Haití, la primera república negra del mundo y la única nación fruto de una revolución de esclavos triunfante, continúa siendo víctima de una violencia estructural que hunde sus raíces en siglos de saqueo, racismo e injerencia extranjera. La crisis que vive hoy no puede entenderse sin situarla en el marco de un sistema internacional que ha condenado sistemáticamente al pueblo haitiano por haber osado romper las cadenas de la esclavitud en 1804.
Lejos de haber sido una nación fallida por causas internas, Haití ha sido históricamente asfixiada por potencias que no toleraron su ejemplo emancipador. Desde la imposición de una deuda impagable a manos de Francia tras su independencia —una extorsión que hipotecó el futuro del país durante más de un siglo—, hasta las múltiples ocupaciones militares de Estados Unidos, la historia haitiana es la de un pueblo sometido a castigos por su deseo de soberanía.
En el presente, la inestabilidad política, el colapso institucional y la violencia generalizada son utilizados como justificación para nuevas formas de intervención. Las élites internacionales, lejos de abordar las causas estructurales del conflicto, insisten en recetas fallidas que imponen tutelas externas disfrazadas de “misiones de estabilización”. La reciente aprobación de una nueva intervención extranjera bajo el eufemismo de «misión de seguridad multilateral», liderada por Kenia pero promovida por Estados Unidos, prolonga esta lógica neocolonial.
Como denuncian movimientos sociales y organizaciones populares, la nueva injerencia no responde a las necesidades del pueblo haitiano,
sino a los intereses geopolíticos de la potencias que buscan controlar un territorio estratégico en el Caribe
Como denuncian movimientos sociales y organizaciones populares articuladas en ALBA Movimientos, se trata de una injerencia que no responde a las necesidades del pueblo haitiano, sino a los intereses geopolíticos de las potencias que buscan controlar un territorio estratégico en el Caribe. Ante un silencio casi unánime, es necesario que alcemos la voz exigiendo respeto a la soberanía haitiana y denunciando el silencio cómplice de los organismos internacionales ante las verdaderas causas de la crisis: el saqueo económico, la corrupción alimentada por las élites locales ligadas a intereses extranjeros, y la imposición de gobiernos títeres sin legitimidad popular.
Mientras tanto, el país enfrenta una situación humanitaria dramática. Más de 580.000 personas han sido desplazadas por la violencia, principalmente en Puerto Príncipe y Artibonite. Grupos armados controlan zonas enteras, aprovechando el vacío de poder generado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, sin que exista una respuesta estatal efectiva ni voluntad real por parte de la comunidad internacional de abordar las raíces del conflicto. Esta violencia afecta especialmente a las mujeres y a la infancia, y agrava una crisis alimentaria y sanitaria que golpea con dureza a los sectores más empobrecidos.
Las cárceles haitianas, según múltiples denuncias, también reflejan el colapso institucional: hacinamiento extremo, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Las condiciones son tan graves que incluso organismos internacionales han comenzado a expresar preocupación. Sin embargo, estas denuncias no se traducen en apoyo a procesos genuinos de justicia ni en respeto a la autodeterminación del pueblo haitiano, sino en más presión para aceptar intervenciones externas.
La relación entre Haití y República Dominicana también debe entenderse en este contexto. Aunque comparten la misma isla, las políticas del Estado dominicano han estado marcadas por el racismo y la exclusión. Las deportaciones masivas de haitianos y la negativa a reconocer derechos a miles de personas de ascendencia haitiana nacidas en suelo dominicano refuerzan una lógica de criminalización y negación de derechos, que también hunde sus raíces en la historia colonial y en el miedo al «contagio» de la revolución negra.
Frente a este panorama, la solidaridad con Haití debe asumir una perspectiva antiimperialista, antirracista y popular. No se trata de «ayudar» desde una lógica paternalista, sino de acompañar las luchas del pueblo haitiano por su soberanía, dignidad y autodeterminación. Los movimientos sociales del Sur Global tienen un papel fundamental en esta tarea: denunciar las intervenciones, exigir reparaciones históricas y apoyar las resistencias que, pese a todo, siguen vivas en los barrios, en el campo, en las organizaciones populares que trabajan por reconstruir el país desde abajo.
La historia de Haití no es solo la de la miseria, como pretende mostrarse en los medios dominantes. Es también la historia de una revolución luminosa, de una dignidad indoblegable y de una lucha constante por la libertad. Por eso, más que compasión, Haití merece justicia.
