentes y asegurando los mismos en los nuevos procedimientos que se pongan en marcha. La nueva ley de asilo marcará un antes y un después en los derechos humanos en España, donde todas las personas que se ven obligadas a huir de sus países tengan reconocidos sus derechos y puedan vivir con dignidad.
La nueva normativa debería reforzar la obligación de habilitar vías legales y seguras, como poder solicitar asilo en embajadas y consulados españoles para que las personas no tengan que arriesgar su vida
Entre otras medidas, la nueva normativa debería reforzar la obligación de habilitar vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados españoles, para que las personas no tengan que arriesgar su vida en el intento de obtener protección. Contamos con herramientas para que nadie se vea obligado a saltar vallas y para que nuestros mares no se sigan convirtiendo en gigantescas fosas comunes y evitar tragedias como las que vivimos hace unas semanas en El Hierro. En un contexto cada vez más difícil, con la presión de la derecha xenófoba, sólo la aplicación de medidas valientes permitirá recuperar la credibilidad de un proyecto de cambio social y movilizar a la mayoría de la sociedad contra los que utilizan el discurso del odio a la inmigración para encubrir sus intereses oligárquicos.
