El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha rectificado su primera propuesta de aumento de cuotas de los trabajadores autónomos tras las críticas de colectivos y formaciones progresistas. La nueva iniciativa, presentada este lunes en la mesa de diálogo social, rebaja sustancialmente los incrementos previstos y mantiene congeladas las cuotas de los autónomos con menores ingresos, en un intento por equilibrar justicia social y sostenibilidad del sistema.
De acuerdo con la nueva propuesta, las cuotas oscilarán entre los 200 y los 605 euros mensuales en 2026, en función de los ingresos. Los tres primeros tramos —los que agrupan a quienes ganan menos que el salario mínimo— permanecerán sin cambios. En los tramos superiores, los aumentos serán progresivos, con subidas de entre el 1% y el 2,5%, muy lejos del 35% inicial. Incluso en el tramo más alto, los autónomos que ganan más de 6.000 euros al mes verán su cuota subir un 2,5%, por debajo de la inflación, que se situó en el 3% en septiembre.
Elma Saiz ha destacado que la nueva propuesta “recoge todas las sensibilidades” y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los representantes de los colectivos de autónomos y de los grupos parlamentarios para sacar adelante una medida que deberá debatirse en el Congreso. Además, el Ministerio ha optado por abordar solo las cuotas de 2026, y no un periodo de tres años, como se había planteado inicialmente.
Críticas desde el ámbito progresista
La corrección del Gobierno no ha satisfecho plenamente a las organizaciones de autónomos más vinculadas al sindicalismo de clase. Desde UATAE, su secretaria general, María José Landaburu, ha calificado de “incomprensible e injusto” que se congelen las cuotas de los tramos más bajos en lugar de reducirlas, como defiende la organización. “Es el momento de proteger más a quienes menos ganan, no solo de no subirles la cuota”, ha subrayado.
Por su parte, UPTA, la organización de autónomos vinculada a UGT, lamenta que se haya “perdido una oportunidad importante para mejorar las pensiones futuras” del colectivo. Su presidente, Eduardo Abad, sostiene que una leve subida de las cotizaciones más bajas permitiría reforzar la protección social y avanzar hacia el modelo pactado en 2022, que fijó como meta que los autónomos coticen por sus ingresos reales antes de 2032.
Frente a ello, la patronal conservadora ATA, presidida por Lorenzo Amor, ha celebrado la marcha atrás del Ministerio, aunque rechaza también la nueva propuesta. ATA reclama “la equiparación de la protección social” de los autónomos con la de los asalariados, pero sin aumentar la cotización. Una posición que confunde derechos con deberes contributivos, pues la protección social de la Seguridad Social se basa precisamente en el principio de cotización solidaria.
Avances en protección social
El Ministerio de Seguridad Social no solo ha llevado a la mesa negociadora la cuestión de las cuotas, sino también un refuerzo de la acción protectora del sistema. Entre las medidas propuestas, destaca una reforma del cese de actividad —el llamado “paro de los autónomos”— para facilitar su acceso, después de que el 60% de las solicitudes sean rechazadas actualmente por las mutuas.
Asimismo, el departamento de Saiz propone ajustar el cálculo de la prestación por nacimiento y cuidado del menor a los últimos tres meses cotizados, con el objetivo de hacerla más justa y adaptada a los ingresos reales, y estudia mejoras en la protección por lactancia y por cuidado de menores con enfermedades graves.
Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de cotización más justo y solidario, en el que cada trabajador contribuya en función de sus ingresos reales, al tiempo que se refuerza la red de protección social que sustenta al Estado del bienestar.
El debate abierto en torno a las cuotas de los autónomos pone de relieve una cuestión clave: el equilibrio entre justicia fiscal, sostenibilidad del sistema y mejora de las condiciones de vida de quienes sostienen la economía con su trabajo diario. Frente a los discursos simplistas de la derecha, que reducen la cotización a un “impuesto”, la realidad es que la Seguridad Social es un pilar de redistribución y solidaridad, y su fortalecimiento es esencial para garantizar derechos y dignidad a toda la clase trabajadora.
